Los policías hondureños tienen licencia para matar, denunció ayer el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de este país, Ramón Custodio, mientras las autoridades buscan a cuatro uniformados implicados en el asesinato de dos universitarios.
"Hay un aparato organizado de poder en el cual los agentes de policía tiene licencia para robar, matar, extorsionar y no podemos hacer absolutamente nada, porque los mandos superiores practican la impunidad, encubrimiento y otros delitos", declaró Custodio al medio digital latribuna.hn.
A su juicio, el pueblo hondureño debe exigir la intervención inmediata de ese cuerpo contaminado y pedirle al Congreso Nacional, de forma exigente, reformar la Ley Orgánica de Policía y vuelva a instalar el Consejo Nacional de Seguridad Interior.
"Parece que ellos (los oficiales) fueran los dueños del país", consideró el comisionado, quien exigió al cuerpo policial entregar "un informe pormenorizado sobre qué se hicieron los rifles Galil, los Fal y los 300 mil proyectiles 5-56 que han desaparecido de sus depósitos de armas".
Asimismo criticó el hecho de que en "este país están más garantizados los derechos de los criminales, delincuentes y del crimen organizado que los de las personas honestas, y a esto hay que ponerle un punto final".
"Si el Presidente de la República (Porfirio Lobo) no lo hace, debemos nosotros exigirle que cumpla con su deber, la cuarta atribución presidencial exige el mantenimiento de orden interno y el orden implica la paz y seguridad de todos los hondureños", remarcó.
En consonancia con estas declaraciones, el presidente del Comité Nacional de los Derechos Humanos, Andrés Pavón, manifestó hace dos días que "las muertes extra legales son tantas y por las características se sabe que la Policía participa de manera cotidiana en cometer estos horrendos crímenes".
Según declaró Pavón al diario local La Tribuna, "los responsables han sido detenidos, llevados a los tribunales y puestos en depósitos en algunas unidades militares de donde se escapan y siguen recibiendo su cheque de salario".
Referido a la fuga de los oficiales implicados en la muerte de los estudiantes Rafael Alejandro Vargas y Carlos Pineda el pasado 22 de octubre, Pavón lo consideró un arreglo entre diferentes instituciones del Estado.
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