Por Ismael Moreno
La contradicción entre la “normalidad” conseguida tras el golpe de Estado y la violencia y la impunidad que arrastran al país a una sociedad fallida no se resolverá en las elecciones. Aunque así lo quieran quienes “dieron vuelta a la página” del golpe.
Quién podrá entender todos los vericuetos de la realidad hondureña… El mes de septiembre culminó con un Presidente Lobo firmando la adhesión de Honduras a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) liderada por Hugo Chávez, mientras colocaba a Leónidas Rosa Bautista como embajador permanente en la OEA. Fue contra Rosa contra quien se realizó una emblemática huelga de hambre de 38 días acusándolo de proteger corruptos mientras fungía como Fiscal General de la República. También nombró Lobo como nuevo Canciller a Arturo Corrales Álvarez, vocero y conductor de la comisión de diálogo que representaba al presidente de facto, Roberto Micheletti, en los meses más aciagos que siguieron al golpe de Estado. Cómo entenderlo...
“Pepe nos salió peor que Mel”
Mientras es acompañado de Corrales, personaje presente en todos los espacios de negociación que han existido en la última década, el Presidente Lobo Sosa dijo ante la Asamblea de la ONU que todos los problemas y violaciones a los derechos humanos se agudizaron en Honduras a raíz del golpe de Estado, hizo un llamado al reconocimiento de Palestina como nuevo Estado y proclamó que la lucha contra el narcotráfico no podrá ser exitosa si no se ataca su consumo en Estados Unidos. Los declaró así justamente cuando crece el rumor de que la intempestiva remoción del Ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, a comienzos de septiembre, tuvo que ver, al menos en parte, con el anuncio de que Álvarez había depurado a la Policía de oficiales vinculados a la supervisión del aterrizaje de narcoavionetas en diversos puntos del territorio hondureño.
Cómo entender esta contradictoria realidad hondureña… Mientras una encuesta de finales de septiembre realizada por el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), recoge la percepción altamente negativa que la gente tiene del gobierno, por considerar que beneficia a los ricos y deja en precariedad la vida de los pobres, al interior del gobernante Partido Nacional se elevan voces de dirigentes de extrema derecha que afirman que “Pepe Lobo ha traicionado al Partido Nacional y ha entregado el país en manos de los comunistas encabezados por Hugo Chávez”. Y concluyen: “Pepe ha salido peor que Mel”. Y mientras diversos sectores populares convocan a movilizaciones en la conflictiva zona del Aguán, demandando al gobierno que retire a los miles de efectivos militares que han convertido ese territorio en una zona de guerra, el ex-Presidente de facto, Roberto Micheletti, califica a Lobo Sosa de indeciso y tambaleante, lo acusa de favorecer a los comunistas y le lanza la solapada amenaza de que correrá la misma suerte que Mel.
El contexto hondureño que condicionó el primer semestre del año 2011 y que fue definiendo el rumbo del segundo semestre apunta a estas realidades, en paralelismos contradictorios. De seguir así las cosas, sería el mejor caldo de cultivo para avanzar hacia un futuro que fermente una sociedad fallida. Mientras todos los caminos políticos, desde los de la extrema derecha hasta los de la izquierda más dura, parecen apuntar a dirimir los conflictos en el terreno electoral, el país entero se sigue hundiendo en la inseguridad y la violencia, dominado por la ley del más fuerte.
El gran éxito de Lobo
Sorteando estas contradicciones, la administración de Porfirio Lobo Sosa ha logrado capitalizar a su favor los diversos efectos desencadenados tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Hoy, la iniciativa y la conducción del proceso político la tienen Lobo y los sectores que se aglutinan en torno a él. Con los acuerdos de Cartagena de Indias (mayo) y el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (julio), la administración de Lobo ha logrado la reinserción exitosa de Honduras en la comunidad internacional y ha logrado el pleno reconocimiento, hasta de aquellos gobiernos que habían sostenido un cuestionamiento escéptico a su régimen, nacido en el contexto de un golpe de Estado. La adhesión en estos últimos días a la CELAC confirma este dinamismo.
Los Acuerdos de Cartagena, firmados el 22 de mayo, representan, sin duda, la más coherente jugada en la búsqueda de la “normalidad” política. Con el pleno acuerdo del ex-Presidente Zelaya y del propio Lobo, y con la firma de dos líderes latinoamericanos que representan las corrientes confrontadas hoy en América Latina, los acuerdos no pudieron tener un mejor aval. Los sectores hondureños de derecha y de extrema derecha no podían dudar acuerdos acuerpados por el gobierno colombiano. Y la firma de Hugo Chávez no podía despertar sospecha alguna entre los líderes de la Resistencia.
Con los Acuerdos de Cartagena de Indias se sentaron las bases para el retorno triunfal al país de Zelaya, para el regreso exitoso de Honduras al seno de la OEA y para que salieran del congelador las ayudas y créditos que la comunidad internacional tenía retenidas mientras no se lograra una “normalización” del estado de cosas en Honduras. También para el reconocimiento legal del Frente Nacional de Resistencia Popular y para abrir la oportunidad de una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Todo el dinamismo que desataron los Acuerdos de Cartagena desembocó en una nueva coyuntura, centrada en el próximo proceso electoral. Toda la conflictividad y confrontación que se amasaron entre junio de 2009 y mayo de 2011 acabaron reducidas al campo de la disputa electoral. Ésa ha sido, sin duda, la mayor prueba de la exitosa administración de Lobo.
¿Qué buscaba este proceso, tan ágilmente conducido por un sector político hondureño, en alianza con un sector latinoamericano liderado por Colombia, México y Brasil? Que Honduras se normalizara en torno a un gobierno de “centro” aislando a los extremos, tanto a los de derecha como a los de izquierda.
Qué dijo el Informe de la Verdad
El informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), divulgado en el mes de julio, vino a dar un marco de estabilidad al proceso puesto en marcha tras los Acuerdos de Cartagena. El Informe reconoce que lo ocurrido el 28 de junio de 2009 fue un golpe de Estado, que la elección de Roberto Micheletti fue ilegal, y por tanto, se trató de un gobierno de facto. Que durante ese período de siete meses ocurrieron notables violaciones a los derechos humanos, promovidas y ejecutadas por las Fuerzas Armadas y la Policía. Y lo más notable: presenta más de 80 recomendaciones que tienen que ver con reformas que garanticen que no se repita un golpe de Estado, que recuperen la democracia y el Estado de Derecho, la vigencia y respeto de los derechos humanos, el ejercicio de la libertad de expresión y el enjuiciamiento y sanción a los violadores de los derechos humanos.
El Informe concluyó su investigación cuando el gobierno de Lobo comenzó y, por tanto, da legitimidad a lo que ha ocurrido después del 27 de enero de 2010. El gobierno de Lobo se comprometió a cumplir con las recomendaciones del Informe. Sin embargo, con la clausura de las funciones de la Comisión, a finales de agosto, las instituciones estatales no habían dado ni una sola señal de interés, menos de cumplimiento. Así, el Informe logró el objetivo que pretendieron sus impulsores: retornar la realidad hondureña a la “normalidad”, “dar vuelta a la página”. Y orientar al país hacia el terreno electoral.
Todo huele a campaña electoral
A partir del segundo semestre del año todo huele ya a campaña electoral. La línea del Partido Nacional que lidera Lobo Sosa se esfuerza en capitalizar a su favor el ambiente de “normalidad” y en trasladar ese logro al ungido del titular del Ejecutivo, el actual presidente del Congreso Nacional, mientras relega a un segundo plano, o incluso deja por fuera, a las fuerzas radicionalmente “oscuras” del partido, el sector de la extrema derecha encabezada por el ex-Presidente Rafael Leonardo Callejas. Hay quienes advierten ya de las presiones que comienzan a moverse desde esas fuerzas extremistas exigiéndole a Lobo que cambie de rumbo o hasta forzando a algún tipo de dimisión.
Por su parte, el Partido Liberal se afana en buscar un camino para organizar una propuesta coherente a partir de los pedazos a los que quedó reducido, especialmente a partir de los sucesos del 28 de junio de 2009. Mientras, el Frente Nacional de Resistencia Popular, convertido a partir de junio en Frente Amplio de Resistencia Popular (FARP) y a partir de finales de septiembre reconvertido en el Partido de la Resistencia Popular (PRP), bajo el indiscutible liderazgo de Zelaya, está dedicado a juntar las firmas que den formalidad institucional al instrumento político con el cual se presentará, eufórico, al proceso electoral que culminará el último domingo de noviembre de 2013.
La campaña electoral ha despertado la fiebre de diversas y nuevas opciones políticas, que reúnen a sectores que han sido parte del tradicionalismo político, pero que hoy, conscientes del deterioro de las maquinarias electorales del bipartidismo, han decidido explorar nuevas posibilidades. Así han nacido y florecen opciones como la que lanza la candidatura del responsable directo del golpe de Estado, Coronel Romeo Vásquez Velásquez. O como el Partido Anticorrupción, que lidera el excéntrico comentarista deportivo Salvador Nasralla, quien en apenas dos meses logró superar con creces los requisitos mínimos de firmas para la inscripción como partido político en el Tribunal Supremo Electoral.
La lógica de “dar vuelta a la página”
Tanto los Acuerdos de Cartagena, como el Informe de la CVR, lograron que Honduras “le diera vuelta a la página”. Logrado esto, los grupos económicos capitalizan a su favor la “normalidad” para lanzar sus radicales proyectos de más neoliberalismo. En mayo tuvieron la osadía de convocar a prominentes expositores multinacionales para lanzar el operativo económico “Honduras is open for business”, que no fue sino un modo de decir que la salida de la crisis hondureña no está en el capital nacional, mucho menos en la mediana y pequeña empresa, sino en entregarse en manos del capital transnacional. Además, el gran empresariado logró una alianza con los políticos para aprobar la legislación y los mecanismos de implementación de las llamadas “Regiones Especiales de Desarrollo” o “Ciudades Modelo”, un régimen económico bajo una legislación especial, extraña a la legislación nacional, que estaría vigente dentro de un determinado territorio de Honduras.
20 asesinatos diarios
La “normalidad” lograda transcurre en paralelo a la anormalidad de la otra Honduras, con sus escalofriantes y diarios datos de violencia y crueldad. Los informes de ONG dan cuenta que en Honduras hay un promedio de 20 personas asesinadas todos los días, lo que nos sitúa por encima de Guatemala y El Salvador. Un informe de finales del año 2010 originado en México daba cuenta de una lista de las diez ciudades más violentas del planeta. Tegucigalpa y San Pedro de Sula estaban entre las diez. Otro informe sitúa a Honduras junto a El Salvador y Guatemala como el triángulo de mayor inseguridad del planeta. De acuerdo al informe de un organismo de Estados Unidos, por la ruta hondureña circula un 90% de la cocaína que luego pasa por Guatemala y México para internarse en territorio estadounidense.
Mientras todo el espectro político, desde la extrema derecha hasta la militancia de la Resistencia, se organizan para participar en las elecciones primarias del próximo año y después en la contienda electoral de 2013, el ex-Ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, hizo pública la denuncia sobre avionetas que diariamente aterrizan en territorio hondureño transportando drogas, supervisadas por oficiales activos de la Policía. Mientras la izquierda se afana en lograr las firmas para cumplir con el requisito que se le exige para inscribir el Partido de la Resistencia Popular, los campesinos son constantemente asesinados en la zona del Aguán, víctimas de un conflicto que, de ser inicialmente agrario, se ha convertido ahora en una disputa territorial entre grupos campesinos, terratenientes agroindustriales, profesionales de la política y carteles del crimen organizado.
¿Quién será el siguiente?
Mientras la comunidad internacional y los diversos sectores políticos “dieron vuelta a la página” y desplazaron las confrontaciones al terreno electoral, periodistas y comunicadores sociales siguen en vilo preguntándose quién será la siguiente víctima. Quince de ellos han sido asesinados en dos años. El Informe de la CVR recomienda al gobierno una atención especial a las condiciones en que los comunicadores ejercen su labor y demandan reformas institucionales para democratizar el acceso a los medios de comunicación y al pleno ejercicio de la libertad de expresión. El gobierno ha dejado en los archivos estas recomendaciones. Porque todos sus esfuerzos se orientan a seguir construyendo estabilidad y “normalidad” hasta llegar con éxito a las elecciones.
¿Cuál es la explicación de tanta muerte de periodistas? Lo primero que hay que decir es que en estos asesinatos no pesan los motivos ideológicos o la específica posición política del periodista. No se mata a periodistas porque piensen de tal o cual manera, o porque militen en este o aquel partido u organización política. No se aprieta el gatillo contra un comunicador social porque sea de la Resistencia o porque haya apoyado el golpe de Estado, aunque no se excluye que en algunos casos el argumento político o ideológico haya sido uno de los móviles para acallar una voz.
Cada una de las muertes de los quince periodistas ocurridos desde el golpe de Estado reviste sus propias Características. Han muerto quienes eran muy afines a la Resistencia, pero han matado a periodistas que laboraban en medios muy comprometidos con el golpe. También han asesinado a comunicadores sociales que no se metían en nada directamente político. Cada muerte ha tenido su propia peculiaridad.
Y aquí es donde está lo más terrible de estas muertes. Basta que una persona, trabajando ante un micrófono o una computadora o una cámara, publique o divulgue una noticia que afecte a quien en la comunidad, el municipio o el departamento tenga poder, mucho dinero y mucha influencia para que la vida de quien dio la noticia esté en riesgo mortal. Y la amenaza mortal aumenta cuanto más alejada se encuentre esa persona de los mayores centros urbanos del país.
La Ley de los fuertes
Esto es así porque en comunidades, municipios y departamentos, la institucionalidad del Estado está tan aplastada que, en lo fundamental, avala fácilmente a quienes son fuertes porque tienen poder, dinero y otros privilegios. Esta situación los hace tan impunes que utilizan las instituciones del Estado para lo que se les antoje. Si en un municipio, a un comunicador social se le ocurre transmitir una noticia que afecta a una de esas personas o familias impunes, contratan a un par de matones para que eliminen a quien tuvo la osadía de mencionarlos en el medio local.
El Estado no sólo sabe esto, sino que las instituciones y sus funcionarios se convierten en escudo protector para que los hombres fuertes sean además inmunes y sigan actuando con plena impunidad. El asunto se agrava porque quien ejerce la ley del más fuerte en una comunidad o municipio sabe que, en cualquier caso, el Estado no lo tocará. Ante un jefe de la policía, un fiscal, un juez, el fuerte de la localidad goza de protección. Porque la buena relación con el más fuerte representa para los funcionarios públicos beneficios y prebendas económicas muy superiores a los salarios que devengan. Y quien ejerce la ley del más fuerte sabe a ciencia cierta que tiene las manos libres para actuar con plena impunidad porque el Estado, a lo sumo, podrá capturar y procesar a los matones que ejecutaron la acción, pero jamás tocará a quienes dieron la orden, porque ellos gozan de la protección del Estado. En última instancia, porque los fuertes de la localidad actúan como si fuesen el Estado mismo.
La mayor contradicción
Un ejemplo de la sustitución del Estado por la ley de los fuertes es lo que ocurrió en la ciudad de El Progreso, en el valle de Sula, en la costa norte, en junio de 2010. Lo relaté en la edición de Envío de julio de 2010, pero no es ocioso recordarlo. Conforme a numerosos testimonios oculares, incluyendo algunos del personal de Radio Progreso, Aldo Micheletti, un hijo de Roberto Micheletti, provocó un accidente de tránsito cerca de las instalaciones de la radio. Hubo al menos una víctima mortal y varios heridos. Las autoridades locales reorganizaron toda la información para demostrar ante la ley que la persona que conducía el automóvil que provocó el accidente no era el hijo del ex-Presidente de facto, garantizándole a quien se autoinculpó en su lugar un juicio breve y una sentencia favorable. En este caso, la ley del más fuerte establece que quienes sostenemos la versión original, somos mentirosos y quedamos expuestos a ser enjuiciados por quienes han torcido la ley. La ley del más fuerte no tiene fisuras: nadie tiene capacidad de hacer valer otra verdad que la oficial, porque la ley ya dio un veredicto inapelable a favor de quien en los hechos ejerce el poder en nombre del Estado.
En este contexto de alta precariedad y arbitrariedad institucional, las muertes de periodistas y comunicadores sociales, seguirán cubiertas por las sombras de la impunidad, porque la impunidad es lo propio de una sociedad que se sustenta en la ley del más fuerte. Hasta el sol de ahora, en todos los acuerdos se han tocado asuntos políticos. Y los diálogos que se han dado nos conducen a que dirimamos los problemas y divisiones en el terreno electoral. Mientras, la impunidad sigue intacta e intocable, porque nace de un íntimo contubernio entre el Estado y quienes ejercen la ley del más fuerte.
Esta contradicción entre la “normalidad” y la realidad de indefensión y sometimiento de la sociedad a la “ley de los más fuertes” contribuye en gran medida a hacer de Honduras una sociedad fallida y en estado de esquizofrenia política y social, subordinada toda la institucionalidad política y jurídica a los intereses y decisiones de quienes deciden desde un poder que les garantiza impunidad e inmunidad.
Los signos de una sociedad fallida
El problema hondureño no es en primer lugar político ni se puede resolver con elecciones. La crisis que se destapó con el golpe de Estado es el resultado de procesos continuados de acumulación de conflictos, que convirtieron a los partidos políticos y a la institucionalidad política, jurídica y económica en instrumentos obsoletos frente a las demandas sociales. No se puede resolver la crisis hondureña con las salidas de una política que ya ha caducado. La comunidad internacional equivocó el camino, aunque de momento parece que “estabilizó” el entuerto hondureño, que lo “normalizó”. Ha hecho lo mismo que hizo el golpe de Estado: postergar la solución y seguir acumulando conflictos.
El problema hondureño es actualmente de continuada supervivencia y de persistente inseguridad. Se expresa en signos que nos conducen hacia la instalación de una sociedad fallida. Y como continuará esta tendencia, el proceso electoral será un factor de cooptación de otros caminos alternativos, consiguiendo que la sociedad fallida siga conviviendo pacientemente con un Estado subordinado a quienes ejercenla ley de los más fuertes.
¿Quiénes harán la ruptura?
Los paralelismos contradictorios de la actual realidad hondureña harán que la parte más débil siga subordinada a la más fuerte, que la realidad política y la institucionalidad jurídica queden sometidas sin remedio a la realidad que de hecho gobierna el país: la violencia y la impunidad. Romper con esto es una necesidad política de primer orden. ¿Quiénes harán la ruptura? Es muy difícil que la emprendan los principales beneficiados de este caos, los grupos que para imponer sus propias leyes se escudan en la fragilidad institucional y en el miedo de la gente.
La ruptura comenzaría identificando y aislando a los sectores que sostienen y sacan ventajas del ambiente de impunidad y violencia, los que se agrupan en torno al crimen organizado y los que más cercanamente los respaldan y avalan: policías, jueces, fiscales y políticos y personajes de la gran empresa privada. Identificando y aislando a estos grupos se podrá avanzar hacia otras identificaciones.
¿Quiénes son los que más pierden hoy? Sin duda, quienes tienen muy poco que ver con las decisiones políticas que se toman y quienes más pierden con la inseguridad ciudadana, la violencia y el chantaje: las organizaciones comunitarias, populares, campesinas, las defensoras de derechos humanos, las étnicas, las de género y de juventud. La ruptura se ha de emprender desde una alianza de estas organizaciones, para desde ahí construir un camino que conduzca a una propuesta de pacto social que comprometa al gobierno, a los partidos políticos, y especialmente a los sectores políticos aglutinados en torno al Frente Nacional de Resistencia Nacional.
La lucha por un pacto social es un modo de situarse en ruptura con estas contradicciones. El pacto social propone y sugiere contenidos que descolocan a los sectores políticos de la realidad “normalizada”, al tiempo que sitúa la lucha popular en contenidos y demandas que resitúan la lucha política, no tanto en lo electoral, sino en lo histórico popular. Desde un marco así la participación electoral podría adquirir sentido.
La lucha por un pacto social deben liderarla los sectores sociales populares, en alianzas basadas en sus propios contenidos de lucha, en negociaciones con el gobierno y las élites políticas y económicas. Sólo así aislaremos a los sectores que controlan los hilos de violencia, la impunidad, sólo así perderán su poder los más fuertes.
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