¿Quién manda en Honduras?, se pregunta rectora Castellanos
“Lamentablemente he estado acudiendo a una exhibición, a un Estado que se desmorona, siento pena que los funcionarios no tomen las decisiones que tienen que tomar” dijo la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos ante las contraacusaciones entre fiscales y policías. “¿Quién manda en Honduras?”, se preguntó, luego de enterarse de la fuga de los cuatro miembros de la Policía que están incriminados en el asesinato de su hijo, Rafael Alejandro Vargas Castellanos y su amigo, Carlos Pineda Rodríguez.
Los presuntos asesinos de los dos jóvenes universitarios, se habrían fugado tras recibir un permiso de uno de sus superiores y ahora las propias autoridades del Ministerio de Seguridad, han demostrado su incapacidad para evitar la fuga pese a que el propio presidente Porfirio Lobo, le había prometido a la rectora universitaria que le garantizaba que se iba a hacer justicia con la muerte de su hijo y su amigo.
"A estos muchachos se les dio un permiso para que se presentaran hoy (domingo) al mediodía y aún no lo han hecho, y no sabemos todavía las circunstancias en la que se autorizó esa salida", dijo el portavoz de la Secretaría de Seguridad, Silvio Inestroza.
Pese a que desde el viernes por la noche, el propio Fiscal General, Luis Alberto Rubí, le había informado al presidente Lobo, que las pruebas de ADN practicadas en una de las patrullas del barrio La Granja habían dado positivas, no se sabe cómo es que se dio un permiso ese mismo día para que los incriminados salieran libres.
Tampoco se conocen las razones para que no haya presentado el requerimiento fiscal en contra de un oficial y tres policías de la escala básica, asignados a la posta del barrio la Granja en Comayagüela.
Esos hechos, han generado la indignación no sólo de la rectora Julieta Castellanos, sino de la sociedad hondureña que no encuentra una respuesta al problema de la inseguridad y la criminalidad que ahora se ha comprobado proviene, no sólo del crimen organizado sino del mismo cuerpo policial.
“Entonces en manos de quién estamos los hondureños”, es la pregunta que se hace la rectora universitaria quien ha manifestado su "indignación al presidente Porfirio Lobo", quien le había "prometido" que se aplicaría la ley contra los policías implicados en el crimen.
Los implicados son el subinspector Carlos Galeas Cruz y los policías Wilfredo Figueroa, Arnulfo Padilla y José Rubén Pozo, quienes el pasado día 22 habrían ultimado a los universitarios, Carlos Pineda Rodríguez y Rafael Alejandro Vargas Castellanos.
La rectora indicó que Lobo; el fiscal general del Estado, Luis Rubí, y el secretario de Seguridad, Pompeyo Bonilla, le "prometieron" que los cuatro policías involucrados en el crimen "no escaparían".
Además, el fiscal Rubí "desde el viernes pasado le informó al presidente Lobo que las pruebas de ADN recogidas de una de las patrullas de la Policía dieron positivo que se trata de la sangre de Rafael Alejandro", agregó.
Según investigaciones preliminares de la Dirección Nacional de Investigación Criminal y el Ministerio Público, hay elementos probatorios y testimonios que incriminan a los policías como autores del crimen.
La hipótesis que se maneja, es que Vargas Castellanos y Pineda Rodríguez eran perseguidos por una motocicleta policial y que no atendieron un retén, por lo que los agentes dispararon contra el vehículo en el que se conducían los universitarios.
Al parecer, las balas alcanzaron a herir a Vargas Castellanos y cuando los policías se dieron cuenta de lo ocurrido, terminaron matando a los dos estudiantes.
Los cuerpos sin vida de los jóvenes aparecieron en la periferia de la capital, mientras que el vehículo en que se conducían fue hallado en otro lugar.
Las autoridades de la Secretaría de Seguridad han reconocido que los policías están involucrados en el asesinato de los dos estudiantes y aún así les dieron permiso para salir de la posta policial donde estaban asignados.
Inestroza dijo que se desconoce el paradero de los cuatro policías implicados en el doble crimen, pero aseguró que se deducirán responsabilidades a quienes otorgaron permiso a los incriminados.
Añadió que los cuatro implicados estaban bajo el resguardo del jefe de la Policía Metropolitana de Tegucigalpa, Jorge Barralaga Hernández.
Agregó que la Policía Nacional hace las gestiones para que se emita una alerta migratoria para la captura de los cuatro miembros de la Policía.
La rectora de la Unah también repudió el hecho de que aún con las "pruebas científicas las autoridades han sido incapaces de presentar el requerimiento fiscal" contra los presuntos responsables de la muerte de los dos universitarios.
"¿Quién manda en el país?, ¿qué institución es la que toma las decisiones?", se preguntó Castellanos.
El asesinato de los universitarios ha avivado un movimiento en la Unah para exigir que el crimen se esclarezca, se haga justicia y cese la violencia contra los jóvenes.
El ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, dio orden a los altos mandos de la Policía Nacional para que se realice una investigación profunda de este caso, pero la pregunta sigue en el aire, porqué les dieron el permiso y porqué no se había presentado requerimiento fiscal como un primer paso para judicializar el crimen de los dos universitarios.
Fuente: http://www.proceso.hn/
“Qué pena da ver la calidad de funcionarios que dirigen este país”
Luego de la confrontación entre las autoridades policiales y el fiscal general del Estado, Luis Alberto Rubí, en el programa 30/30, la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, deploró la falta de decisión de las autoridades que no solo rigen el país a nivel de administración en general, sino de las fuerzas policiales y judiciales en todo su contexto.
Lo anterior, a raíz de la insólita noticia de la fuga de los principales sospechosos del crimen de su hijo Rafael Alejandro Vargas Castellanos (22), y el de su amigo Carlos David Pineda Rodríguez, de 23 años.
“¡Qué pena siento!… ¿Qué clase de autoridades hay en este país?… expresó Castellanos durante la intervención en el programa de televisión 30/30 de la Corporación Televicentro y ante los invitados Marco Tulio Palma y Danilo Orellana, ambos autoridades policiales, quienes se “excusaron” de haber “soltado” a los sospechosos por no contar con una orden de captura y no violarles el derecho de su día libre a los cuatro implicados.
Tengo información directa de este caso y quiero decirles que siento pena de ser ciudadana de este país por los funcionarios que son incapaces de tomar las decisiones que tienen que tomar, en ese sentido no hay excusa porque aún cuando no había requerimiento fiscal Asuntos Internos puede actuar de oficio”.
“No tenía Asuntos Internos por qué esperar un requerimiento fiscal para llevar una investigación donde estaban implicados policías que ya sabían quiénes eran”.
“Solamente puedo ratificar la pena que me da ver la calidad de funcionarios públicos que dirigen este país”, concluyó Castellanos.
El discurso de Julieta
Hoy hace ocho días, en este mismo espacio, condenamos el asesinato de los jóvenes Rafael Alejandro Castellanos y su amigo Carlos David.
A partir de aquél sábado doloroso sus nombres fueron mencionados en público y en privado por millares de personas en todo el planeta.
La Red de jóvenes contra la violencia motivada por el Cofadeh en 2008 y nuestras compañeras de trabajo han mencionado a Rafael como voluntario de esta organización.
Hemos mencionado su nombre en cada reunión, en los pasillos y hemos recordado que él levantaba las estadísticas de la violencia en nuestro centro de documentación. ¡Qué ironía!
Pero las menciones, como es obvio, no sirven para resucitar sus cuerpos pero sí para encender la luz de la reclamación pública por su memoria, por la verdad y la justicia.
Han transcurrido ocho días y bastan para entender que sus asesinos fueron quienes estaban obligados a protegerlos. Las evidencias muestran a forajidos uniformados como vulgares criminales matando la vida.
Ocho días de relámpagos del Presidente Porfirio Lobo tratando de controlar la tormenta que cae sobre una policía corrupta, violenta y criminal. Y un ejército cómplice y participante, con el que comparten las calles y las noches tenebrosas.
Ocho días para que la opinión pública confirme, de una vez, que con las muertes de estos jóvenes universitarios la policía debe ser la primera sospechosa en todas las muertes cometidas después del golpe salvaje del 28 de junio 2009, y el ejército también.
No hay más tiempo para dilaciones, entretenimientos mediáticos ni pantomimas políticas, hay que impedir que los escombros del Estado sean convertidos por sí mismos en la más brutal expresión del crimen organizado.
Como lo dijo la noche del pasado jueves la rectora de la Universidad Nacional, Julieta Castellanos, en medio de un acto estudiantil de solidaridad y de protesta con velas encendidas.
“Desde el día sábado cuando confirmamos que mi hijo Rafael Alejandro y su entrañable amigo Carlos David estaban en la morgue, supimos que estábamos ante la violencia institucional. Nuestra facultad de Ciencias Médicas con sus forenses y patólogos asumieron un rol trascendente en la investigación científica de la forma cómo estos jóvenes universitarios fueron asesinados.
Violencia institucional dijo Julieta. Y prosiguió: Yo dirigí el observatorio de la violencia y la Universidad aporta cifras semestrales de muertes violentas y cuando comencé este trabajo, eran 37 homicidios por cada 100 mil habitantes, esa es la cifra de 2004. El día de hoy la cifra es de 82 homicidios".
Julieta Castellanos decía, entre sollozos contenidos, que su hijo forma parte de esta nueva realidad violenta que espanta.
Y agregó en su discurso: cada vez que salía la información del observatorio nos reuníamos con las autoridades policiales y les decíamos dónde estaban los departamentos más violentos para que tuvieran información de primera calidad y tomaran decisiones.
La Universidad aporta conocimiento, pero a la autoridad le toca tomar las decisiones, y los niveles de violencia que el país tiene es responsabilidad de autoridades que no toman decisiones. No podemos culpar a nadie más, porque estas cifras el país puede revertirlas.
El primer mensaje directo que suscribimos con Julieta. La responsabilidad por esta barbarie es de las autoridades que no toman decisiones, ya sea por negligencia o por complicidad.
Me siento autorizada para hablar con propiedad –prosigue la rectora, la madre herida, la ciudadana violentada --porque dentro de mi trabajo que ejercí en Naciones Unidas cuando gocé de un permiso acompañé a jóvenes en riesgo social.
"Así que no estoy por primera vez hablando del tema, ni haciendo un acto porque sea mi hijo la víctima, sino que por años me he dedicado al estudio del tema".
"Desde la Universidad hemos tratado de construir un espacio de esperanza para la juventud, porque he sido profesora por más de 30 años en esta casa de estudios".
"Deseo tratar de que ustedes tengan una Universidad donde se sientan libres, donde nadie les arrebate sus ideales, porque la vida para ustedes es diferente a la generación que estudiamos en los 70.
Nosotros no teníamos teléfonos móviles ni computadoras, pero teníamos libertad y eso es lo que nosotros deseamos para ustedes", dijo a los estudiantes. "Mi generación soñó como ustedes sueñan y créanme que mis sueños no han cambiado y lo que he tratado de hacer es que desde la Universidad, ustedes cristalicen sus ideales".
"A qué me comprometo?, a que ustedes tengan una mejor Universidad y que todos podamos construir un mejor país. No es suficiente que sean honestos, que sean honrados, dedicados, estudiosos, es necesario que el país sea otro para que ustedes puedan avanzar".
Les agradezco imperecederamente este acto y nos comprometemos a hacer una propuesta con acciones de corto y mediano plazo, para que tomen decisiones los que tienen que tomar decisiones en este país.
"La Universidad construye conocimiento, genera información, ciencia, pero tenemos que hacer que los que toman decisiones en este país, no le den la espalda a los problemas. No se entretengan en acciones que solo maquillan los problemas. Los problemas se resuelven yendo al fondo y hay que construir esperanzas".
Hasta aquí el discurso de Julieta Castellanos, la rectora, la compañera en luto.
El que tenga oídos que oiga y los que tengan que actuar que actúen, de lo contrario este pueblo los aplastará con la justicia que hoy nos niegan…
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