El estallido de la crisis de la Policía Nacional Civil sacudió las entrañas mismas de la sociedad, luego que trascendió que muchos de sus miembros trabajan junto a la delincuencia organizada, y en vez de proteger a la población se convierten en verdugos de la población honrada.
Desde que la Policía pasó al poder civil hace 16 años, septiembre y octubre del presente año fueron los meses más difíciles a lo interno de la institución, al quedar al descubierto que entre sus miembros hay narcotraficantes, sicarios, asaltantes, asesinos, extorsionadores, secuestradores, roba carros, traficantes de armas y violadores de derechos humanos, de acuerdo a denuncias.
Entre septiembre y octubre, diferentes denuncias y acontecimientos delictivos de parte de oficiales y agentes fueron cometidos, lo que provocó la caída de un ministro, viceministros, un jefe policial y toda su cúpula; así como la desmovilización de un escuadrón policial y la creación de una institución para que vigile y destituya sin parcialidad a los uniformados corruptos.
Septiembre
La crisis policial inició el jueves uno de septiembre cuando el entonces el ministro de Seguridad, Oscar Alvarez, denunció que tenían una lista de oficiales y policías que estaban ligados al narcotráfico y que hacían labores de “controladores aéreos de narco avionetas”. Tras la denuncia de Alvarez, este ordenó con tono enérgico al jefe de la Policía de ese entonces, José Luis Muñoz Licona, “apretar a los subalternos porque si al oficial o jefe inmediato superior de un policía o jefe policial lo encontramos corrupto, al jefe inmediato también lo voy a acusar de omisión”.
Posteriormente, el 6 de septiembre, el ministro Alvarez presentó un anteproyecto de ley al Congreso Nacional para “obtener discrecionalidad, y poder sacar a un oficial o policía que se sospeche que está trabajando con el crimen organizado y que no pueda regresar a la Policía nunca más”, según dijo el ministro en esa oportunidad. Las amenazas del ministro Álvarez encendieron la alarma en la Policía, y extraoficialmente se conoció que a lo interior se gestaba una rebelión policial, ya que el funcionario insistía en la nueva ley “porque la actual me da muchas limitantes y es más fácil que saquen a un ministro que a un policía corrupto”.
Dos días después de las declaraciones antes descritas --el 10 de septiembre-- la población fue sorprendida cuando el presidente Porfirio Lobo Sosa anunció en cadena nacional que Oscar Alvarez; y los viceministros, Armando Calidonio y José Roberto Romero Luna estaban separados de los cargos “por no dar los resultados esperados en el combate a la criminalidad”.
Luego fue nombrado como nuevo ministro de Seguridad Pompeyo Bonilla, quien de inmediato cambió a todos lo mandos a nivel departamental que trabajaban con Alvarez y otras jefaturas como la Policía Metropolitana de San Pedro Sula y Tegucigalpa.
Detonante
Aparentemente todo marchaba en "normalidad" con las nuevas autoridades y los cambios policiales, hasta que la madrugada del sábado 22 de octubre, varios policías asesinaron a los estudiantes universitarios Rafael Alejandro Vargas Castellanos (22), hijo de la rectora Julieta Castellanos; y el amigo del primero Carlos David Pineda Rodríguez (24).
Tras la muerte de los jóvenes y la sospechosa lentitud de la Policía en agilizar las investigaciones, el Ministerio Público intervino el Distrito Policial 1-6 del barrio La Granja de Comayagüela al descubrir que los supuestos asesinos de los universitarios estaban en esa estación, por lo que el ministro Pompeyo Bonilla ordenó que no los dejara salir mientras no se aclarara el problema.
La chispa que desencadenó el descontento de la sociedad y que puso al tope la crisis policial, fue cuando se informó que los cuatro policías sospechosos del doble crimen habían huido, luego de obtener su fin de semana libre, lo que generó malestar en la población y en el propio presidente Lobo Sosa, quien inmediatamente separó del cargo al jefe de la Policía, Muñoz Licona; y a todos los mandos superiores.
Posteriormente decenas de instituciones y personas particulares denunciaron públicamente que desde lo interno de la Policía operan bandas de sicarios, roba carros, narcotraficantes, secuestradores, traficantes de armas y otros delitos ligados al crimen organizado y la delincuencia común, por lo que el Congreso Nacional prácticamente desmovilizó la Unidad de Asuntos Internos, que es manejada por la misma Policía, al crear otra institución investigativa independiente que estará a cargo de civiles.
Fiscalía acusa
Por su parte, la Fiscalía acusó a ocho policías por el asesinato de los dos universitarios, pero los cuatro principales sospechosos siguen prófugos y los otros cuatro guardan prisión en la Penitenciaria Nacional de Tamara, Francisco Morazán por disposición judicial.
Ante la ola de criminalidad en la que muchos policías han sometido a la población, la sociedad hondureña y la comunidad universitaria han demandado una pronta intervención y depuración de la Policía para investigar y encarcelar a los uniformados corruptos.
Presuntos asesinatos de Universitarios
Sub inspector Carlos Geovanny Galeas Cruz (23); los agentes Santos Arnulfo Padilla Rodríguez (28), Wilfredo Figueroa Velasquez (31); y José Rubén Pozzo López.
Datos relevantes
28 de octubre: El entonces jefe de la Policía Metropolitana Número 1, Jorge Alberto Barralaga Hernández, dio permiso de salida de fin de semana, a los presuntos homicidas de los universitarios, oportunidad que los uniformados aprovecharon para fugarse; el oficial está bajo investigación por este caso.
200 mil lempiras ofrece de recompensa la Secretaría de Seguridad, para que den información que permita capturar a los cuatro policías fugitivos.
175 policías aproximadamente fueron desmovilizados del Distrito Policial 1-6 del barrio La Granja, de Comayagüela, porque según denuncias, la mayoría cometió actos delincuenciales.
3 policías guardan prisión en la Penitenciaría Nacional de Tamara, Francisco Morazán, porque la semana anterior asaltaron a un niño vendedor de tortillas a quien le robaron 550 lempiras, producto de la venta.
l agente Víctor Manuel Zelaya Suazo, encargado de la bodega de la posta de Belén, está preso en la Penitenciaría Nacional por empeñar armas decomisadas y de reglamento.
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