Mientras los vaticinios del Banco Central (BCH) apuntan al continuado decaimiento de la economía, las mediciones sobre el índice de la pobreza en Honduras son todavía más alarmantes.
La presidenta del BCH, María Elena Mondragón, indica que “con la situación internacional, en este momento hay mucha incertidumbre y todas las proyecciones de crecimiento mundial que se han hecho han sido a la baja. O sea que ha existido una desaceleración de la economía a nivel mundial y eso tendrá una repercusión o impacto en economías como las nuestras”.
Por otro lado, y en parte como consecuencia de decisiones erróneas en la política económica de Estado, entre ellas el cambio de paridad fija a flotación en banda del lempira, la recaudación tributaria ha disminuido drásticamente en relación con 2010.
Este lamentable cuadro económico desvanece las expectativas de un mejoramiento para 2012, y, por el contrario, se advierte un incremento del índice de pobreza en nuestro país, de por sí muy elevado, lo que sin duda significa más violencia y criminalidad.
Esto nos muestra, además, que el problema básico de la violencia y la criminalidad anida en la pobreza, lo cual no podrá nunca resolverse oponiéndole a este tipo de violencia la violencia institucional, peor aún si esta última contribuye a formar el síndrome de la criminalidad organizada.
Según los últimos hallazgos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), a través de la Cuadragésima Primera Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples, hoy día el 62 por ciento de la población hondureña vive por debajo de la línea de pobreza.
O sea que 5.5 millones de hondureños, de los 8,2 millones del total de nuestra población, están en esa situación de pobreza, con el agravante que, de éstos, 3,8 millones sufren de pobreza extrema, pasan hambre y están en completa marginalidad social.
Estas cifras no nos dan, por supuesto, la dimensión completa de tan desoladora realidad, pues será necesario conocer las mediciones de la inequidad económica y social para acercarnos al conocimiento más preciso de esta situación.
Sin embargo, los datos del INE son reveladores, ya que nos indican que el 58,5 por ciento de los hogares en el sector urbano y el 65,2 de los hogares en el sector rural viven por debajo de la línea de pobreza.
Es muy importante tener esto en cuenta ahora que el gobierno —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— se dispone a reabrir el consabido expediente del diálogo a nivel nacional, esta vez sobre el tema de la seguridad, en base a los mecanismos de los organismos de seguridad del Estado, sin duda parte esencial de este problema.
Será interesante, entonces, ver lo que resulta de ese diálogo de superficie y cuáles son, al final, las providencias efectivas, reales, para enfrentar a la madre de la violencia y la criminalidad, que es, como lo advierten las investigaciones socioeconómicas, la pobreza en toda su dimensión.
Noviembre 15, 2011
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