Por Giorgio Trucchi
El ex ministro de la Presidencia de Manuel Zelaya, Enrique Flores Lanza, regresó al país junto con el ex presidente el 28 de mayo en el marco del Acuerdo de Cartagena. Se presentó espontáneamente en los juzgados para enfrentar las acusaciones de corrupción y malversación de fondos, presentadas por el Ministerio Público. Un juez le dictó arresto domiciliario y el pago de una fianza por 27 millones de lempiras (1.4 millones de dólares), con plazo de pago a treinta días que vence el próximo 15 de julio. Flores Lanza accedió a una entrevista en exclusiva con LINyM, para sentar su posición ante la que considera una estrategia para contrarrestar el proyecto político de la Resistencia.
- ¿Por qué considera que la decisión del juez Aguilar representa una violación del Acuerdo de Cartagena?
- Nosotros (los funcionarios del Gabinete de Zelaya) no pedimos impunidad, sino que venimos a Honduras con la frente en alto y con las manos limpias, a demostrar nuestra inocencia. Durante dos años, de manera cobarde, los medios de comunicación propiedad de los golpistas han hecho escarnio de nuestros nombres. Nosotros venimos a rendir cuentas.
El Acuerdo de Cartagena establece dos derechos para los funcionarios de Zelaya: que se nos permita defendernos en libertad y ejercer nuestros derechos políticos. Entramos en el marco del Acuerdo, nos presentamos voluntariamente a la justicia y ya se conoce lo que hicieron.
Hasta sabemos que la noche anterior a que se me impusieran estas arbitrarias medidas, hubo una reunión en el despacho del presidente de la Corte Suprema de Justicia en la que participaron varios políticos, incluyendo al presidente del Congreso Nacional, hombre de confianza de Porfirio Lobo.
Ahí se tomó la decisión de aplicar estas medidas inéditas y nunca vistas en Honduras. Los jueces que las ejecutaron son sicarios judiciales y cumplen órdenes de la oligarquía, que es la que en Honduras controla todo.
-En los días pasados la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, habría dicho que el Acuerdo de Cartagena no cubre casos de corrupción. ¿Habló del tema con los miembros de la Comisión de Verificación que llegaron al país para analizar el estado de cumplimiento del Acuerdo?
- El jueves 23 de junio me visitaron los miembros de la Comisión de Verificación. Les hice ver que era prematuro dar ese tipo de declaraciones antes de que los enviados pudieran darle algún tipo de información. El Acuerdo no habla de impunidad, sino que los funcionarios de Zelaya tienen el derecho a defenderse. Sólo eso es lo que estamos pidiendo que se cumpla.
- ¿Cuáles serían, entonces, los objetivos que están detrás de la que considera una maniobra judicial?
- Yo no soy nada más que una persona colocada en un momento histórico determinado. El FNRP y el mismo Manuel Zelaya entienden claramente cuál es el mensaje: contrarrestar nuestra propuesta para crear una fuerza política que termine con el bipartidismo en el país y que, durante los próximos 30 años, realice los cambios que este país necesita; su refundación.
La oligarquía no acepta este planteamiento y utiliza al sistema de justicia y los jueces como sicarios, para que se nos nieguen los derechos, garantías y los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Cartagena.
- ¿Qué papel está jugando Porfirio Lobo? ¿Tiene poder y autonomía para cumplir el Acuerdo de Cartagena o son otros los actores que controlan la situación?
- Porfirio Lobo ha sido y sigue siendo parte de la estructura que dio el golpe de Estado y que sirve a la oligarquía para mantener el control de ese país. Aún y cuando él trate de disfrazar la cosa, todos sabemos que está coludido con el aparato que dio el golpe.
- ¿Tiene responsabilidad en la decisión que tomó el poder judicial?
- Es evidente que es una política de Estado, una persecución sistemática a la oposición. Mientras los responsables del golpe, de la persecución, de los crímenes de lesa humanidad gozan de total impunidad, las víctimas y los opositores al régimen sufrimos una persecución judicial con fines políticos.
- Se ha denunciado una primera violación del Acuerdo de Cartagena por la persecución judicial en su contra. ¿La persistente violación de los derechos humanos podría ser una segunda violación de dicho Acuerdo?
- Muchas personas y periodistas me preguntan qué va a pasar dentro de 20 días y si voy a ir a prisión. Esa no es la pregunta. La pregunta es cuáles van a ser las consecuencias de este gesto. Va a quedar evidenciada la doble moral (del gobierno): por un lado firma el Acuerdo para regresar a la OEA y tener acceso al financiamiento de la cooperación internacional y por el otro, no está dispuesto a cumplir los compromisos.
Al final los países de la comunidad internacional le van a dar la razón a Ecuador, cuando nos dijo que no podíamos confiar en un régimen surgido de un golpe de Estado. A nivel interno va a polarizar las contradicciones y profundizar la polarización.
- ¿Pero podemos hablar de otra violación al Acuerdo de Cartagena?
- No hablamos de otra violación, sino que es algo que va a terminar con el proceso de reconciliación, que era el objetivo del Acuerdo de Cartagena. ¿Cómo podemos seguir confiando si hay una clara violación, falta de interés y de voluntad política para cumplir el Acuerdo?
- ¿De verdad esperaban algo diferente de sectores que ya, en diferentes ocasiones, han demostrado no cumplir con lo que firman y prometen?
- Sinceramente sabíamos que entrábamos a una situación adversa, pero no pensábamos que lo iban a hacer de una manera tan burda, grosera y tan violatoria de los más elementales principios de defensa para los ciudadanos. Tuvimos que asumir este riesgo porque era el momento histórico en el cual el presidente Zelaya iba a entrar al país, para asumir la conducción de esta lucha en la cual el pueblo hondureño ha demostrado ser heroico, exigiendo libertad y justicia.
- ¿Van a tener que ceder algo para que se acabe la represión? Es decir, ¿Estamos en medio de una negociación con los sectores golpistas?
- Con el presidente Zelaya hemos venido a contribuir a darle soluciones a esta crisis que se generó con el golpe. No obstante, nuestro compromiso es con el pueblo y no existirá ninguna negociación que vaya a afectar los intereses del pueblo hondureño.
Sabemos que nuestra propuesta política incomoda a varios sectores y que van a reaccionar, tanto de manera legal y pacífica como también de manera ilegitima y violenta. Estamos conscientes de eso y dispuestos a enfrentarlo.
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