En el Juzgado de Letras Seccional de Choluteca se realizó este 15 de julio audiencia inicial contra los militares Reynaldo Andino Flores, José Santos Ortéz y Álvaro Reyes López, quienes eran jefes de tres batallones en la década de los 80, donde fueron víctima de tortura siete ciudadanos de origen hondureño y nicaragüense.
El 19 de abril de 1988, personas de civil detuvieron de forma ilegal a los ciudadanos Francisco Javier Ruiz, Luis O´hará, Javier Sánchez, Marcos Chévez, Juan Bautista Valladares, Ramón Alfredo Vetando y Nelson Antonio Rodríguez Sánchez, quienes fueron sometidos a interrogatorios con prácticas de tortura, permaneciendo además incomunicados por espacio de 11 meses.
Después les trasladaron a las celdas de la Dirección de Nacional de Investigación (DNI) y posteriormente a los cuarteles militares Cuarto Batallón de Infantería, Segundo Batallón y a la 101 Brigada Militar, esta última ubicada en la Ciudad de Choluteca, en la zona Sur del país.
Ahí los siete hombres permanecieron incomunicados y torturados por 11 meses y sin pertenecer a ningún cuerpo militar llevados ante el fuero militar donde les celebraron un juicio por el delito de deserción y traición a la patria, en entre otros delitos, para que posteriormente se les decretara una carta de libertad definitiva.
Durante 23 años las víctimas de tortura han estado luchando por justicia, soportando su dolor y sufrimiento.
Este 15 de julio será una fecha histórica para los afectados y en el caso de que se aplique correctamente la Ley, las víctimas y sus familiares verán la justicia.
En este caso, la Fiscalía de Derechos Humanos ha podido acreditar la existencia del delito y la identificación de los responsables, pero las víctimas temen que haya injerencia militar en el fallo que emita el Juez A-Quo (Juez de primera instancia).
La preocupación se deriva cuando en los últimos meses han sido llevado a juicio por violaciones a los derechos humanos a varios militares y altos jefes, sin embargo los y las afectadas han visto como los encausados se les decretó sobreseimiento definitivo, liberándolos de responsabilidad.
Las víctimas y sus familiares exigen un juicio imparcial y objetivo, donde se pueda obtener un fallo apegado a derecho.
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