Comenzó a ejecutarse en el segundo trimestre del año 2010. El proyecto denominado “Bono 10 mil”, tiene un costo de 6 mil millones de lempiras, equivalentes a 31.58 millones de dólares, y de acuerdo al gobierno de Porfirio Lobo Sosa, se beneficiará a 600 mil hogares en extrema pobreza.
La promesa de campaña que en su momento hizo Lobo Sosa, es actualmente desarrollada a través del Programa de Asignación Familiar (PRAF). Está concebido y se promociona para reducir la pobreza en Honduras, y condiciona el cumplimiento de obligaciones en los sectores de salud y educación para los hijos de las familias beneficiarias. No obstante, excluye procesos de capacitación de los padres como base de producción y generación de ingresos al momento que dejen de recibir el beneficio.
Para conocer la realidad en la aplicación del proyecto, Revistazo.com se desplazó a diversas comunidades localizadas en los departamentos de Copan, Ocotepeque, Lempira y Santa Bárbara donde pudo comprobar discordancia en las opiniones relacionadas con el proceso de entrega del bono 10 mil.
En el campo se destacan situaciones que se suscitan producto de la desactualización del censo. Las y los pobladores de algunas comunidades con extrema necesidad, denuncian la exclusión del sistema, contexto que provoca insatisfacción hasta en algunas autoridades como loa alcaldes de las municipales de San Manuel Colohete y Gracias en el departamento de lempira, Concepción Ocotepeque, Copan Ruinas y Azacualpa Santa Bárbara, quienes manifestaron su inconformidad por utilizarse en la entrega del bono un censo elaborado en el gobierno de Manuel Zelaya, el que a su juicio solo beneficia a hogares de filiación liberal.
No obstante a las opiniones de los pobladores y de sus autoridades, los representantes del Programa de Asignación Familiar, afirman que el censo cuenta con la credibilidad de los organismos financieros internacionales y que el desarrollo del proceso sigue los pasos establecidos en el respectivo reglamento. Mientras que los representantes de los organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) coinciden con el PRAF en defender un programa que afirman, asegura la efectividad en la reducción de la pobreza y en la promoción del capital humano.
Bono costará a hondureños y hondureñas 6 mil millones de lempiras
Para el año 2010, el gobierno dijo que se trazó como meta atender a 150 mil hogares; para el próximo otros 150 mil hasta completar las 600 mil en los cuatro años de mandato.
El proyecto Bono 10 mil tendrá un costo total de 6 mil millones de lempiras ejecutados en los cuatros años del presente gobierno; será financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), prestamos que junto a los intereses devengados tendrán que ser cancelados con los impuestos que dé el pueblo hondureño.
El Gobierno de la República afirma que tiene como primer objetivo dentro de la Visión de País, contar con una Honduras sin pobreza extrema, educada, sana y con sistemas de previsión social. Es por esa razón que ha creado por Decreto Ejecutivo el programa de Bono 10 mil.
El Programa Bono 10 mil fue inaugurado por Lobo, el 23 de marzo de 2010 en el municipio de Camasca, departamento de Intibucá. De acuerdo con las estadísticas que maneja el Programa de Asignación Familiar, en el año 2010, 161 mil familias fueron beneficiadas con el bono 10 Mil, mientras que en el 2011 se espera sean favorecidas 225 mil hogares.
El Programa creado mediante Decreto Ejecutivo No. PCM -010-2010 del 13 de abril de 2010 y publicado en el diario oficial “La Gaceta”, el 14 de mayo de ese año, es cofinanciado por BID con 75,millones de dólares, el Banco Mundial con 40 millones, el BCIE 150 millones de dólares, según Convenios suscritos.
Los beneficiarios del bono 10 mil, en la teoría
Concebido como un proyecto presidencial de salud, educación y nutrición, el Bono diez mil, está siendo co-ejecutado por el Programa de Asignación Familiar (PRAF). En teoría, tiene como objetivo principal la generación de capital humano a través del desarrollo de las capacidades en educación, salud y nutrición de las familias en extrema pobreza, mediante la entrega de transferencias monetarias condicionadas al cumplimiento de las corresponsabilidades.
De acuerdo a su formulación, el proyecto tiene como fin contribuir a la ruptura del ciclo inter-generacional de la pobreza a través de la creación de oportunidades, desarrollo de capacidades y competencias en la educación, la salud y la nutrición de las familias beneficiarias. El programa también contempla alianzas con otros proyectos sociales que fomenten el empleo, el ingreso y el ahorro con propósitos de impulsar y fortalecer las capacidades para elevar su nivel de vida.
La entrega del bono debe hacerse de manera trimestral a través de la red bancaria de cobertura nacional y en forma directa al titular principal de la familia beneficiaria, siempre y cuando cumpla con su corresponsabilidad en salud y/o educación, que consiste en el cumplimiento, por parte de los padres y madres de familia, de los programas de vacunación de la Secretaría de Salud Pública y que los niños en edad escolar estén matriculados en un centro educativo público formal o no formal cumpliendo como mínimo con el 80 por ciento de las clases servidas.
Las familias que solo cumplan con uno de los componentes, tendrán derecho a recibir el 50 por ciento del beneficio social. El programa también abarca a las mujeres embarazadas que reciban control de embarazo en el sistema sanitario nacional.
Deben conformarse Comités Escolares Comunitarios
Para garantizar la participación ciudadana en su desarrollo, el proyecto contempla la conformación de los Comités Escolares Comunitarios en todas las localidades donde el Programa tiene cobertura.
Los Comités deberán estar integrados por representes de los sectores educación y salud al nivel local, miembros de patronatos, de juntas de agua, organizaciones étnicas, iglesias, Ong con presencia permanente y autoridades municipales, entre otros.
Para la Gerente de Operaciones del PRAF, Claudia Flores, los Comités Escolares Comunitarios son los únicos que tienen la facultad para depurar los censos que existen y que sirven de base para la entrega del bono. Afirma que solo ellos pueden borrar o incorporar a los beneficiarios.
La organización comunitaria también es la responsable de la auditoria social en el nivel local para garantizar la transparencia en el Programa, coordina con las instancias regionales o nacionales, brinda apoyo para que las familias cumplan con sus corresponsabilidades e identifica los hogares aptos para ser beneficiarios del Programa.
Si existe algo que rescatar en el proceso de entrega del bono 10 mil es el desplazamiento que sufrieron los activistas políticos. “Los alcaldes no tienen facultad para borrar o incorporar a nadie, porque para eso existen los comités escolares comunitarios”, afirmó la gerente de operaciones del PRAF.
¿Quiénes deben ser los beneficiarios?
El Bono 10 Mil, considerado por el gobierno como una forma para mejorar las condiciones de vida en las comunidades beneficiadas, prioriza su atención en las aldeas y caseríos con características de extrema pobreza y con facilidad de acceso a la atención de los servicios de salud y/o educación. Para certificar las corresponsabilidades establecidas en el Reglamento del Proyecto, el gobierno basó su primera aplicación en el censo realizado en el año 2006.
Como requisito para ser beneficiario, el proyecto contempla que las familias focalizadas deben cumplir con los respectivos componentes de salud y educación, basados en los programas de vacunación, asistencia a clases en los centros educativos y en el caso de las mujeres embarazadas y puérperas, llevar a la práctica todos los controles pre y post natales contemplados por la Secretaría de Salud Pública.
El proyecto también exige que el sistema educativo nacional establezca políticas de fomento a la matrícula, permanencia y asistencia regular durante el año lectivo, dándole prioridad a las niñas, niños y adolescentes comprendidos entre los 6 y los 18 años de edad incorporados al sistema escolar básico, que vivan en condiciones de extrema pobreza. No obstante, la gerente de operaciones del PRAF, asegura que solo se beneficia a niños y jóvenes matriculados en las escuelas primarias y con edades hasta 14 años.
De igual manera el programa obliga a la Secretaría de Salud Pública a garantizar los recursos humanos y financieros necesarios para la entrega de micronutrientes a los niños y niñas comprendidas entre 0 y 5 años de edad y a las mujeres embarazadas. Esto, con el fin de mejorar los indicadores de salud, prevenir enfermedades y avalar una nutrición adecuada.
Los Beneficiarios del Programa son los miembros de los hogares de las aldeas y barrios seleccionados, que cumplen con los criterios de elegibilidad y que a través de su titular aceptaron los compromisos con el Programa. El titular del hogar es preferentemente la madre de familia.
Para conocer de cerca el sentir y pensar de los ciudadanos y autoridades de algunos de los municipios seleccionados como beneficiarios del proyecto del Bono 10 Mil, Revistazo.com visitó al azar algunas comunidades localizadas en los occidentales departamentos de Ocotepeque, Lempira, Copán y Santa Bárbara, donde se obtuvieron opiniones encontradas, mismas que daremos a conocer en la siguiente entrega.
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