Por Víctor Manuel Ramos
La Comisión de la Verdad y de la Reconciliación, nombrada por el Ejecutivo en cumplimiento de uno de los compromisos del pisoteado Acuerdo de San José, ha dado su informe. El informe dice mucho y poco. Esto parecer contradictorio pero en verdad no lo es, porque, no cabe la menor duda que, por lo que se ha colado a los medios de información, los comisionados han dicho verdades a medias y, de alguna manera, han acomodado sus afirmaciones de tal suerte que no causen prurito entre quienes fueron los actores intelectuales y materiales del golpe de Estado militar del 28 de junio de 2009 en contra del Presidente Zelaya.
En base a esta ambigüedad con que tratan los asuntos encomendados a esta Comisión para establecer, de verdad, la verdad de los hechos con el fin de buscar la reconciliación nacional, sin que esto signifique impunidad ni olvido, han partido de un concepto evanescente de la figura de golpe de Estado: para el señor Stein esto es irrelevante definir el fenómeno y no le concede naturaliza jurídica sino que política, a pesar de que, todos sabemos que un golpe de Estado es la ruptura del orden constitucional mediante el uso de la fuerza o la violación de los principios constitucionales en que se basa la legitimidad de los tres poderes del Estado.
Para los comisionados hubo solamente un golpe al Ejecutivo y consideran que los otros dos poderes del Estado quedaron intactos y que tal situación legitima la continuidad del orden constitucional, a pesar de que tanto el Poder Judicial como el Legislativo y parte del Ejecutivo actuaron al margen de la ley: los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, emitiendo una orden de captura a posteriori de los acontecimientos que llevaron al asalto de la vivienda del Presidente Zelaya, a quien capturaron como a un vulgar delincuente y los enviaron al exilio, pasando por Palmerola, para pedir el consentimiento de los gringos; los diputados del Congreso Nacional, actuando precipitadamente, como consecuencia de los hechos consumados, aceptan una falsa renuncia, censuran al Presidente de la República y lo destituyen, sin tener esa responsabilidad constitucional, y escogen a un sucesor, llamando a este desaguisado con el eufemismo de Sucesión constitucional.
Por su parte los militares, subordinados del Presidente –obedientes, apolíticos y no deliberantes- ejecutan una orden de captura en contra de su Comandante, que por confesiones del Jefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vásquez Velázquez, era una orden de ajusticiamiento, y los envían al exilio violentando la jerarquía y los derechos que la constitución de concede a José Manuel Zelaya en su condición de Presidente Constitucional y de simple ciudadano.
De todo esto se deduce una verdad monda y lironda: que los magistrados de la Corte Suprema, que los diputados del Congreso Nacional y que la alta jerarquía de las Fuerzas Armadas violentaron la ley y se burlaron de la voluntad popular que escogió libremente, en las urnas, a Zelaya como su Presidente por un período de cuatro años, es decir, para hablar más claro que como canta un gallo; que cometieron delitos y de deben ser sometidos ajuicio por la justicia. Sin embargo, la Corte Suprema, qué pena, sigue integrada por los mismos magistrados que violentaron la Constitución que juraron cumplir y hacer cumplir.
Los otros asuntos que la comisión no desentrañó a profundidad y que impiden la cicatrización de heridas en las masas populares opuestas al golpe de Estado militar son el señalamiento de las múltiples violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen de facto; los asesinatos no esclarecidos ni juzgados, el asalto y destrucción de medios de comunicación opuestos al golpe, la persecución de los ciudadanos por sus opiniones políticas, los actos de corrupción protagonizados por los usurpadores de la legalidad, el exilio para varios conciudadanos, …
Hay, por fortuna, otra Comisión de la Verdad. Otra Comisión que no andará con medias tintas y que pondrá los puntos sobre las íes, señalando con su dedo a los violadores de la Constitución, a los usurpadores de la voluntad del pueblo, a los responsables de las torturas, la persecución, el maltrato a los ciudadanos por el simple hecho de manifestarse pacíficamente, los asesinatos, el atropello a los medios de comunicación opuestos al golpe, el saqueo de las arcas públicas y muchas cosas más. Si, porque quienes están dentro de esta Comisión de la verdad responden a las aspiraciones del pueblo y no de un grupúsculo que quiso lavarse las manos y evadir responsabilidades mediante un informe de mentirijillas y de verdades a medias. Una Comisión que tiene el compromiso de decir la verdadera verdad, la única porque no puede haber dos. Con los resultados de esa investigación es que el pueblo se armará para pedir justicia definitiva, aquí o en las instancias internacionales. Por que solo mediante la aplicación de la justicia a los culpables podrá haber verdad y reconciliación. Y eso vendrá a partir de noviembre próximo.
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