Aunque es cierto que en los asesinatos de comunicadores sociales no priman las razones ideológicas o políticas expresas, todas esas muertes las podemos situar en un contexto que tiene de base un patrón común: Una institucionalidad del Estado que se sustenta en la ley del más fuerte.
Cada una de las muerte de las quince que han ocurrido desde el golpe de Estado, reviste sus propias características. Las ha habido muertes de periodistas o comunicadores sociales que eran muy afines a la resistencia; han matado a periodistas que laboraban en medios muy comprometidos con el golpe de Estado; han asesinado a comunicadores sociales que no se metían en nada directamente político. Es decir, cada muerte tiene su propia peculiaridad.
Y aquí es donde está lo terrible de esas muertes. Basta que una persona, puesta delante de un micrófono o de una computadora o de una cámara, publique o divulgue una noticia que afecte a quien en la comunidad, el municipio o el departamento tenga poder, mucho dinero y mucha influencia para que la vida de quien dio la noticia se ponga bajo riesgo mortal. Y cuanto más alejada se encuentre esta persona de los mayores centros urbanos del país, la amenaza mortal aumenta.
Esto es así porque en las comunidades, municipios y departamentos, la institucionalidad del Estado se encuentra tan aplastada que en lo fundamental es fácil presa para que la misma avale a quienes son fuertes porque tienen poder, dinero y otros privilegios. Esta situación los hace tan grandes e impunes que utilizan las instituciones del Estado para lo que se les antoja. Si en un municipio, a un comunicador social se le ocurre transmitir una noticia que afecte a una de estas personas o familias, entonces estas personas fácilmente deciden contratar un par de matones para eliminar a quien tuvo la osadía de mencionarlo en la radio o en el medio local. El Estado no solo sabe esto, sino que las instituciones y sus funcionarios se convierten en barrera protectora para que los fuertes sean además inmunes y actúen con plena impunidad.
El asunto se agrava porque quien ejerce la ley del más fuerte en una comunidad o municipio, sabe que en cualquier caso el Estado no lo tocará. Ante un jefe de la policía, un fiscal, un juez, el fuerte de la localidad goza de protección. La relación con el más fuerte representa para los funcionarios públicos beneficios y prebendas económicas muy superiores a los salarios devengados. Y quien ejerce la ley del más fuerte sabe a ciencia cierta que tiene las manos libres para actuar con la plena impunidad porque el Estado, a lo sumo, podrá capturar y procesar a quienes ejecutaron la acción, pero jamás tocará a quienes dieron la orden, porque ellos gozan de la protección del Estado, y en última instancia los fuertes de una localidad actúan y ejercen como si fuesen el Estado mismo.
En este contexto de alta precariedad y arbitrariedad institucional, las muertes de periodistas y comunicadores sociales, seguirán en la sombra de la impunidad, porque la impunidad es lo propio de una sociedad que se sustenta bajo la ley del más fuerte. Hasta el sol de ahora, en los acuerdos se han tocado asuntos políticos, y los diálogos nos están conduciendo a que dirimamos las asperezas y divisiones en el terreno político electoral. Pero la impunidad sigue intacta y es intocable, porque se trata de un íntimo contubernio entre el Estado y quienes ejercen la ley del más fuerte.
Así queda explicado entonces porqué la labor de los comunicadores sociales se constituye en la más peligrosa de todas las tareas hondureñas. Y para no andarnos por las ramas, lo decimos de un porrazo: las muertes de los periodistas y comunicadores sociales representan la expresión más acabada de lo que en la Honduras de hoy podemos llamar crímenes políticos.
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