Bertha Oliva, coordinadora del Cofadeh
Por Raúl Fitipaldi
Cualquier conversación sobre los Derechos Humanos en Honduras es un tema que no se cierra nunca. La herida abierta por el Golpe de Estado y perpetrado el 28 de junio de 2011 por el trío Oligarquía–Militares-Estados Unidos está sangrando y recorre Nuestra América, de norte a sur. No sólo los 18 departamentos territoriales de Honduras, ni su Departamento 19 (así se llama a los hondureños en el exterior), como ningún habitante del continente de Morazán, Bolívar y Artigas, puede haber sentido paz con esta agresión, basada en un estilo de intervención que parecía sepultado a mediados de los años 80 en la región.
Dos días antes del asesinato de otro comunicador social, Nery Geremías Orellana (26), el 14º asesinado desde el Golpe y su “continuidad institucional”, gerente de Radio Joconguera de Calendaria cerca de la frontera hondureña con El Salvador, nos reunimos, vía internet, con Bertha Oliva, revitalizando el ya antiguo puente virtual entre Honduras y Florianópolis, Brasil.
Hablar con la señora Bertha Oliva (55), fundadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) es indudablemente una experiencia de paz, de amor por el pueblo, de ahínco por la verdad y de constante recuerdo y homenaje a las víctimas pasadas y actuales de todos los golpes que ha vivido la historia de Honduras. Bertha Oliva de Nativí, madre de dos hijos, inició su camino hacia la justicia homenajeando a su esposo, detenido y desaparecido en 1981, bajo el ejercicio presidencial de Policarpo Paz García. Su esposo era el dirigente político Tomás Nativí del que declaró en otra entrevista: “Era un revolucionario que soñó con niños, pan y escuela. Un día sus sueños se harán realidad, pero todavía nuestro país sigue siendo una república alquilada y usada”.
Esforzándose para que siempre la tuviéramos en el centro de nuestra pantalla (durante 50 minutos), a partir da la pequeña cámara web de la computadora del colega Ronnie Huete, Bertha Oliva nos recibió en el COFADEH. Desde allí nos dijo lo que sigue a respecto del informe de la Comisión de la Verdad oficial (Detalles del informe, abajo, en anexo) y sobre otros aspectos de Honduras a más de dos años del Golpe de Estado Cívico Militar que impuso al dictador Roberto Micheleltti Bain (68) como “presidente” de la nación de Lempira:
- Desacato: ¿Cuáles son sus conclusiones sobre el informe de la Comisión Stein?
- B.Oliva: El informe de la Comisión de la Verdad, patrocinada por el gobierno, fortalece la impunidad. De hecho, no podíamos esperar otra cosa. Es un informe que me genera preocupación.
- Desacato: ¿Cuál es el perfil de José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, en este tema?
- B.Oliva: El señor Insulza es colindante con la impunidad.
- Desacato: ¿Jurídicamente, el informe está bien elaborado?
- B.Oliva: Técnicamente está muy bien concebido, hasta parece un informe completo, pero no lo es. Lo que ocurre es que los golpistas y las clases dominantes tienen apuro para cerrar este asunto.
- Desacato: ¿Eso es en función de la agenda de conversaciones del Presidente de transición Porfirio Lobo Sosa con los partidos políticos?
- B. Oliva: Me parece que la intención de Lobo y de buena parte de las jerarquías partidarias es seguir adelante con los acuerdos a la vieja usanza. Esto ocurre mientras han quedado ocultos, bajo los escombros, crímenes de lesa humanidad y crímenes de lesa patria. Esto es la implementación de la línea sugerida desde Washington.
- Desacato: ¿En el informe Stein qué carácter asumen las fuerzas militares que participaron del hecho?
- B. Oliva: A la cúpula militar se le dieron garantías y un proceso que parece que los limpia de culpas, de manera que puedan ocupar cargos estratégicos en las instituciones y las empresas nacionales, como es el caso del General Romeo Vásquez Velásquez, que dirige Hondutel (la empresa telefónica nacional). Lo que en definitiva se aplica es una “justicia” eficaz para los golpistas, mientras que a los demás, a los que se opusieron y se oponen al Golpe se los persigue.
- Desacato: ¿Como en el caso del Enrique Flores Lanza, del Padre Tamayo, del Padre Fausto Milla?
- B. Oliva: Mira, da pena, mucho dolor, ver al Padre Fausto Milla, un hombre de la cuarta edad, salir amenazado del país con una maletita junto a su ayudante, Denia Mejía. Puede ser que no pueda volver nunca más… El Padre Milla es el Comisionado Nacional de la Comisión de Verdad, que no tiene nada que ver con la comisión de Stein, es una comisión independiente internacional, integrada entre otros por Adolfo Pérez Esquivel, por Nora Cortiñas, Mirna Perla y muchas personas reconocidas en el tema de los Derechos Humanos. Siento la agresión a Fausto Milla como una forma de agredir e intimidar a la Comisión de Verdad que es independiente del poder.
- Desacato: El Presidente de transición, Porfirio Lobo, ha gastado un considerable volumen de dinero en propaganda sobre la paz y la reconciliación hondureña…
- B. Oliva: La paz de los cementerios, pues la situación de indefensión es tremenda y creciente.
- Desacato: Pero el informe Stein usted dice que está bien hecho…
- B. Oliva:Técnicamente sí, pero no habla, por ejemplo, de la violación de la Autonomía Universitaria. Informa de los hechos pero nada dice del papel del Estado en el Golpe.
- Desacato: ¿Cuál es el papel que le toca a la Fiscalía y a la Justicia en general?
- B. Oliva: No hay separación de poderes en Honduras. Han bajado el perfil de Luis Alberto Rubí y nada se le ha imputado a las fiscalías especiales. Menos aún se le han imputado las responsabilidades a Ramón Custodio, el Comisionado por los Derechos Humanos del Estado. Además, sólo un 10% de los entrevistados pertenecen al ámbito de la Resistencia, ni siquiera el ex Presidente Manuel Zelaya fue entrevistado.
- Desacato: ¿Cómo caracterizaría este momento, desde la perspectiva de los Derechos Humanos?
- B. Oliva: En este momento, el Golpe es peor que antes. Es más excuso, más difícil de identificar, pero opera de modo más brutal, contra los opositores. Hay crímenes selectivos en todos los escalones de la sociedad que se resiste o reivindica sus derechos: dirigentes, profesores, campesinos, estudiantes. Los asesinatos se disfrazan de ajuste de cuentas, de accidentes, y de muchas formas.
- Desacato: Honduras volvió a la OEA después de cumplir algunos aspectos del Acuerdo de Cartagena, ¿está de acuerdo con la decisión de los países hermanos?
- B. Oliva: El escenario nos afirma, según vemos, que Ecuador está con la razón. Honduras no debería ter sido reinsertada en la OEA. No se dan las condiciones ni las garantías para ello. Por otra parte, de este modo, por más buena voluntad que uno sabe que tienen los países hermanos, con esta medida se sacó de foco a Honduras en los medios internacionales, y el resultado es una mayor indefensión. Hay una conspiración para liquidar física y moralmente a los que estamos de pie, resistiendo. Pero seguiremos adelante, Honduras precisa que construyamos un Proyecto de Libertad.
N.R. Una semana después de realizada esta entrevista (19 de julio de 2011), Honduras se despertó estremecida por la noticia de que el presidente de transición, Porfirio Lobo Sosa, denunció que hay planes para asesinarlo, en el ámbito de la oligarquía supuestamente, a causa de un proyecto de ley que crea un impuesto para aumentar los sistemas de seguridad.
Aspectos del informe Stein (tomado de la prensa de la fecha)
Honduras: “Lo sucedido el 28 de junio del 2009 fue un Golpe de Estado”
La Comisión para la Verdad y Reconciliación descartó que la salida del presidente Manuel Zelaya del poder haya sido una “sucesión constitucional”, como afirmaban los golpistas encabezados por Roberto Micheletti. Sin embargo, consideró que las elecciones de la cual surgió electo Porfirio Lobo Sosa fueron “legítimas” porque estaban convocadas un mes antes del golpe, y recomendó una reforma constitucional.
El guatemalteco Eduardo Stein, presidente de la Comisión para la Verdad y Reconciliación (CVR), divulgó hoy el informe el informe titulado “Para que los hechos no se repitan” y que constituye la relatoría de lo que ocurrió antes, durante y después del golpe de Estado que sacó del poder a Zelaya.
La CVR concluyó que el golpe fue la culminación de una grave crisis política y en especial de la confrontación de los poderes ejecutivo contra el legislativo y judicial y en la cual intervinieron las Fuerzas Armadas a favor de los segundos.
Según la comisión, Zelaya “atentó contra las normas constitucionales” para establecer “un nuevo régimen”, por lo que recomendó la creación de la figura del juicio político en la Constitución hondureña, entre otras medidas para evitar nuevos golpes de Estado, pues la Carta Magna carece de un procedimiento para la destitución de un gobernante.
El informe también señala que las elecciones de la cual surgió electo el presidente Porfirio Lobo Sosa fueron “legítimas”, ya que las mismas estaban convocadas un mes antes del golpe de Estado. Muchos gobiernos se negaron a reconocer a Lobo como mandatario, ya que consideraban que las elecciones fueron producto de un golpe de Estado.
Igualmente la CVR estableció que se dieron innumerables violaciones a los derechos humanos tras el golpe de Estado y que como consecuencia de ello hasta 12 personas fallecieron durante la represión de las protestas. “Se debe revisar en la Constitución de la República la función de las Fuerzas Armadas, incluyendo la supresión de cualquier misión de carácter político para las mismas”, sostiene el informe.
La Comisión surgió del acuerdo Guaymuras, San José-Tegucigalpa, que fue negociado por el derrocado Zelaya y el presidente de facto Micheletti, bajo la mediación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el gobierno de Estados Unidos. El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, viajó a Honduras para estar presente en la divulgación del informe de la comisión, ya que la misma es avalada por el organismo continental. Insulza, al igual que el gobierno y los demás poderes del Estado hondureño, recibieron una copia del informe.
La CVR fue integrada por cinco miembros (dos hondureños y tres extranjeros), la rectora y ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos y Jorge Omar Casco; el ex vicepresidente de Guatemala Eduardo Stein, el ex embajador de Canadá en Estados Unidos y Cuba, Michael Kergin, y la ex ministra de Justicia peruana María Amadilia Zavala.
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