sábado, 4 de septiembre de 2021

Secuelas de la desaparición forzada, contada desde una sobreviviente

Defensores en Línea

Por Riccy Ponce 


María Otilia Orellana y José Antonio Guzmán Méndez

A la edad de 17 años, Gloria Guzmán Orellana, de origen salvadoreña, sufrió las consecuencias de un crimen de lesa humanidad, como es la desaparición forzada de su familia. Fue en la década de 1980 cuando El Salvador sufría los embates de la guerra, misma que finalizó en 1992 cuando se firmaron los acuerdos de paz.

Los años más sangrientos de El Salvador fueron entre 1980 a 1984, en esa época donde ser de una familia comprometida con los cambios sociales de la década de los 70s y 80s, era sinónimo de asesinato y desaparición forzada por parte del Estado.

Esto al tomar el poder la junta provisional del presidente interino Álvaro Magaña, después del golpe de estado del 15 de octubre de 1979.

Gloria fue la hija menor de una familia muy comprometida con los cambios sociales del país, y los procesos revolucionarios en un contexto de dictaduras, de historia de dictaduras militares y de represión cotidiana, enmarcada también de lo que fue la guerra fría con una oligarquía salvadoreña, que, según lo expresado por Gloria, más bien velaba por sus propios intereses y no por los del pueblo.

Situación que hizo que su familia fuera reprimida por muchos años, hasta que en 1982 detuvieron y desaparecieron a su padre José Antonio Guzmán Méndez, su madre María Otilia Orellana y su hermano mayor Fernando Enrique Guzmán, que en ese momento tenía 26 años, hecho sucedido el 17 mayo de 1982.

Gloria se salvó de tener el mismo destino que sus familiares porque en el momento en el que llegaron los elementos de la Policía Nacional de El Salvador y los militares, ella no se encontraba en la casa, pues su padre la había llevado al colegio, llegando momentos después por lo que pudo observar el despliegue desde afuera de su casa.

“La detención fue en mi casa, en la casa que vivíamos y que nos habíamos pasado muy recientemente, ubicada en San Salvador, en un barrio del municipio de mexicanos, pero digamos el gran San Salvador ahora; en esa casa en el momento que llegó el operativo no había nadie, porque yo había salido porque mi papá me había llevado a estudiar y me iba a dejar al instituto, mi mamá había salido a una consulta médica con un sobrino y una prima que vivía con la familia, había ido al mercado. Mis hermanos no vivían en ese momento en la casa, ya eran independientes, entonces en el momento en que llegaron la Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a la casa, no había nadie”.

Al no encontrarse nadie en la casa, siguió narrando, los elementos policiales y militares se apostaron a esperarlos, rodeando por completo la vivienda, y ella desde afuera observaba todo lo que estaba pasando en su casa y con su familia.

“Se apostaron en los alrededores y cuando llega mi mamá con mi sobrino, la rodearon, más tarde llega mi papá y también lo rodearon, y yo soy testigo directa en el sentido que me llegaron avisar que la casa estaba rodeada para que no llegara, pero yo llegué en un taxi con un primo que era taxista y pude ver que la casa estaba militarizada, no entré, sino no lo estaría contando, yo sería una persona desaparecida también”.

Gloria, llena de impotencia en ese entonces, señaló que dieron varias vueltas por algún tiempo y observaron el operativo, hasta bastantes horas después, que con el tiempo la desocuparon, pero ella ya no volvió a esa casa.

Expresó que la desaparición forzada fue por parte del estado, “fue por lo que era entonces la Policía Nacional, hoy ya no existe, que en ese entonces era uno de los cuerpos de seguridad de los aparatos represivos, y las Fuerzas Armadas fueron responsables de la detención y desaparición forzada, con lo cual mi familia es desaparecida por el estado, por instituciones del estado, y es una desaparición con carácter político, porque  mi papá era sindicalista, era integrante de  las  comunidades eclesiales de base, mi hermano también muy metido en los procesos revolucionarios  y  mi mamá también muy comprometida”.

La vida de Gloria está marcada no solo por la desaparición forzada de parte de su familia, también sufrió la pérdida de dos de sus hermanos que fueron asesinados, así como primas, primos y amigos cercanos de la familia, de la comunidad, que también, aunque no sean familia directa de la defensora, es una larga historia de pérdidas, de lucha y al final de represión.

La familia Guzmán Orellana forma parte de las más de 75 mil personas asesinadas y desaparecidas forzadamente durante la guerra de El Salvador, que marcó la vida de ella como de las familias de las víctimas.

“1982 marcó mi vida como la marcó a muchas de las personas en la época, porque mi familia es una de las 75 mil personas muertas, asesinadas y desaparecidas en el país durante la guerra, y eso es importante ponerlo en contexto, yo era menor de edad todavía en ese tiempo, tenía apenas 17 años en ese momento de la pérdida”.

Para las familias de los cientos de víctimas de desaparición forzada es muy difícil, porque solo imaginar una situación de ese carácter, de rompimiento total de la familia, en un contexto de alta violencia política, política armada, al ser los inicios de la guerra en El Salvador.

“Eran los inicios de la guerra y eran los años entre el 80 y el 84, fueron los años de mayor represión, hasta que se firmaron los acuerdos de paz en el 92, pero los primeros cuatro a cinco años es donde se concentra la mayoría de las víctimas, de asesinatos y desapariciones forzadas por parte del estado”.

Gloria, además, señala que el Estado fue responsable del 90 por ciento de las violaciones de derechos humanos en el país de acuerdo a la Comisión de la Verdad y un cinco por ciento de parte del FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional).

“Después de casi cuatro décadas de haber perdido a mi familia es difícil explicarlo en breves momentos, yo comparto esto porque mi lucha, mi pérdida es una pérdida personal, pero es política también, porque fue por motivos políticos, también sociales y políticos en el país”.

Para mí es importante hacerlo público porque mi lucha es personal, pero también colectiva; es social en el sentido que el estado salvadoreño tiene todavía una deuda histórica de verdad, justicia y de reparación con la mayoría de las víctimas, dijo a defensoresenlinea.com.

Gloria Guzmán Orellana puso la denuncia de la desaparición de su familia cuando llegó la Comisión de la Verdad a El Salvador, pero en 1993, después de que se diera a conocer el informe de dicha comisión, los militares y el gobierno de ese entonces declararon una amnistía, lo cual significa quedar en la impunidad todas las violaciones, hasta las recogidas en el informe antes mencionado.

Fue hasta en el 2016, 23 años después, que se logró que la amnistía en El Salvador fuera declarada inconstitucional, porque no se puede amnistiar los crímenes de lesa humanidad, tales como los de la familia de Gloria, que el estado desapareció a su padre, a su madre y a un hermano, así como los miles de personas desaparecidas y asesinadas en el marco de la guerra.

En el 2017, Gloria nuevamente interpone la denuncia exigiendo verdad y justicia, así como la respuesta de donde están sus seres queridos y que se castigue a los responsables directos.

“En el 2017 yo puse una denuncia por desaparición forzada de mi familia, y desde entonces, hasta este momento, estoy en esa lucha exigiendo a la Fiscalía investigación, para que me digan dónde están los restos de mi familia y para que se especifique quienes fueron los responsables directos, porque los responsables de la cadena de mando, lo sabemos, sabemos  quiénes son, pero la Fiscalía necesita tener responsables materiales, para poder judicializar, eso es lo que nos han dicho y en este sentido estamos exigiendo  verdad, para  que se haga justicia penal de estos responsables”.

Además, señaló que hay dos verdades, una que es la de las víctimas que saben dónde pasó, como pasó, a la hora que pasó y quienes fueron los culpables; la otra verdad es el otro proceso desde que se lo llevaron, hasta este momento no saben dónde están, si los asesinaron, donde están sus restos y todo lo que implica también esgrimir responsabilidades de la institucionalidad directa, materiales y de cadena de mando.

“Digamos que en esa lucha estoy, en esa lucha estamos en El Salvador ahora mismo, estamos, digamos, en un énfasis relacionado con la exigencia de la apertura de archivos policiales y militares, porque allí está buena parte de la información, en los archivos están los detalles de la información, porque sabemos que  todos los ejércitos, todos los policías operaban con mucho detalle del itinerario de las acciones que hacían, eso está más que comprobado”.

Para la defensora, la desaparición forzada genera un nivel de incertidumbre espantoso para las familias, porque es esa búsqueda interminable de no saber dónde están, si van a aparecer o no. En términos materiales dejaron sin las condiciones necesarias a los familiares, aunque muchos de ellos cuentan con el apoyo de sus comunidades y amigos, otros no corren con la misma suerte y sufren las consecuencias.

“Mucha incertidumbre, mucho dolor, pero a la vez yo creo que la necesidad de encontrarles nos hacía vivir de una manera activa, en el sentido de querer encontrarlos, decirles que la vida de las personas que tenemos familias desaparecidas es una vida muy difícil en el sentido que te rompen el vínculo con tu vida, con el entorno, con lo que más quieres, y bueno, como decimos, aprendemos a sobre llevar estos dolores, y creo que, si no sentimos ese dolor, no seriamos personas normales”.

Recuerdos de su familia en Tegucigalpa, Honduras.

En Honduras, al igual que en El Salvador, también se cometieron crímenes de lesa humanidad, como lo es la desaparición forzada. Uno de los recuerdos que tiene Gloria de su familia es unas fotografías en el parque La Concordia de Tegucigalpa.

“Honduras y principalmente Tegucigalpa, tiene un significado especial, porque conservo unas fotografías de mi familia que rescaté donde ellos están en el parque  La Concordia; ellos vinieron en algún momento previo a su detención, previo al año 1982, se tomaron fotos en ese parque y yo esa fotografía las conocí después de que se los habían llevado, revelé el rollo de fotografías y me encontré sorpresivamente en ese rollo unas fotografías que eran de ellos,  de mi  madre, de mi padre, de mi hermano mayor y de mi otro hermano que asesinaron.

Gloria pasó mucho tiempo sin saber dónde se habían tomado esas fotos, pero con el tiempo y con el apoyo de una búsqueda, pudo encontrar el parque donde su familia se había tomado las fotografías, y para ella es un punto de conexión también con Honduras.

Vínculos con el COFADEH

La defensora de origen salvadoreño señaló que organizaciones como el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), que surge desde los familiares de las víctimas, son importantes para la exigencia de verdad y justicia.

“Me parece tan necesaria e importante, me identifico mucho con una organización como COFADEH, porque precisamente es de familiares, fue creada por familiares de víctimas de desaparición forzada y de víctimas del estado, y en ese sentido me siento muy identificada con un trabajo como el que hacen”.

“Lo valoro mucho, porque creo que es un trabajo que también hacen como para mí en el sentido de que soy parte de ese conjunto de personas que tenemos esa condición de familiares de víctimas, y que al final son desaparecidos en Honduras, pero que fueron los mismos patrones de desaparición en El Salvador, en Guatemala; son historias de pueblos, por luchas similares y en ese sentido los aparatos represivos actúan de manera similar en Guatemala, pero también en Honduras, y en El Salvador, en ese sentido valoro mucho el trabajo de COFADEH y me siento muy agradecida en el fondo por todo lo que hacen”, agregó.

Para los familiares de las 75 mil víctimas de la desaparición forzada y asesinatos de El Salvador, como para Gloria, que es una sobreviviente, su lucha está centrada en la exigencia de verdad, justicia y reparación. Son víctimas activas, no son víctimas pasivas, pero también son víctimas del estado, el mismo estado salvadoreño que tiene esa deuda con los familiares que son víctimas.


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