Radio Progreso
Entre noviembre y diciembre de 2017, luego de las Elecciones Generales, miles personas y oponentes políticos salieron a las calles a denunciar el fraude electoral y la violación a la Constitución de la República, tras la imposición de Juan Orlando Hernández en el Poder Ejecutivo.
En ese contexto, el Comité Por Liberación de los Presos Políticos en Honduras, registra que 24 manifestantes fueron asesinados, 14 fueron víctimas de asesinatos selectivos, más de 200 personas resultaron heridas y 1,675 detenidas.
Además, el Comité ha denunciado que 178 personas fueron criminalizadas y sometidas a procesos judiciales, por el simple hecho de ejercer su derecho a la manifestación y exigir el respeto al voto popular y a la Constitución de la República, que prohíbe la reelección presidencial.
Entre las víctimas de la criminalización están Edwin Espinal y Raúl Álvarez, acusados por la supuesta quema del Hotel Marriot en Tegucigalpa, en enero de 2018, durante una manifestación en la se seguía denunciando el fraude electoral.
Edwin y Raúl fueron acusados por la Fiscalía de los delitos Daños Agravados, Incendio y Uso de Material Explosivo e Incendiario de fabricación casera; además, fueron privados de libertad, en la cárcel de máxima seguridad “La Tolva”, durante 19 meses.
A casi cuatro años de la crisis post electoral 2017, y en una Honduras sumergida en una contienda electoral, Edwin y Raúl se enfrenta a la justicia hondureña en Juicio Oral y Público.
Ministerio Público acepta que se equivocó en acusación
En el inicio del Juicio Oral y Público (13 de septiembre), los fiscales del Ministerio Público aceptaron haberse equivocado en los delitos por los cuales acusaron a Edwin y Raúl. En el caso de Raúl, la Fiscalía dijo que solo le acusación queda únicamente por el delito de daños, un tipo penal por el cual se establecen penas y “no merecen privación de libertad”, explica la defensa.
Mientras que la imputación contra Edwin Espinal quedará con dos delitos, uno de Incendio Agravado y Uso de Material Explosivo e Incendiario de fabricación casera.
Para el abogado Edy Tábora, integrante del equipo de defensa, el caso de Edwin y Raúl demuestra que en el Ministerio Público no hay control de la legalidad y se construyen las pruebas.
“Está quedando registro histórico que la Fiscalía se prestó, junto con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, para construir un caso y que tuvieron un gran efecto en enero del año 2018 para desmovilizar a la gente, es decir, allí se observa claramente la intención que tenían de apartar un objetivo político como Edwin Espinal”, interpreta el abogado Tábora.
Por su parte, la abogada Kenia Oliva señala que el Ministerio Público ha faltado al principio de objetividad: “entonces vemos que hay una persecución y está tratando de forzar la acusación”
En ese sentido, Mery Agurcia, del Comité por la Liberación de los Presos Políticos, manifiesta que en Honduras existe un “Estado vengador”, puesto que “está vengándose de la población resistente, de la población que se opuso al fraude electoral, y aunque no tenga pruebas los tiene presos con la única intención de castigarlos”.
Durante la audiencia del martes 14 de septiembre, la Fiscalía comenzó con la evacuación de los medios de prueba documental, los cuales, a criterio del abogado Omar Menjivar, son dispersos y no acreditan la participación de Edwin y Raúl en la supuesta quema del Hotel Marriot.
Menjivar apunta que, hasta el momento, ha quedado acreditada “la irresponsabilidad” del Ministerio Público y de quiénes ejecutan en el campo la investigación, es decir “no documentaron nada, no recabaron ninguna evidencia con sentido lógico que pueda conducir a acreditar que los hechos ocurrieron, que tiene una connotación penal correcta, pero que sobre todo las personas que han sido traídas a juicio son responsables, eso no lo ha podido demostrar la Fiscalía”.
Edwin Espinal, al finalizar el segundo día de juicio, comentó que todas las pruebas que se han evacuado “van a nuestro favor, pues nosotros siempre nos hemos declarado inocente y que el gobierno ha utilizado todas las instituciones del Estado para criminalizar la protesta”.
Desde el inicio del juicio, Raúl Álvarez ha llamado a la solidaridad de la ciudadanía y expresa que el proceso en su contra sea “un éxito para los luchadores sociales” y se logre la libertad definitiva.
Solidaridad
Durante los dos años y medio de criminalización contra Edwin y Raúl, la solidaridad ha estado presente desde la organización y acompañamiento del Comité por la Liberación de los Presos Políticos. Ese acompañamiento se extendió esta semana en las afueras de los Tribunales en Tegucigalpa.
Las comunidades lencas, organizadas en el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) exigieron libertad para Edwin y Raúl. Dorian, con su hija en brazos, quien viajó desde Río Blanco, Intibucá, junto a compañeros y compañeras, recordó que Edwin ha sido solidario con la lucha de la comunidad contra el proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”.
“La solidaridad que él nos dio ahora se la devolvemos, sabemos que nos acompañó mucho, queremos libertad para los compañeros”, dijo Dorian.
En ese sentido, Edwin comentó que verles en las afueras de la Corte Suprema de Justica le llena de fuerza: “creo que ellos trajeron el espíritu de Berta Cáceres a este juicio, nos ha fortalecido porque en estas luchas estamos todos juntos, los Copinhes, OFRANEH, el Movimiento Social”.
La exigencia de libertad también fue acuerpada por el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa; Reinaldo Domínguez, coordinador del Comité y criminalizado por la defensa del Río Guapinol, exigió la aplicación de un juicio justo.
Juana Zúniga, compañera de José Abelino defensor del Río Guapinol privado de libertad, expresó su respaldo a Edwin y Raúl y reiteró que “estamos bajo un sistema donde no existe la justica. Decirles que no están solos, que la comunidad de Guapinol y la familia de los 8 presos políticos aquí está con ustedes, no vamos a descansar hasta que salgan en libertad”.
Mientras que organismos como Amnistía Internacional Canadá emprendió una campaña virtual en la que hace un llamado al Estado de Honduras a garantizar el debido proceso, la justicia imparcial y el derecho a la protesta pacífica.
“Con frecuencia en Honduras, el sistema de justicia se ha corrompido para encerrar a los críticos de los poderosos y reprimir la disidencia”, señaló Amnistía Internacional Canadá.
El juicio contra Edwin y Raúl continuará el próximo viernes, 17 de septiembre, a la 1:30 de la tarde en la Sala II del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional.
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