Radio Progreso
Cada día son más los sectores que se oponen a la propuesta de escisión de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), planteada por el Gobierno que dirige Juan Orlando Hernández.
La escisión consiste en dividir a la ENEE en tres instituciones, para el manejo de generación, transmisión y distribución. De acuerdo a sus impulsores, este proceso debió implementarse desde el 2014, año en que se aprobó la Ley General de la Industria Eléctrica.
El sindicalista de la ENEE, José Luis Matamoros, explicó a Radio Progreso que la iniciativa pretende acabar con el funcionamiento público de la estatal, por lo que dejó en claro que como organización rechazan la propuesta.
Matamoros dijo que, a través de la escisión, el Gobierno entrega a manos privadas el manejo de la ENEE, y esto traería consecuencias graves para la institución.
La división está amparada en el plan de rescate financiero de la estatal, sugerido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) desde el 2018. La transición arrancó desde la intervención liderada por la actual directora del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Miriam Guzmán.
Además del Sindicato de Trabajadores de la ENEE, hay otros sectores sociales y populares que se oponen a la escisión, por ejemplo, las organizaciones adscritas a la Convergencia Contra el Continuismo, quienes a través de una movilización nacional realizada el pasado 30 de agosto, incluyeron en sus demandas, el rechazo a la segmentación de la estatal.
Matamoros manifestó que la división no servirá para rescatar a la institución del déficit financiero, que por ahora supera los 55 mil millones de lempiras. El sindicalista reiteró que un punto clave para salvar las finanzas de la empresa, es revisar los contratos de compra de energía privada.
El Estado paga cerca de 24 mil millones de lempiras anuales por compra de energía a más de 96 sociedades mercantiles generadoras de electricidad. Miriam Guzmán quien fue la encargada del primer proceso de intervención de la ENEE, dijo en un programa de televisión que para hacer sostenible la estatal, se deben renegociar los contratos.
Con respecto a la renegociación, el FMI sugirió al Gobierno en 2018 que se cambien los precios de compra de energía, pero luego de las reuniones entre la gerencia de la ENEE, el Estado y las empresas proveedoras, no hubo acuerdo.
El economista Alejandro Aroni, aclaró que los contratos son de carácter privado, por lo tanto, será difícil que exista una renegociación, y, la ENEE tendrá que pagar el monto total de los contratos.
Aroni hizo hincapié en que la renegociación es utopía y que lo único que queda es señalar a los responsables de aprobar contratos con precios por encima de la capacidad financiera de la estatal.
Matamoros también habló de la disminución de las pérdidas técnicas y no técnicas, labor para la cual fue contratada la Empresa Energía Honduras, quien no ha cumplido con las cláusulas contractuales.
En la mesa del debate energético también se discute sobre la posible cancelación del contrato por parte del Gobierno a Energía Honduras, acción que dejaría una demanda millonaria para el Estado.
El abogado penalista Elvin Carrillo lamentó que este problema sea producto de errores que se cometen en la legislación nacional, y es que el contrato con Energía Honduras fue aprobado el 20 de enero de 2014, en la sesión mejor conocida como “Diarrea Legislativa”, última reunión de Congreso Nacional que dirigió Juan Orlando Hernández como presidente, en la que se aprobaron más de 90 contratos de diversa índole.
Matamoros reiteró que la escisión no es garantía de salvación de la ENEE, por lo que motivó a buscar otras salidas como la renegociación de contratos de generación, reducción de pérdidas y despolitización del manejo administrativo de la estatal.
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