Expediente Público I de II
** Las reformas al sistema de salud van orientadas a crear un seguro médico público nacional para la población pobre, mientras que el Instituto Hondureño de Seguridad Social funcionaría exclusivamente como aseguradora para contratar servicios médicos para sus afiliados con proveedores públicos y privados.
El 17 de abril de 2020, Fanny Aracely Pineda, de 40 años, llegó al Hospital “Mario Catarino Rivas” de San Pedro Sula, a 280 kilómetros al norte de Tegucigalpa, porque “tenía problemas para hacer del cuerpo”. Pese a que llevaba los resultados de una tomografía axial computarizada (TAC de abdomen) que se había hecho en enero pasado y que mostraba pequeños tumores en sus ovarios, no le hicieron caso y le dijeron que volviera “cuando pase la pandemia”.
El TAC de abdomen es un examen de diagnóstico por imágenes que se utiliza para ayudar a detectar enfermedades del intestino delgado, del colon y de otros órganos internos, y generalmente se utiliza para determinar la causa de un dolor al que no se le encuentra una explicación.
Resignada, esta madre de cuatro jóvenes —el mayor de 22 y la más pequeña de 9 años —, regresó a su casa, en la colonia Cosmul, una zona marginal al este de la ciudad, a esperar su suerte, pero su situación empeoró: a los dolores en su abdomen (que ella atribuía a problemas intestinales) se agregó un dolor en el pecho y dificultades para respirar, que le hizo creer sufría de coronavirus.
El 4 de mayo no resistió más y pese a que temía a los regaños de los médicos, volvió al hospital. Le hicieron una prueba de COVID-19, que salió negativa, así que le hicieron otros exámenes que revelaron un cáncer de ovarios con posible metástasis y un derrame pleural (acumulación de líquidos en los pulmones, síntoma frecuente de cáncer).
“Llegar al diagnóstico no fue fácil”.
Fanny Pineda, sobreviviente de COVID-19
“Me hicieron un TAC torácico y un examen de sangre, que creo fue por la prueba del COVID. Ahí gasté 7,500 lempiras (303 dólares). Después me hice otros exámenes, en uno gasté 2,200 lempiras (89 dólares), más otro de COVID que me costó 1000 lempiras (41 dólares). Me mandaron a realizar otro examen, de la circulación, porque pensaban que tenía una trombosis. Ese examen me costó 3,300 (133 dólares). Luego me mandaron a hacer otro examen, un TAC torácico que me costó 4,200 (170 dólares), incluso el doctor Salinas (cirujano oncólogo) me aportó 1,500 lempiras (61 dólares) porque le dije que no tenía más dinero, que mi familia ya no tenía de dónde agarrar. Ahorita me mandaron a realizar otra prueba de COVID, de 1000 lempiras (41 dólares)”, señaló Pineda.
Fanny Pineda se dedica a elaborar bisuterías que ella y su pareja de 25 años venden en un “puestecito” en la zona peatonal de San Pedro Sula, un negocio consistente en una pequeña mesa sobre la que ponen su mercadería. Para financiar sus gastos médicos, su madre y una tía han tenido que pedir dinero y conseguir préstamos. Mientras se realizaba este reportaje, Pineda fue operada y enviada casi de inmediato a su casa.
La “vergüenza” de los hospitales públicos
Lo vivido por Fanny Pineda no es casualidad, es la cotidianeidad que viven miles de hondureños en busca de atención en el sistema público de salud.
La doctora Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras, explica que en el Hospital Escuela de Tegucigalpa (el más grande del país), donde ella labora, en diferentes momentos ha podido ver cómo las carencias pasan de una cosa a otra, afectando a los pacientes, quienes deben pagar muchos servicios y medicamentos para recuperar su salud.
En un tiempo faltaron medicinas, anestésicos, insumos (catéteres, jeringas, gases para bombas de infusión), tomógrafos e incluso quirófanos enteros dejaron de funcionar, “¿y esto por qué? porque se pensó en algún momento hacer quirófanos afuera, para venderle ese servicio a los hospitales públicos”, indicó Figueroa en entrevista telefónica con Expediente Público.
Incluso, la doctora apunta que “los hospitales ya no tienen sus propios laboratorios. En un hospital como el San Felipe (uno de los más antiguos de Tegucigalpa), por ejemplo, casi nunca hay exámenes de laboratorio. Si usted se va a operar tiene que traer su electrocardiograma, sus exámenes de laboratorio, sus radiografías, de afuera, para que le hagan la evaluación preoperatoria e incluso si puede llegar con la evaluación preoperatoria ya hecha, mucho mejor”.
El Hospital Escuela y el San Felipe no son los únicos. María (nombre supuesto), enfermera del Hospital “Mario Catarino Rivas” (el segundo más grande de Honduras) refiere que en diferentes momentos les han hecho falta medicamentos, alcohol, formalina, reactivos de laboratorio, esparadrapos e incluso ropa estéril desechable para cirugías (que debían comprar los pacientes si querían ser operados).
“En enero y febrero de este año (2020) no había especialistas de medicina interna para hacer evaluaciones preoperatorias cardiológicas a pacientes mayores de 35 años. Los internistas que había, renunciaron por malas condiciones salariales. Los pacientes tenían que ir a clínicas privadas y pagar para realizarse las evaluaciones”, apuntó María.
Para la doctora Figueroa “es muy claro que el gobierno cada día se desentiende de la salud pública y esto hace que aumenten los costos en los bolsillos de la gente. Se ha disparado el costo de atención con el único objetivo de deteriorar cada vez más la prestación de la atención para que la gente tenga que buscar la atención médica privada”. “Está claro que se trata de una especie de conspiración con un solo propósito: que colapse todo el sistema y cuando empiezan a hablar mal de los hospitales es parte de esa campaña que los hospitales públicos no sirven, que son una vergüenza”.
Desmantelando el sistema de salud pública
La doctora Figueroa refiere que los mejores tiempos para la salud pública en Honduras se dieron a finales de los años 70, cuando la Secretaría de Salud cumplía con su rol rector y trabajaba en programas de prevención de enfermedades, aplicación de vacunas y atención específica a problemas como la enfermedad del mal de chagas, dengue, malaria, transmisión sexual, proyectos de lactancia materna y entrega de alimentos, entre otros.
En los años 90, los organismos financieros internacionales condicionaron sus préstamos a que se realizaran “ajustes estructurales” a las economías de los países pobres, un eufemismo para designar el aumento a los impuestos, devaluación de la moneda, reducción de salarios (vía destrucción de sindicatos estatales) y por supuesto, disminución en las inversiones en salud y educación. De esta manera pretendían garantizar una economía “sana” que podía pagar sus préstamos. Y comenzó así la crisis en el sector salud ante el abandono paulatino de las políticas públicas.
La presidenta del Colegio Médico de Honduras, refiere que a principios de los años 2000 comenzaron a crearse programas con la participación de algunas organizaciones no gubernamentales (ONG), las que poco a poco fueron asumiendo roles de la Secretaría de Salud, hasta que en julio de 2015 se aprobó la Ley Marco de Protección Social, la cual salió publicada en el diario oficial “La Gaceta” del 2 de julio de ese año. Esta permite la creación de “Administradoras y/o Unidades Prestadoras de Servicios de Salud, sean éstas públicas, privadas o mixtas, con o sin fines de lucro siempre que sea necesario, factible y conveniente para el cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional de Salud y consecuente con sus principios rectores” (Capítulo IV, artículo 22).
En ese contexto de transformaciones y ya con la nueva ley “comenzaron a desmembrarse los programas de atención a las enfermedades, los hospitales empezaron a ser cedidos a fundaciones, a organizaciones no gubernamentales, muchas de las cuales no tenían ningún arraigo. Es decir, se juntaban un grupo de amigos que generalmente tenían algún vínculo con entes de tipo político, diputados o funcionarios, y comenzaron a ceder los hospitales a estas ONG”, dijo Figueroa.
Honduras tiene 29 hospitales públicos, clasificados en nacionales, regionales y de área, y a la fecha, la mayoría están siendo administrados, ya sea por fundaciones privadas o por juntas interventoras.
Para Figueroa, estas ONG responden a sus propios intereses y no a los de la Secretaría de Salud, quien se limita a traspasarles dinero de su propio presupuesto. Insistió en que estas entidades han puesto en precario dos cosas: el empleo del personal asistencial y las atenciones a la población, “obviamente para tener un mayor rendimiento económico”.
¿Cuál sería el negocio de estas organizaciones?, se pregunta a Figueroa, a lo cual responde: “Hemos pedido que se investigue, recuerde que es (manejo de) dinero, que ellos deciden a quién compran provisiones, equipo, materiales, a quién contratan”.
El hospital “Mario Catarino Rivas”, donde Fanny Pineda buscó ayuda, fue administrado por una fundación hasta diciembre de 2019 y luego pasó a una junta interventora en marzo de 2020; mientras que el Hospital Escuela fue administrado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras desde el 2012 hasta el 2018 y también pasó a manos de una junta interventora. Pero las fundaciones se van “porque se cansan de administrar miserias”, afirma la doctora Figueroa, una de las más destacadas neumólogas del país.
¿Hacia dónde vamos?
La desarticulación del sistema de salud público y de la política rectora de la Secretaría de Salud, no solo se centra en traspasar funciones de hospitales y centros de salud a ONG o fundaciones privadas, el objetivo va más allá y está relacionado con la Seguridad Social. Así lo indica el doctor Fidel Barahona, quien labora en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), popularmente conocido como el Seguro Social. En charla con periodistas, dijo que todo se encamina a crear un “seguro de salud”, mediante el cual se privatizarán los servicios. “Ese seguro de salud lo va a poder pagar aquel que tiene un empleo, pero también van a haber categorías. Hay gente que va a tener la posibilidad de adquirir un seguro que le va a cubrir una serie de servicios, pero hay otros que aun teniendo ingresos, no van a tener esa posibilidad”, dijo el médico.
Sin ahondar en lo expresado por su colega Barahona, la presidenta del Colegio Médico de Honduras aseveró que grandes corporaciones ya están preparando el terreno para implementar ese seguro de salud con los recursos legales aprobados desde el gobierno. Por ejemplo, desde hace algunos años, grupos económicos dueños de bancos, supermercados y farmacéuticas han ingresado al mercado de cadenas de farmacias, sustituyendo a los negocios familiares que predominaron en los últimos 100 años, incluso en pueblos pequeños. También ofrecen servicios de planes médicos de salud, corporativos o individuales.
“Ellos ya tienen esa captura de la información y conocen bien si usted es hipertenso, si usted es diabético, o si usted tiene enfermedades catastróficas. Ellos lo saben e identifican ya muy bien quién es el que tiene esas enfermedades”, explicó.
Además, agrega, saben cuánto gasta mensualmente en medicamentos. De esta forma podrán clasificar a la población, desde los segmentos conformados por jóvenes con trabajo e ingresos estables, hasta la “pirracha”, integrada por los sectores más enfermos, de personas mayores y menores ingresos.
Entonces, cuando se establezcan las cadenas de atención por los prestadores de servicio, obviamente voy a poner a la población de riesgo en el prestador que menos me interese. Va a haber una pirracha con la que alguna prestadora se quede. Voy a cobrar algún aseguramiento, entonces a mí me va a convenir asegurar a la población joven. Si tengo que agarrar a gente mayor voy a tomar a la gente que menos costo tiene”, subrayó.
La doctora Figueroa, quien es vicepresidenta de la Asociación Médica Latinoamericana, también refirió que el gobierno pagará un seguro básico que cubrirá cosas elementales y medicamentos de baja calidad, generalmente producidos por las droguerías de las mismas prestadoras de servicio. Pero si el usuario quiere una atención especializada o medicinas de laboratorios reconocidos, deberá pagar de su bolsillo.
Expediente Público tuvo acceso a audios de una reunión entre capacitadores de organismos financieros internacionales y doctores, funcionarios y abogados representantes de la Secretaría de Salud, donde hablan de conceptos como “pago capitado”, que hace referencia a transferencias anuales de dinero del gobierno a las prestadoras privadas de servicios de salud.
En la reunión hicieron estimaciones hipotéticas en las que el gobierno pagaría a las prestadoras privadas de servicios de salud 20 dólares por persona al año.
“Cuando estamos pagando 20 dólares le estamos diciendo OK nosotros le estamos dando ya la infraestructura, el equipo y lo único que va a aportar (el prestador privado de servicios médicos) es la administración y la prestación del servicio en sí. Por eso al final 20 dólares pareciera barato, pero si ya me dan todo, se compensa”, afirmaba el capacitador durante la reunión.
Al consultar al viceministro de Salud en Redes Integradas de Servicios de Salud, Roberto Cosenza, sobre la política pública de llevar el sistema de salud a funcionar a través de seguros públicos y privados, este dijo que: “No, en eso no le sabría dar yo una respuesta adecuada porque todo esto se está trabajando”.
Seguros privados y públicos
Un análisis denominado “Situación del Sistema de Salud en Honduras y el Nuevo Modelo de Salud Propuesto”, realizado por tres expertos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, señala que existen dos modelos de administración de sistemas de salud. Uno se denomina Cobertura Universal de Salud (CUS), basada en el aseguramiento, y cubre un paquete restringido de servicios; y el otro llamado Sistema Único de Salud (SUS), que pretende ser “un sistema único, público y gratuito de salud para garantizar igual acceso”.
Basándose en lo dispuesto por la Ley Marco de Protección Social, el análisis sostiene que “en Honduras se plantea la universalización del aseguramiento con un enfoque de CUS mediante un sistema de salud integrado y plural, en el que la SESAL (Secretaría de Salud), aparte de su función rectora, contaría con un seguro público nacional de salud para la población pobre y un IHSS (Instituto Hondureño de Seguridad Social) que funcionaría exclusivamente como aseguradora al contratar servicios para sus afiliados con proveedores públicos y privados”.
Para garantizar los servicios de salud existirían dos subsistemas básicos: el subsistema de aseguramiento privado en salud (SAS privado) y el subsistema de aseguramiento público (SAS público). El SAS privado lo constituyen las empresas aseguradoras que operan bajo la tutela de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, mientras que el SAS público se desarrollaría al amparo del IHSS.
Enfatizan que bajo este modelo se da una nueva repartición de responsabilidades que pone en el centro a los proveedores privados, empresas con fines de lucro o la familia/individuo, mientras que el papel del Estado es subsidiario y sólo atiende a los sectores más vulnerables.
Finalmente refiere que “los modelos CUS desafían la idea del derecho a la salud como un derecho social y humano y emprende el camino hacia su mercantilización. Esta política premisa de que el mercado es el mejor distribuidor de los recursos y que la competencia mejora la calidad y abate los costos”.
La exministra de Salud, Roxana Araujo, indicó que algunos analistas señalan que el sistema de salud que se pretende en Honduras es una copia del aplicado en Colombia. “Un sistema de salud fracasado, un sistema de salud que al inicio se dio todo esto como una promesa: ampliación de la cobertura, universalización de los servicios, modernización del Estado, pero que, llegado el momento, la población de escasos recursos económicos, la población que se debe proteger, la población a la que se debe el Estado, no lo protegió”.
Araujo dijo que, de ejecutarse una reforma, esta se haga basada en “la experiencia que tenemos como país y no venir a copiar sistemas de salud de otros países que han fracasado y que sabemos que pueden fracasar (aquí). Allá en Colombia, el sistema de salud se dio a los bancos para que lo administraran y, como se predijo, fue un fracaso”, aseveró.
Para la extitular de la Secretaría de Salud, en Honduras también existe “temor a que el sistema de salud se le dé a la banca privada y que la banca privada tenga que administrar estos fondos y llegue un momento en que la persona de repente solo pueda pagar para la consulta de un resfriado común, de un síndrome diarreico agudo, pero no pueda pagar una hospitalización por una cirugía y mucho menos por un internamiento en una Unidad de Cuidados Intensivos”. La salud pública, cada vez será menos pública, vaticinó.
