Por Javier Suazo
Jaume Puig-Forne, representante del FMI en Honduras
Foto: la Tribuna.hn
“En la Secretaría de Finanzas (SEFIN) solo hay billete para activistas políticos y militares (chepos)”
Fredy Guzmán, Hablemos de Día”
En Latinoamérica, las políticas neoliberales se resisten a morir, y más bien amenazan con retornar con más fuerza en países como Bolivia, Ecuador y Uruguay. Ello, no obstante, la crisis de legitimidad y resultados del modelo de corte neoliberal que se observa en Chile.
El Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (FOSDEH), presentó los hallazgos de un estudio sobre los “Acuerdos y Desacuerdos con el FMI”, donde hubo un cuestionamiento a las políticas de corte neoliberal aplicadas en Honduras, especialmente después del golpe de Estado (junio de 2019). Entre estos cuestionamientos destacan: la concentración de la riqueza en 1,500 empresas, bajos salarios y aumento de la pobreza e indigencia y la falta de atención en salud y acceso a medicamentos públicos.
Los funcionarios del FMI han venido aplaudiendo los logros obtenidos por el país en materia de reducción del déficit fiscal, inflación, control de la masa salarial y aumento de impuestos, supuestamente para financiar el gasto de inversión productiva y social, lo que ha permitido un aumento del PIB moderado (3.7% en 2018 y 3% estimado para 2019) y una relativa estabilidad en las finanzas públicas como condición fundamental para evitar presiones inflacionarias y atraer inversión extranjera directa (IED).
La realidad demuestra que el logro del objetivo de estabilidad económica ha tenido efectos negativos, como una mayor deuda para financiar los déficits de las empresas públicas, caso particular de la ENEE que cerró octubre de 2019 con un déficit de 52, 483.5 millones de lempiras, superior a 45,311.4 millones observado en diciembre de 2018, mayores niveles de desempleo y subempleo y corrupción, ya que Honduras es uno de países con más corrupción e impunidad. Las cifras preliminares dan cuenta que asigna más de 36,000 millones de lempiras anuales para el pago del servicio de la deuda externa, uno de los destinos de los mayores impuestos captados por el Estado.
Para el economista-consultor del Fosdeh, Rodulio Perdomo, Honduras necesita un Estado Keynesiano que genere empleos masivos para la población, especialmente jóvenes que no encuentran trabajo y si lo hacen, reciben salarios entre 8,000 y 10,000 lempiras mensuales, unos 400 dólares; uno poco menos del salario semanal que recibe un migrante en los EEUU. De que le sirve a Honduras una inflación cero, sin por el otro lado no hay empleos ni ingresos para comprar alimentos, atender la salud y demás necesidades básicas; un escape es la migración, pero con la política “devolución” masiva de migrantes que ejecuta Donald Trump, ya no lo será.
El gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH) habla de la generación de 15,000 empleos directos maquiladores para 2020, un año político, con una inversión de 410 millones de dólares, que nadie le cree; pero en caso de lograrse, son empleos espurios y de mala calidad. La misma promesa se hizo con el Programa 2020, al pretender generar 600,000 empleos, pero que no logrará ni el 20% de la meta el próximo año. Es más, la evidencia demuestra que la IED caerá en Honduras durante 2019 en más de un 40% (En el primer semestre de 2019 la IED se redujo en 39.3%, unos 161.5 millones de dólares), y para 2020 las proyecciones son de 45%, por la desaceleración de la economía mundial, agudización de la crisis política y la corrupción al debitarse la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH).
El representante del FMI en Honduras, Jaume Puig-Forne, destaca que el FMI es un acompañante de los programas del gobierno, pero la realidad demuestra que sus políticas se imponen como única solución, tal como lo demuestran las experiencias de Argentina y Ecuador. El control y reducción del gasto público e inflación, aumento de impuestos, congelamiento de salarios, privatización de empresas públicas y flexibilidad cambiaria, son recetas que aparecen como mandamientos “bíblicos” para los gobiernos.
Es más, aunque la pobreza se resiste a bajar y/o aumentó en los últimos años, el organismo y demás OFIs apuestan a políticas de compensación social con las transferencias monetarias condicionadas (TCM) que aumentaron la deuda y la corrupción, cuyos fondos manejados por la presidencia de la República se piensan masificar para favorecer a los alcaldes con proyectos de infraestructura educativa y salud, sin que se transfieran las competencias y el poder de decisión a dichos gobiernos y organizaciones de sociedad civil no contaminadas con la política de terciarización de los servicios ejecutada por el gobierno central.
En un Conversatorio sobre los cambios políticos en Latinoamérica, celebrado en la Universidad Nacional de Honduras (UNAH), apuntamos que las políticas ejecutadas en Honduras con apoyo del FMI tienen como referencia los resultados obtenidos en Chile, pero que, con el estallido, su grado de efectividad está en duda. Sin embargo, en Honduras siguen su curso y más bien se profundizarán antes de las elecciones generales previstas para noviembre de 2021; ello incluye la privatización de los fondos de pensiones e instituciones, perdida de autonomía del banco central y flexibilidad total del mercado cambiario, sumado a la privatización de la salud y educación donde la “escasez” actual de medicamentos, deterioro de la infraestructura sanitaria y débil calificación de los docentes y médicos, es una estrategia del gobierno para ello.
Este cambio de modelo de desarrollo económico que el FOSDEH visualiza de la mano de políticas keynesianas y no monetaristas-neoliberales, es poco probable que se ponga en marcha, ya que el organismo avala la política económica del gobierno; más bien, el ejercicio de crítica debe verse como una línea de apuntes entre organizaciones de sociedad civil que manejan información económica y el FMI.
Honduras urge de una propuesta de desarrollo alternativo al modelo actual, que acompañe un nuevo proyecto político que integre la participación de una gama diversa de actores económicos (industriales, por ejemplo) y organizaciones de base social amplia. No obstante, la profundización de las políticas neoliberales y sus secuelas, dejarán poco espacio para lograr este cambio, una vez que la oposición política alcance el poder, por lo que hay que construir una agenda pública para desmontar gradualmente el marasmo de leyes, reglamentos, programas, proyectos e instituciones, dejadas por el gobierno actual.
El control del Congreso de la República por los llamados partidos tradicionales y de “calcetín”, también será un obstáculo a sortear cuando se trate de aprobar reformas que afecten los intereses económicos de las empresas transnacionales, empresarios ligados al modelo primario exportador y la banca. Finalmente, Honduras depende mucho del comercio con EEUU, ayuda y remesas familiares de los migrantes, por lo que se constituye en una condicionalidad económica y política negativa para el cambio del modelo que promueve el FMI.
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