Con el asesinato de 20 defensores y defensoras, y el encarcelamiento de ocho ambientalistas por la defensa del derecho al agua, Honduras conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos -10 de diciembre-, situación que, junto a las consecuencias del narcotráfico y crimen organizado, coloca a población en un estado de “cuidados intensivos”, según expertos en el tema.
El Espacio Verificador del Sistema Nacional de Protección, integrado por organizaciones defensoras de derechos humanos y comités territoriales, en una acción de protesta frente al Ministerio Público de la capital Tegucigalpa, manifestó que la criminalización hacia el derecho a defender derechos en Honduras cuesta cárcel: “tal es el caso de los siete compañeros presos por defender los bienes comunes en las comunidades de Guapinol y el sector San Pedro, de los intereses nefastos de una empresa minera que ha desatado una campaña de desprestigio, imposición y terror, con la complicidad de las fuerzas policiales y militares”.
En relación a los 20 asesinatos de defensores y defensoras, las organizaciones señalan que “marcan un sangriento 2019” y sin que hasta la fecha existan procesos que lleven a los culpables a ser juzgados y condenados.
Por otra parte, la abogada Kenia Oliva, coordinadora del área de acceso a la justicia del Comité por la Libre Expresión C-LIBRE, indica que 200 denuncias han sido presentadas ante la Fiscalía Especial Para la Protección de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDHH), y solamente se han ejecutado 15 requerimientos fiscales.
“La mayoría de las denuncias de los defensores de los territorios y del medio ambiente han sido cerradas, según la información del Ministerio Público, son 67 las denuncias que han sido cerradas, definitivamente hay un alto grado de impunidad”, detalla la abogada Oliva, y demanda que la Fiscalía tenga la misma celeridad para investigar así como para criminalizar.
En ese sentido, la ex ministra de derechos humanos y abogada constitucionalista, Ana Pineda, apunta que en el Ministerio Público hay una política de represión y distante del respeto de los derechos humanos: “la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos no está cumpliendo con el mandato que tiene. La política del Ministerio Público se explica por sí misma, por un lado una mano fuerte para perseguir a los defensores de derechos humanos, pero poco hace frente a quienes reciben o son víctimas de una violación”.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos, aglutinadas en el Espacio Verificador del Sistema Nacional de Protección, demandan que quienes estén frente a la Fiscalía Especial de Protección sean personas con formación derechos humanos, para que dirijan investigaciones desde el conocimiento de la labor de los defensores y defensoras.
“Reclamamos una investigación seria y exhaustiva en el caso de las denuncias de los beneficiarios de la ley, la elaboración de análisis de riesgo de acuerdo a las particularidades de cada caso”, exigieron las distintas organizaciones, previo al Día Internacional de los Derechos Humanos.
Derechos de los niños y niñas
El director de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Jóvenes, Adolescentes y sus Derechos (Coiproden), Wilmer Vásquez, indica que Honduras está en cuidados intensivos porque las personas están siendo víctimas del crimen organizado, las masacres, de las grandes redes del narcotráfico y la falta de medicamentos en los centros hospitalarios.
“Los más afectados son los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que presentan la mayoría de la población; más del 55% de las muertes según el IUDPAS, son personas menores de 25 años, están siendo criminalizados por el sistema, por la institucionalidad y por los medios de comunicación “, denuncia Wilmer Vásquez, al expresar que la filtración del narcotráfico en los tres poderes del Estado y el cercenamiento de los recursos públicos para propósitos político-partidarios limitan las oportunidades para los grupos que históricamente han sido colocados en una posición de vulnerabilidad.
José Guadalupe Ruelas, director de Casa Alianza, denuncia que hasta octubre de 2019 un total de 600 jóvenes, niñas y niños han sido asesinados en Honduras.
Ruelas explica que al mes son asesinados un promedio de 60 jóvenes, niños y niñas con un patrón de ejecuciones extra judiciales o sumarias, puesto que son personas organizadas, que actúan de manera colectiva y tienen la capacidad técnica para manejar armamento.
El director de Casa Alianza indica que cada día es más la participación de agentes estatales, en las que se han identificado miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
En otra área relacionada con los derechos humanos de la niñez en Honduras, Jorge Valladares, directivo de Visión Mundial, indica que, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas, en el país 400 mil niños y niñas trabajan.
Sin embargo, los análisis de los sub registros de niñas en servicio doméstico y el sector informal de la economía establecen que en Honduras 600 mil niños y niñas trabajan, explica Jorge Valladares de Visión Mundial.
Valladares detalla que, de los registros oficiales, los que muestran que 400 mil niños y niñas trabajan, el 60% lo hacen en labores relacionas con el sector agrícola; mientras que otros laboran en la pesca submarina y la minería.
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