No caben dudas que existe una creciente crisis en la democracia latinoamericana. Los cambios de gobiernos de ideologías antagónicas y fundamentalismo religiosos está marcando la pauta por encima del desarrollo de los países.
En las más recientes elecciones en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Brasil y Colombia, han llevado al poder a líderes conservadores de partidos de ultra derecha. Bajo esta premisa, se han entronado en el poder personajes calificados neo-dictadores, tal es el caso de Nicaragua con Daniel Ortega y Honduras con Juan Orlando Hernández.
Este contexto de democracia, ha ido de la mano con el deterioro de los derechos de comunidades indígenas, entrega de territorios, instalación de proyectos mineros e hidroeléctricos, aumento de la pobreza y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos.
A esta conclusión llegó el encuentro de Corresponsales del Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, desarrollado recientemente en Guatemala, donde además se resaltó la importancia de articular e impulsar nuevos medios de comunicación alternativos.
El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá, Costa Rica, Nicaragua y México, son países que comparten la ausencia de medios comunitarios o alternativos y, como en el resto de Latinoamérica, resalta un modelo de comunicación controlado desde los grupos de poder económico y político.
Ante tal situación, los periodistas y las periodistas que participaron en el encuentro comparten que la comunicación, más que negocio es un derecho y como tal hay que defenderlo e impulsarlo.
Recordaron que el fracaso de los gobiernos neoliberales en esta región, llevó a que la población buscara cambios democráticos en líderes progresistas que comenzaron a llegar a la presidencia desde comienzos del siglo XXI, sin embargo todo esto va en retroceso por la intromisión directa o indirecta de la geopolítica estadounidense en una combinación con la derecha-neoliberal de Latinoamérica, y en otros casos porque los líderes “progresistas” se alejan de los principios y de las promesas que los llevaron al poder.
En El Salvador, la figura de un millenial progresista se desvanece
Nayib Bukele asumió en junio de 2019 la presidencia de El Salvador, en medio de una gran expectativa por las promesas de cambio y revolución que lo llevaron hasta la silla presidencial. Sin embargo, “en los cinco meses de su gobierno ha mostrado ser un aliado timorato de la política exterior de Estados Unidos y está centrando su política de seguridad en la remilitarización del país. En el presupuesto del próximo año se está contemplando mayor presupuesto para las fuerzas armadas y la reducción de presupuestos de Salud y Educación”, indicó Wilfredo Hernández, comunicador social de Radio Izcanal, del municipio de Nueva Granada, departamento de Usulután.
“Buena parte de la población salvadoreña reconoció haber acudido a las urnas en febrero del 2019, creyendo que el nuevo presidente solucionaría sus principales preocupaciones, pero después de su toma de posesión parece no haber respuestas concretas”, manifestó el periodista Alfredo Carias. Al parecer la figura de un millenial progresista se va desvaneciendo con el paso del tiempo, recalcó.
“Algunas de las promesas fueron el combate a la extrema violencia que reina en el país, la precaria situación económica y la falta de empleo, que son las causas por las que miles de personas se ven obligadas cada año a abandonar El Salvador, con destino a Estados Unidos. De esto se está viendo muy poco. Por ejemplo: en el tema de seguridad ha bajado el número de asesinatos, pero se han incrementado las desapariciones de personas”, indicó Carias.
Wilfredo Hernández, dijo que lo que jugó a favor de Bukele en su llegada a la presidencia fueron las promesas gubernamentales incumplidas en los dos periodos que estuvo el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Entre las promesas incumplidas resaltaban la desdolarización de la economía y el retorno del Colón, como moneda nacional. Asimismo, el sistema neoliberal implantado por los gobiernos de derecha, no fueron tocados en lo más mínimo y continuaron generando pobreza y violencia».
“Sin embargo, se mejoró en el sistema de salud y educación, pero, con el presente gobierno todo indica que se irá desmejorando pues los presupuestos se están reduciendo”, indicó Wilfredo.
Por su parte, Alfredo Carias, alertó que “la decisión que tomó en marzo del 2017 el Congreso de El Salvador, al aprobar una ley que prohíbe la minería metálica, por considerar que es una actividad que provoca impactos negativos en medio ambiente y la salud de las personas, podría estar en peligro en este nuevo gobierno, porque empresas transnacionales estarían interesadas en invertir en proyectos de extracción de oro y plata. De concretase, esto reactivará la conflictividad social en las comunidades que defienden los bienes comunes.
La ley que convirtió a El Salvador en el primer país del mundo que prohíbe esta actividad extractiva por motivos ambientales fue aprobada con los votos de 70 de los 84 diputados. La prohibición a la minería metálica incluye las actividades de exploración, extracción, explotación y procesamiento ya sea a cielo abierto o subterráneo. También se prohíbe el uso de químicos tóxicos como cianuro, mercurio y otros en cualquier proceso de minería metálica.
“Nicaragua: una olla de presión”
En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega, quiere mantenerse en el poder «a costa de la muerte», y desde ya está haciendo campaña para participar en el nuevo proceso electoral que se va a desarrollar en noviembre del 2021. “La mayoría del pueblo nicaragüenses exige la renuncia de Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, desde 2018, pero el régimen ejecutó ataques armados contra civiles, que dejaron cientos de muertos, presos y desaparecidos”, indicó el periodista Nelson Rodríguez, de Radio Universidad de Managua.
“Desde el año anterior Ortega, ha prohibido las protestas que exigen el fin a su régimen y dio potestades para enjuiciar a quienes organicen las manifestaciones. En ese sentido Nicaragua está inmersa en su peor crisis política desde el fin de la guerra civil de la década de los ochenta, las protestas son “ilegales”. En los últimos meses, la violencia se ha cobrado la vida de 326 personas. La mayoría de ellos son civiles que murieron por la represión desatada desde el Estado”.
A renglón seguido dijo que todo esto se da en un intento desesperado del régimen por frenar el movimiento social que desde abril del 2018 exige el punto final a 11 años de gobierno autoritario, en los que Ortega se ha hecho con el control de los poderes e instituciones del Estado y ha instaurado un régimen familiar con el objetivo de conformar una nueva dinastía en Nicaragua.
Hay un precedente: el somocismo, que gobernó durante más de 40 años y que cayó con la revolución sandinista de la que Ortega formó parte. El régimen de Ortega parece seguir los pasos de aquella dictadura, que en 1979 ilegalizó las manifestaciones en un país en plena efervescencia. Aquel año, Somoza también declaró ilegales los paros y las huelgas.
“En Nicaragua, la mayor parte de los medios de comunicación de cobertura nacional están en poder de la familia Ortega. Por lo tanto, existe un gran control de la información. Y ahora con reinicio de una campaña política reeleccionista de cara a las próximas elecciones, la situación se va ir del mal en peor. Nicaragua, es como una “olla de presión, en cualquier momento explotará” y dejará saldos más lamentables de los que ya hemos tenido”, concluyó el periodista Rodríguez.
Honduras ¿Narco-gobierno?
Honduras ha vivido un 2019 marcado por un polémico e ilegal segundo mandato del presidente, Juan Orlando Hernández y su vinculación con el narcotráfico, de acuerdo a testimonios brindados en un Corte de Nueva York, en el juicio de su hermano Juan Antonio “Tony” Hernández, quien fue condenado por narcotráfico y tráfico de armas.
Asimismo, en el encuentro mesoamericano de corresponsales de Voces Nuestras, se resaltó que la sociedad hondureña continúa secuestrada por una mezcla tóxica: capitalismo, colonialismo y patriarcado, que como resultado ha dejado en el país un 70% de su población viviendo en la pobreza, mientras unas pocas familias tienen y controlan la economía, y por si fuera poco 330 mujeres han sido asesinadas en lo que va del 2019.
Este año también han resaltado múltiples denuncias de corrupción contra la clase política, que ha logrado en su mayoría librarse de ir a la cárcel, después de mover los hilos de la impunidad. Asimismo, se agudizó la migración de la población hondureña, en un intento por escapar de la pobreza y la violencia vinculada a las maras o pandillas que azotan al país.
También se analizó que, en Honduras, este año se ha radicalizado la lucha territorial por la defensa de los recursos naturales. Muchas comunidades están librando una lucha pacífica contra proyectos mineros e hidroeléctricos. De acuerdo a denuncias de las comunidades en lucha, el otorgamiento de las concesiones se ha hecho sobre la base de una serie de irregularidades.
En las 400 concesiones mineras y la concesión de 108 ríos para la instalación de hidroeléctricas, sobre sale la usencia de consulta y participación de las comunidades, otorgamiento de concesiones en áreas protegidas, la complicidad de las municipalidades con las empresas extractivas, destrucción de fuentes ríos y el bosque. Esto ha llevado a que varios líderes ambientalistas hayan sido asesinados y otro buen número tenga proceso criminal por el simple hecho de defender los bienes comunes.
Guatemala con futuro nada alentador
En la actualidad en Guatemala, existe una agudización de la violencia causada por conflictos territoriales en las comunidades indígenas, provocados por los proyectos mineros, hidroeléctricos y agrícolas. En estas comunidades agobiadas por la pobreza y el abandono estatal, las empresas extractivas están violentando el derecho a la consulta previa y el derecho a la auto determinación. De acuerdo al análisis de La periodista Carolina Rivas, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER).
Manifestó que otro gran problema que enfrentan, es el fin del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Dijo que, la Fiscalía y la CICIG, investigó con éxito a empresarios y políticos de alto rango en el país en los últimos años, en muchos casos por delitos de corrupción. Como primer caso en 2015, el gobierno del presidente Otto Pérez Molina se vio obligado a dimitir después de que este cayera bajo sospecha de corrupción debido a las investigaciones de la CICIG.
“Del palacio presidencial pasó a prisión preventiva. Esta acción devolvió a la población guatemalteca su fe en el sistema legal, la que habían perdido hace mucho tiempo” manifestó. Además, recordó que la entonces fiscal general, Thelma Aldana, y el jefe de la CICIG, Iván Velásquez, se convirtieron en una especie de superhéroes en Guatemala. Al mismo tiempo, el éxito de la CICIG fue su propia perdición, ya que la élite política y económica conservadora guatemalteca vio su propia existencia amenazada desde el principio por las rigurosas investigaciones.
En este contexto Jimmy Morales, fue elegido presidente el 2015 tras una campaña electoral anticorrupción. Sin embargo, luego cambió de parecer cuando “la CICIG empezó a investigar, primero a su hijo, y luego a su hermano, por delitos de corrupción, y más tarde a él mismo. Así que, en 2018, Morales decidió no extender el mandato de la CICIG. Incluso le negó al jefe de la CICIG, Iván Velázquez, el regreso a Guatemala después de un viaje al extranjero, despojándolo de facto”, dijo Rivas.
A renglón seguido manifestó que, el problema se puede agudizar debido a que el líder político conservador y fundamentalista religioso, Alejandro Giammattei, quien fue director penitenciario del país, fue electo presidente de Guatemala, en agosto pasado, en una contienda inmersa en el contexto de lucha social contra la corrupción, pobreza, desempleo y violencia, que agudizó la crisis migratoria en la que miles de guatemaltecos abandonan su país cada mes. Giammattei, fue electo presidente para el período 2020-2024 y tomará posesión en enero del próximo año.
¿Costa Rica en realidad “pura vida”?
Con cinco millones de habitantes, Costa Rica es uno de los países en Centroamérica con mayor índice de desarrollo social. Sin embargo, está transformación económica se ha dado en un país que aún tiene más del 21% de pobreza, equivalente a 336.999 hogares, según el estatal Instituto Nacional de Estadística y Censos, encargado de la medición.
A los problemas de infraestructura, corrupción y burocracia, se suma un galopante déficit fiscal de 6% del Producto Interno Bruto, que ha puesto al gobierno conservador de Carlos Alvarado a recortar el gasto público y recaudar más impuestos a través de una reforma fiscal. “Esto ha llevado a que los sindicatos públicos este año hayan desarrollado huelgas en contra de los proyectos neoliberales, que incluso han intentado prohibir el derecho a la huelga, convierten a la educación en “servicio esencial” e imponen el salario único y facilitan los despidos en el sector público”, indicaron periodistas de Costa Rica.
“El desempleo se ha incrementado y el cierre de negocios en San José, es evidencia la crisis económica que está enfrentando el país. La salud desde hace muchas décadas que dejo de ser publica, por lo tanto, uno tiene que pagarla tenga o no tenga trabajo”, indicó Mary León.
México no pierde la esperanza
A pesar de enormes problemas de seguridad y pocos avances económicos, buena parte de los mexicanos siguen creyendo en Andrés Manuel López Obrador, más conocido como AMLO, quien el pasado 01 de diciembre cumplió un año en la presidencia de país azteca. Obrador concluyó su primer año de gobierno con una aprobación por parte del electorado mucho mayor a la que registraran en su momento los últimos tres presidentes: Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox.
“Los esfuerzos en materia de seguridad pública no han mostrado efecto, pero la violencia no ha espantado la inversión extranjera y la gran fuga de capitales no se produjo. El tipo de cambio y la inflación muestran buen desempeño. Indicó la periodista Sandra Luz, de Radio Huayacocotla de Veracruz, México.
El gobierno de AMLO recibió un país con una profunda crisis en materia de derechos humanos. En palabras del mismo AMLO: “36 años de calamidades no se van a revertir en 11 meses”. El pueblo mexicano, tan dado a pedir milagros, muestra madurez. Todos saben que el monstruo del narcotráfico y el tsunami migratorio no se pueden enfrentar ni en un año ni sin esfuerzo internacional.
De acuerdo a la periodista Sandra Luz, en materia económica el gobierno está intentado darle buen rumbo, pero se aplauden los esfuerzos en el combate contra la corrupción. Los programas sociales y la asistencia a grupos vulnerables no han pasado desapercibidos. Incluso sus aburridas conferencias matutinas parecen generar confianza, promoviendo algo inexistente en México: la transparencia.
Cierto, el polémico aeropuerto de Santa Lucía, la liberación de Ovidio Guzmán tras los eventos de Culiacán, el ofrecimiento de asilo político a Evo Morales, el expresidente de Bolivia, no han sido aplaudidos por buena parte del pueblo mexicano, pero, a pesar de esto, la mayor parte de población mexicana dan un espaldarazo al mandatario y mantiene la esperanza que todo cambiara a mejor.
Con el tema de la migración comenzó bien, sin embargo, cayó en la política tóxica antinmigrante del presidente estadounidense Donald Trump. Y en esta ocasión desde julio México desplegó unos 15,000 soldados y policías en la frontera norte para cumplir con el compromiso asumido con el gobierno de Estados Unidos de frenar la migración, realizando detenciones incluso al borde del límite binacional.
En tanto, precisó que en la frontera sur -con Centroamérica- hay más 8 mil uniformados para evitar el paso de miles de migrantes, en su mayoría provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador, que buscan llegar a Estados Unidos huyendo de la violencia, la pobreza y de la falta de oportunidades.
La presidencia de AMLO termina el 1 de diciembre de 2024. Cinco años: ¿podrá México reinventar su futuro bajo el mando de este carismático líder progresista?
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