Foto: Conexión.HN-DDHH
Introducción
El gobierno del presidente Juan Orlando Hernández (JOH), aprobó la asignación de cerca de 4 mil millones de lempiras a las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) para que ejecuten un programa de desarrollo agrícola, en clara violación de la Constitución de la República y de las competencias privativas de las instituciones que tienen la responsabilidad de planificación, ejecutar y evaluar las políticas, programas y proyectos en la materia, incluyendo la administración de los recursos asignados.
Después del golpe de Estado (junio de 2009) se habló de una remilitarización de la sociedad hondureña, pero hoy se habla de un cogobierno JOH-FFAA, capaz de garantizar la continuidad de su mandato ilegítimo, en un entorno de creciente corrupción, impunidad, narcotráfico y la vigencia de un modelo de corte neoliberal que, hasta hace poco, tenia a Chile, como referente teórico y evidencia comprobada en resultados de estabilidad y crecimiento económico.
Pavimentando el camino
Honduras enterró la reforma agraria en 1992, al aprobarse y entrar en ejecución la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMSA), principal instrumento del programa de ajuste estructural de la economía en el agro, integrante de las políticas de ajuste económico y cambio estructural avaladas por el FMI y asumidas como válidas por el gobierno de Rafael Leonardo Callejas (1990-1993), perteneciente al Partido Nacional que hoy desgobierna Honduras con Juan Orlando Hernández (JOH) a la cabeza.
La LMDSA fue diseñada por Roger Norton, un destacado economista contratado por USAID, pero avalada por organizaciones campesinas como la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH) y la Unión Nacional de Campesinos (UNC), cuyos dirigentes fueron denunciados por recibir dineros y tierras del gobierno por aprobar dicha legislación en contra de sus bases. Esta Ley, sigue aun vigente, aun cuando muchos de los postulados teóricos no se aplican, la institucionalidad creada ha desaparecido y gran parte de sus programas y reglamentos se volvieron obsoletos, caso del Fondo de Tierras y el Fortalecimiento y Desarrollo Empresarial del Sector Reformado (empresas y grupos campesinos creados con la Ley de Reforma Agraria de 1970) de la economía hondureña.
Los efectos e impactos de la LMDSA todavía no han sido evaluados, y los gobiernos no han querido ir en contra de una política agraria que sistemáticamente destruye el tejido y la base económica y social rural, aumenta la concentración y ociosidad de la tierra, debilita la producción de bienes salarios, atomiza las organizaciones campesinas, aumenta el riesgo de la inseguridad alimentaria y vuelve dependiente al país de importaciones de alimentos.
Frente a esta parálisis agraria, después del golpe de Estado (junio de 2009), el Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA) exigió al gobierno de “Pepe” Lobo la entrega de tierras en poder de Miguel Facusse y Rafael Canales, que fueron pagadas por el Estado a los empresarios para ser explotadas por las cooperativas y grupos campesinos, teniendo que asumir la deuda con la banca y honrarla con los ingresos obtenidos por la venta de palma africana. En la actualidad, las expectativas no son favorables a MUCA, en tanto hay retrasos en los pagos al banco, y lo más seguro es que las tierras vuelvan a ser adquiridas por las empresas agroindustriales de la zona fundadas mayormente por Miguel Facusse.
Hay más de 10 años de parálisis agraria, donde el gobierno ha venido cercenando las competencias del Instituto Nacional Agrario (INA), Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) y Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG). En el caso del INA, además de disminuir su presupuesto, se han reducido sus competencias y cobertura en la prestación de servicios a los campesinos, al aprobarse el decreto ejecutivo PCM-051-2016 de julio de 2016, que suprime oficinas sectoriales del INA en Talanga, Intibucá, Sabana Grande, Yoro, Catacamas, Copan, Ocotepeque, Danlí, El Paraíso, Choluteca y Valle, sumado al eliminación de la División de Atención a los Pueblos Indígenas y Afro hondureños, donde se incluye la atención a las organizaciones indígenas, grupos y cooperativas del sector reformado.
El Banadesa, considerado el banco de los campesinos y reforma agraria, primero se intentó cerrar, pero el gobierno ocupaba un voto colegiado de los diputados del Congreso de la República en tanto implicaba modificar la Constitución de la República; después se autoriza para que un banco de segundo piso, caso del Banco Hondureño de la Producción y Vivienda (BAHPROVI), opere como banco de primer piso, debilitando a Banadesa; sumado al apoyo incondicional a Banrural, un banco privado donde dirigentes campesinos y gremiales-no coludidos con la corrupción- acusan que funcionarios de gobierno son socios. Hoy, se está a la espera del cierre de Banadesa por liquidación de activos, ya que la mayor parte de su cartera se encuentra en mora y no hay indicios de inyección de recursos frescos y reestructuración de deudas de los pequeños productores, cooperativas y grupos campesinos.
Con la SAG se empezó con robar los fondos presupuestarios (caso Pandora), donde se involucraron funcionarios de gobierno y políticos de los partidos tradicionales; posteriormente, se invisibilizó el accionar de la unidad de planificación sectorial y del Consejo de Desarrollo Agrícola (CODA), sumado al debilitamiento de los programas y servicios como PRONAGRO, el programa de los agronegocios rurales que operan con un raquítico presupuesto, la reducción de las competencias de la Dirección de Investigación, Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA) y del Servicio Nacional de Educación y Capacitación Agrícola (SEDUCA), al asignarse por decreto PCM-037-2019 de julio de 2019, varias de las competencias al programa de Sistema de Centros de Innovación Tecnológica y Agrícola (SCITA), adscrito a la Secretaria de Educación, y cuyo director será nombrado directamente por el Presidente de la República.
Al parecer, con estas acciones, JOH pavimentó el camino no solo para tener un mayor control de las competencias y fondos públicos, sino también para que su principal aliado, las FFAA, participen más y “activamente” del reparto del pastel de dichos fondos.
II. En todo militar hay un campesino y pequeño productor
Una gran parte de los integrantes de las Fuerzas Armadas Hondureñas y de la Policía Nacional, proviene de familias asentadas en municipios y departamentos de fuerte presencia indígena y campesina, con arraigo en la tierra y producción de bienes alimentarios. Miran en la “milicia” una oportunidad para salir de la pobreza material que enfrentan, que además de la mejora de sus ingresos monetarios les garantiza cierto estatus social y poder. Los que han llegado a altos rangos (coronel, por ejemplo) y ocupar altos cargos, piensan en adquirir tierras y criar ganado, a efecto de garantizar un retiro sin riesgos y olvido; lo que no lo logran, buscan que se aumente su jubilación y aportar o dirigir sus propias empresas de seguridad privada; otros se convierten en narcotraficantes degradados.
En algún momento de su vida, Berta Cáceres, lamentaba que sus propios compañeros de aldea y municipio, se prestaran a reprimir a sus hermanos de sangre por defender la tierra, recursos naturales y biodiversidad. En tal sentido, opera una especie de alineación sobre los valores patrios, utilizados para que los aspirantes a soldado o policía, tengan claro que el primer deber es con la patria y derivados como la propiedad privada, orden y la seguridad interna.
El presidente Hernández mediante decreto PCM-052-2019 de octubre de 2019, creó el Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras (PDAH), cuyo objetivo principal “es incrementar la productividad y rentabilidad agrícola, mediante la inversión en activos productivos, así como el establecimiento de una mentalidad emprendedora desarrollando conocimientos, capacidades, actitudes y habilidades como elemento esencial generador de riqueza para los productores y productoras” (Art, 1).
El problema, al igual que la disminución de presupuesto y violaciones de las competencias jurídico-institucionales de INA, BANADESA y SAG, es que el programa cercena aún más dichas competencias y, en el caso particular del INA y BANADESA, es inconstitucional ya que viola dichas competencias establecidas en la Constitución de la República. El PDAH estará escrito a la Secretaria de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, con una Dirección (C-10) en la Jefatura del Estado Mayor Conjunto, responsable de estructurar, ejecutar y administrar el programa.
La asignación de recursos para la ejecución del programa asciende a la cantidad de 3,909,914,253,58 millones de lempiras, para ser ejecutados en un periodo de seis (6) años desde 2019 a 2015, lo que abarca otro gobierno (2022-2025), en caso que JOH no decida lanzarse de nuevo ya que la ventana de la reelección está abierta. En caso que el programa se ejecute en 2019, 2020 y 2021 sin “tropiezos”, los militares negociarían con el nuevo gobierno para que el programa no sea eliminado, tal como ha sido la costumbre a través del tiempo (léase: combate de incendios forestales y protección del bosque).
Los beneficiarios del PDAH serían un total de 60,000 productores, en su mayor parte pequeños productoras (as) y aquellos organizados en grupos campesinos y cooperativas de la reforma agraria. Las dudas que surgen son ¿Cuánto le tocará a cada productor? ¿Qué rubros serán apoyados y cuanto será las áreas (manzanas) destinada a sembrar? ¿Los recursos del programa destinados a los campesinos tendrán algún costo o no? ¿Qué Banco otorgará dichos recursos? ¿Quién (es) además de las instituciones públicas brindarán servicios de asistencia técnica y capacitación? ¿Las FFAA podrán contratar empresas privadas (tercerización) para brindar este tipo de servicios? ¿Quiénes son los dueños de estas empresas privadas? ¿Los recursos asignados al programa son recursos públicos (provenientes del pago de impuestos), o algunos son privados o deberán ser contratados vía préstamos? ¿Cuándo es el gasto administrativo por la ejecución del programa? ¿Quién auditará los fondos y en qué tiempo? ¿Quién evaluará el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo del Programa, POA y presupuestos anuales? ¿Acaso estas metas guardarán relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)?
Estas dudas y otras interrogantes surgen frente a la decisión de JOH de asignar recursos públicos a una institución cuya competencia fundamental no es sembrar ni producir alimentos. ¿O, acaso, hay gato encerrado? JOH nos tiene acostumbrados a jugar con pelota adelantada. El próximo año hay elecciones internas, y será un año difícil para la gestión del gobierno, no solo por la desaceleración de la economía, sino por la presión social y política cuyo objetivo es la exigencia de su renuncia como presidente ilegítimo de Honduras, requisito fundamental para allanar el camino a la transición democrática.
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