El viernes anterior, en la Plaza La Merced, el Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos en Honduras (COFADEH) hizo eco del homenaje internacional a Miriam Miranda, mujer símbolo de la lucha del pueblo garífuna en la costa atlántica.
La Fundación Ebert, cuya sede de origen está en Berlín, la capital de Alemania, eligió a Miriam como la ganadora del Premio Anual de Derechos Humanos de esa organización mundial, por su lucha en defensa de los humedales, las costas, litorales y territorios garífunas amenazados por el turismo cinco estrellas que no respeta a su madre.
“Enfrentamos una narco dictadura que viola los derechos humanos del pueblo hondureño, que incumple las sentencias del sistema interamericano de derechos humanos a favor de los garífunas, y que entrega la soberanía territorial del país al sucio capital transnacional”, denunció Miranda en su discurso de aceptación del premio en Berlin.
Casi al mismo tiempo que la coordinadora de la OFRANEH alzaba su voz en Europa esta semana, un tribunal en Tegucigalpa individualizaba las penas a los ejecutores materiales del crimen contra Berta Cáceres ejecutado el 2 de marzo de 2016 en La Esperanza.
“Los autores intelectuales de este crimen permiten una sentencia condenatoria de hasta 50 años de prisión a los asesinos materiales de Berta Cáceres, para simular que la justicia funciona en Honduras, y que todo vuelve a la paz y a la normalidad”, denunció Radio Progreso el miércoles, aludiendo el poder del “bienhechor” clan árabe-palestino que financió el asesinato de Berta.
“Una empresa legalmente constituida para la industria extractiva y la construcción de proyectos hidroeléctricos, con pleno apoyo financiero de Europa, liderada por la familia Atala, es la que ahora busca escabullir la responsabilidad legal de un asesinato que cae sobre sus espaldas”, dijo claramente la emisora jesuita señalando a DESA.
Durante su plantón de ayer, el Cofadeh acompañó esa denuncia de los jesuitas hondureños, porque Camilo, Pedro, Eduardo y otros miembros del clan Atala Zablah son parte del hilo financiero que comienza desde el FMO y FindFond en Europa, que sigue hacia el Banco Centroamericano y al Grupo Financiero FICOHSA en Tegucigalpa, hasta desembocar en Desarrollos Eléctricos, SA (DESA) en San Francisco de Ojuera. Y los Atala son ejecutivos en toda esta cadena de negocios.
Ningún grupo de hombres con tanto poder podía estar tranquilo con la presencia y la palabra de Berta Cáceres, que rechazaba las represas, las mineras metálicas a cielo abierto, las eólicas y las otras falsas empresas de energía verde financiadas por los fondos Red Plus de la banca internacional.
“Los hombres poderosos no pudieron controlar a la mujer que ganaba esa batalla en Honduras y que los humillaba. Y tanto los desafiaba que puso en peligro sus empresas y decidieron planificar su muerte”, subrayó la emisora que emite desde El Progreso, Yoro, al norte de Honduras.
Las noticias de estas dos mujeres extraordinarias, Miriam y Berta, llegaron a la Plaza de los Desaparecidos al mismo tiempo que el impostor Juan Hernández pedía en Madrid mil millones de dólares del Fondo Verde para la resiliencia al cambio climático, alegando con mentiras que actualmente su régimen sacrifica los presupuestos de salud y educación para ese cometido.
El Cofadeh hizo la corrección en la Plaza. Dijo que los militares y policías parásitos, perversos al atacar la rebeldía del pueblo digno de Honduras, son quienes absorben ese presupuesto gigantesco que tiene en precariedad máxima la salud y la educación del pueblo, en tanto la violencia continúa su galope macabro a nivel nacional.
Además de ese cinismo oficial, señaló la organización humanitaria, es una tremenda estupidez que en medio de acusaciones serias por narcotráfico y corrupción contra la élite impostora, ésta haya aceptado convertir a Honduras en un “país seguro” para acoger migrantes retornados que van o vienen de Estados Unidos. Y una estupidez que Estados Unidos haga tratos con delincuentes.
Este señalamiento fue hecho en momentos cuando la prensa mostraba las condiciones precarias de los primeros migrantes retornados de Estados Unidos. Estamos hablando de hermanos migrantes de diversas nacionalidades que empiezan a formar en Tegucigalpa, y en otras ciudades, la gran represa humana que el supremacismo blanco quiere lejos de las fronteras de Estados Unidos, sin importarle en qué circunstancias.
“Es una tremenda estupidez haber aceptado esta imposición a Honduras, dijo el cofadeh, porque el país ya era desde hace 15 años una máquina expulsora de su gente, una olla caliente por las violencias del golpe de Estado, las desigualdades generadas por el crimen organizado y los corruptos, que han sacrificado la esperanza de la población”. En resumen, un país inseguro.
En un texto difundido en el centro histórico de Tegucigalpa, el Comité de víctimas acusa al Comando Sur de Estados Unidos por esta nueva tragedia impuesta a Honduras, que es contradictoria con su política de puertas abiertas a los narcotraficantes y a los guerreristas que ocupan el país con bases de marines, agentes del FBI, de la DEA y la CIA, que son corresponsables de violaciones graves a los derechos humanos en nuestro territorio.
Además de esta lectura crítica de “país seguro” al servicio de la política militar antimigratoria de Estados Unidos, el cofadeh aprovechó su último plantón del año, para denunciar que el régimen corrupto controlado por el Cartel de Lempira, busca prolongar la existencia de la MACCIH a su manera, es decir, sin facultades de investigación ni de acusación penal.
En otras palabras, el Comité sugirió que la intención es mantener en el país una misión de la OEA para hablar sobre la corrupción y la impunidad, pero sin ninguna consecuencia para los grandes autores de hechos criminales ni para el flamante sistema que les protege. En este sentido, ni el presidente de la Red, Mauricio Oliva, ni el versage líder de la manada de la Casa Presidencial ni su esposa, suegra ni socios de Río Grande, podrían ser llevados a la Corte Suprema o al distrito sur de Nueva York. Y menos los generales de fusina y los empresarios lavadores de dinero sucio, ensangrentado.
También en su plantón de ayer, la organización de víctimas que viene de conmemorar su 37 aniversario de existencia el pasado 30 de noviembre, denunció que el lobby nacional e internacional de la dictadura está socavando la permanencia de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU en Honduras.
Según el cofadeh, el régimen impostor de Juan Orlando Hernández ya fijó una fecha en febrero del próximo año para finalizar el mandato de la Alta Comisionada. Los lobistas alegan que el personal responsable de la oficina sólo acompaña comunidades y personas opositoras, y que escucha frecuentemente a la ciudadanía en menoscabo del régimen.
El Comité no abundó detalles en su comunicado público del viernes, pero dejó sugerido que si la dictadura concreta sus planes macabros de expulsar a los organismos internacionales de vigilancia e intervención positiva, como la MACCIH y la Alta Comisionada de la ONU, el país quedará completamente en manos del crimen organizado violento que mantiene secuestrado el Estado.
El balance de la organización humanitaria fue preciso: Ambos organismos intervinientes no lograron hasta la fecha ningún cambio relevante de la realidad. Apenas avanzaron a identificar los autores con poder político que operan amplias redes delictivas desde el Congreso, la Corte, el Poder Ejecutivo y los bunquers militares de Mateo, pero que no gozan de una confianza plena de la ciudadana. Sin embargo, la organización reconoce que ambas instancias escuchan y a veces acompañan en el terreno casos graves de violencias estatales contra las comunidades, pero siempre limitadas por las formalidades burocráticas.
Hasta aquí nuestro resumen editorial del documento público difundido ayer por el Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos en Honduras en su cita infaltable el primer viernes de cada mes. En próximas ocasiones vamos a meditar qué más hacer frente a estos hechos.
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