Un tribunal hondureño condenó a siete personas implicadas en el crimen de la ambientalista Berta Cáceres, con penas de entre 30 y 50 años de cárcel. Según la sentencia, los ejecutivos de la empresa energética DESA ordenaron su asesinato en el marco de las movilizaciones que encabezaba para impedir la construcción de una hidroeléctrica en territorio indígena.
La muerte de Cáceres, asesinada el 2 de marzo de 2016 con varios impactos de bala en su vivienda de Tegucigalpa, se convirtió en un emblema de los líderes y activistas sociales que denuncian su persecución en el país.
Henry Hernández, Elvin Rápalo, Edilson Duarte y Oscar Torres fueron sentenciados cada uno a 34 años de prisión por ser los autores materiales del asesinato de Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
Los cuatro fueron condenados también a 16 años de prisión por tentativa de asesinato del mexicano Gustavo Castro, quien esa noche acompañaba a Cáceres en la casa y al que dejaron baleado creyendo que había muerto.
El mayor del ejército Mariano Díaz, el gerente ambiental de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), Sergio Rodríguez, y el exjefe de seguridad de esa compañía, Douglas Bustillo, cumplirán 30 años de cárcel, según el fallo.
El tribunal había declarado culpable el 30 de noviembre de 2018, a Bustillo, Rodríguez y Díaz de haber contratado a los cuatro asesinos por 4.000 dólares para que mataran a la ambientalista.
Cáceres estaba esa noche en su casa en la comunidad occidental de La Esperanza cuando los cuatro sicarios forzaron una puerta para ingresar a la vivienda y matarla a tiros. En otra habitación estaba Castro, a quien dispararon y huyeron creyendo que había muerto.
Cáceres había denunciado amenazas del personal de DESA en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que dictó medidas cautelares para su protección. Por el crimen también está preso desde marzo del 2018 el presidente de DESA, David Castillo.
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