Por Sandra Rodríguez
Más de 60 personas en El Progreso, Yoro, fueron judicializadas en el marco de protestas post fraude electoral del 2017, aunque la mayoría de los casos no salieron a luz pública, la criminalización fue documentada por defensores de derechos humanos de la ciudad ubicada al norte del país.
Las procuradoras del Área de Acceso a la Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Karol Cárdenas y Dora Oliva, acompañadas del abogado y defensor de derechos humanos, Merlin Bonilla, tuvieron acceso a algunos de los expedientes de presos políticos, que en su mayoría gozan medidas sustitutivas a la prisión, y dos permanecen privados de libertad.
También se tuvo acceso al libro de entradas correspondiente al año 2017 del Juzgado de Letras de lo Penal de El Progreso, en el que se corroboró la existencia de números expedientes en los cuales se inició procesos penales contra quienes se manifestaron contra el fraude y régimen de JOH.
El monitoreo se realizó el martes 25, previo a la Audiencia otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre faltas al debido proceso en casos de presos políticos en Honduras, a realizarse el 03 de octubre en el Salón “Wittemyer Courtroom”, University al Colorado Law School, de 9:00 a 10:00 de la mañana, en Colorado, EEUU.
La la audiencia “Situación de personas criminalizadas y privadas de la libertad en el contexto de conflicto postelectoral en Honduras” fue concedida ante la petición de Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Comité Nacional por la Liberación de los Presos Políticos y la Coalición contra la Impunidad.
La crisis post electoral dejó en Honduras a 22 presos políticos, pero el 30 de agosto Día Nacional del Detenido Desaparecido, la cifra aumentó luego que un juez enviara a prisión a 12 ciudadanos acusados de incendiar el Palacio Municipal de Las Vegas, Santa Bárbara, supuestamente durante las protestas que se dieron post fraude que mantiene en el poder a Juan Orlando Hernández. Estas personas fueron enviadas a la cárcel de máxima seguridad conocida como El Pozo, sumando así 17 privadas de libertad.
Ya que permanecen recluidos Edwin Robelo Espinal y Raúl Eduardo Álvarez, en la cárcel de máxima seguridad situada en La Tolva, Morocelí, El Paraíso; Gustavo Adolfo Cáceres y José Gabriel Godínez privados de libertad en El Centro Penal de El Progreso, Yoro; y Edy Gonzalo Valle recluido en El Pozo, ahora son 13 presos políticos recluidos en Ilama.
El defensor Merlin Bonilla, detalló a defensoresenlinea.com, que en la ciudad de El Progreso es donde más criminalizados hubo por oponerse al fraude al electoral, al menos 65 personas estuvieron en prisión y por diferentes razones Gustavo Adolfo Cáceres y José Gabriel Godínez no siguen tras las rejas.
Las y el abogado en la revisión de expedientes
Cabe señalar que a ninguno se le imputan delitos políticos, sino que se les tipifica en otro tipo, de ese modo el régimen puede negar la existencia de ellos en la cárcel de esa ciudad. Hay un expediente que contiene a 25 personas acusadas de incendiar la municipalidad, y el alcalde Alexander López Orellana, del Partido Liberal, ha manifestado que él no va a conciliar.
Bonilla representa a Jonhy Salgado, uno de los primero presos políticos en obtener libertad bajo medidas contrarias a la prisión, es un caso emblemático, afirmó, ya que está inmerso en dos procesos judiciales, uno en su cintra donde lo tachan de portación ilegal de armas y uso indebido de indumentaria militar/policial; y otro caso en que se logró acusar a los policías que lo sacaron de su vivienda violando sus derechos humanos para arrestarlo, ambos son con la finalidad de buscar justicia.
El Progreso es una de las ciudades que constantemente realiza acciones de resistencia contra la dictadura histórica en Honduras. Del Golpe de Estado del 2009 a la fecha, los y las progreseñas realizan protestas por la situación de país, y con ello hay imposiciones gubernamentales para retenerlos hasta con la instalación de casetas de cobro de peaje que los dejaría incomunicados a menos que paguen un coste económico para circular hacia San Pedro Sula, Comayagua y posiblemente la ciudad de Tela, Atlántida.
Es este lugar vive el dictador Roberto Micheletti Bahin, presidente de facto tras el golpe contra Manuel Zelaya, eso no impide que la población continúe en las calles exigiendo el respeto a los derechos humanos, detalló Bonilla, quien es padre de un joven víctima de ejecución extrajudicial en el año 2011.
DATO:
Los jóvenes Nahúm Murillo, Neptaly Galeano y Narzy Bonilla, fueron ejecutados de varios balazos el uno de febrero del 2011 en el balneario Los Encuentros, Agua Blanca Sur, El Progreso, Yoro. Los policías señalados en el triple crimen son: Santos Fidencio Pérez Corea, Mario Alexis Corea Hernández y Glendi Georgina Rosales Martínez, quienes estaban asignados para ese entonces a la posta policial de dicha comunidad.
Los tres jóvenes salieron el martes 1 de febrero del 2011, en horas de mañana con la intención de trasladarse a un balneario ubicado en la parte alta de la comunidad. Horas más tarde fueron encontrados asesinados. Cerca de los cadáveres se encontró un casquillo de fusil y uno posiblemente de arma calibre 22.
Además, se encontró a la par de los pies del cadáver de Narcy un radio de comunicación, este aparato fue decomisado por el Sargento Rosales, Jefa de la Policía de Agua Blanca, declaró en su momento Bonilla.
Posteriormente, se encontraron más evidencias que implican como ejecutores del crimen a la y los policías Glendi Georgina Rosales, Santos Fidencio Pérez Corea y Mario Alexis Hernández Corea, mientras que a un policía de apellido “Ponce” en el transcurso del juicio, no se logró identificar como implicado, denunció Merlín Bonilla.
Don Merlin, como es llamado en el COFADEH, y a quien se le ha acompañado en la búsqueda de justicia, lamenta que en dicha ciudad exista impunidad y se criminalice -en este caso- a quienes se oponen al régimen hondureño, y que haya personas presas políticas por su forma de pensar.
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