Por Javier Suazo
Foto: ONU/Cia pak
"La reforma neoliberal es, en realidad, una contrarreforma, sin validación por los actores reales como médicos, enfermeras, maestros, alumnos, obreros, microempresarios, industriales, pepenadores, lustrabotas, campesinos, indígenas”
Víctor Flores, dirigente obrero
Para los neoliberales el Estado es el problema, pero se sirven de él. En Honduras para el caso, se escucha a dirigentes empresariales despotricar contra las instituciones del Estado, pero utilizan fondos de las mismas para hacer negocios y lucrarse; la cruzada, tal como la siguió Ronald Reagan en USA y la sigue Macri en Argentina, es más mercado (privatización y desvalorización del trabajo) y menos Estado. Igual, despotrican contra las instituciones, pero no contra los funcionarios corruptos, muchos de los cuales provienen del sector privado.
Una falla visible en la consigna es que, curiosamente, el gasto público en defensa y seguridad aumenta, pero también los gastos financieros del gobierno central para enfrentar los compromisos con el sector privado derivados de las concesiones otorgadas y la privatización de empresas públicas, acompañado de un fuerte gasto fiscal por el otorgamiento de exoneraciones, lo que presiona para más impuestos a la población sin los cuales es poco probable que la deuda total sea sostenible a mediano plazo o largo plazo.
En el caso de Honduras, hay evidencia de una cruzada contra el Estado, pero no para beneficio del país sino de grupos empresariales corporativos y políticos corruptos. Se exige a un gobierno complaciente la privatización de empresas públicas, playas, costas, reservas arqueológicas y forestales, biodiversidad, energía, agua potable e infraestructura, pero es poco lo que se da en ofrenda. El país se está quedando sin ahorro interno real producto de ingresos captados por entrega de bienes y servicios públicos, tal como existió en el pasado donde los superávits financieros de empresas como la Portuaria, Hondutel, ENEE, COHDEFOR, Correos, otras, servía no solo para cerrar brechas en el presupuesto de ingresos y gastos, sino también financiar el gasto de Inversión Pública.
La apuesta del gobierno y de grupos empresariales corporativas es el aumento de las exportaciones de café, aceite de palma, banano, camarones, frutas y legumbres, sumado a la minería, azúcar y maquila, los que concentran más de 85% de las exportaciones totales del país. Es una estructura productiva atomizada, altamente vulnerable y generadora de empleos y salarios espurios netos, que incluso recibe pocos montos de inversión extranjera directa (IED), unos 1,185.7 millones de dólares en 2017 (BCH.2018), de la cual la mayor parte es reinversión de utilidades, que no compensa el sacrificio de la economía y población. Una caída de los precios internacionales de café, tal como sucede en la actualidad, exige de este Estado ineficiente y corrupto más recursos, unos 1,900 millones de lempiras aprobados por el Congreso de la República para compensar a los productores a razón de 200 lempiras por quintal de café oro, sumado a 4,800 millones de lempiras para apoyar la siembra, secado y venta interna.
El presidente Juan Orlando Hernández (JOH), demandó en Naciones Unidades el reconocimiento internacional del pago de un mayor precio por el saco de café que producen los pequeños productores hondureños, ya que los consumidores finales en Europa y USA pagan por una taza de café mucho más, cerca de cinco dólares. El país es el quinto (5) exportador de café del mundo y el tercero (3) a nivel latinoamericano; pero más allá de las estadísticas, es evidente la incapacidad interna para poder enfrentar los crecientes diferenciales entre los precios internos y los precios por consumo de café (taza) en los países consumidores, pero también la transferencia de ingresos de los productores de café a través del comercio interno y externo; en la cadena de café interna, el pequeño productor es el menor beneficiado por quintal exportado.
Las inundaciones provocadas por las tormentas que azotaron la zona sur y centro del país a finales de la llamada Semana Morazánica (1-8 de octubre), o semana del consumo, exigen recursos del Estado no solo para apoyar a las personas damnificadas, sino a los productores por pérdidas de cultivos como camarón, azúcar, melón, tilapia, okra, estimadas en cerca de 90 millones de dólares. Los maquiladores exigen que no se toquen (eliminen) las exoneraciones fiscales y otros incentivos, ya que se pone en riesgo la pérdida de más de 132,000 empleos generados en 2017. Los directivos de las Cámaras Turísticas demandan que el feriado Morazánico no sea eliminado ni los cinco (5) días de feriado de Semana Santa. Las empresas mineras que no se apruebe la Consulta Previa, ya que se ahuyentará la inversión.
Contrario a esta apuesta, el único rubro que no ha necesitado del Estado ni del sector privado para crecer, es el de las remesas familiares, donde miles de hondureños enviaron 4,355 millones de dólares en 2017 para sostener la economía. Lo que exigen es que los dejen trabajar en paz, ayuden con sus hijos cuando son separados de sus padres y confiscados como mercancía; igual, que las instituciones financieras locales entreguen a tiempo los dineros que envían y no les roben por el diferencial cambiario.
Hay quizá una especie de espejismo en esta apuesta, y es que otros sectores crecen y aportan al PIB, por lo que no solo dependemos de rubros tradicionales y no tradicionales. Uno de estos sectores son los servicios y, particularmente, los servicios financieros. Otros, las telecomunicaciones y construcción (vivienda e infraestructura económica y social), donde el potencial de generación de mayor valor agregado de corto plazo es menor. En el caso particular del sector forestal, en otrora un sector dinámico, generador de empleos netos de buena calidad y un rápido valor agregado al potenciarse los subproductos derivados, muestra un creciente abandono institucional, aunque su protección sirve de barrera natural a los embates de la naturaleza, por lo que debe ser una política de Estado su apoyo y desarrollo planificado.
Honduras se apresta a suscribir un nuevo convenio con el FMI, donde la cantaleta de las finanzas de la ENEE y las deudas con las empresas de energía es la principal justificación para apoyarlo, sumado a la privatización de la salud y educación con el Comisionismo Burocrático creado por encima de la institucionalidad vigente, control de la masa salarial y devaluación son sus componentes fundamentales. En estas negociaciones, el FMI puede también hacer eco de la demanda de organizaciones sociales y MiPymes, para la regulación efectiva de exoneraciones fiscales, fondos de fideicomisos y endeudamiento que ha disparado las alarmas. Sin embargo, estas medidas en la coyuntura actual de creciente inestabilidad política y social, sumado a los problemas generados por las lluvias, puede complicar más la situación en vez de mejorarla.
El país llegó a un límite en el cobro de impuestos indirectos, con una población sumida en la pobreza, desempleo y salarios espurios. Esa alianza del gobierno con grupos corporativos fanáticos del modelo neoliberal, lo imposibilita a introducir y aprobar una reforma tributaria y financiera más amplia y justa, donde los impuestos a la tierra ociosa, propiedad y patrimonio sea la orden del día no la excepción. Hay que buscar nuevos espacios y políticas alternativas, ya que si seguimos con el modelo de corte neoliberal autoritario en vez de avanzar podemos retroceder hasta él fango. La apuesta debe venir desde los territorios, o sea iniciativas de actores locales diversos.
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