Foto Radio Progreso
La Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (COPA) denunció este martes la persecución judicial en la que se han emitido 18 órdenes de captura contra líderes y lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos de las organizaciones integrantes del Comité municipal de los Bienes Comunes y público de Tocoa.
A continuación compartimos la Alerta que emitió COPA este martes:
La Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (COPA); a las Organizaciones Nacionales e Internacionales a 70 días de Campamento comunicamos lo siguiente:
1. El gobierno de Juan Orlando Hernández representado en INHGEOMIN y MI AMBIENTE, el Alcalde Adán Funes Martínez junto a la Empresa minera Inversiones los Pinares, sus trabajadores y activistas han emprendido una campaña mediática de criminalización y difamación contra COPA, FSAR, parroquia de Tocoa, Juan López y Leonel George poniendo en riesgo la vida, la seguridad desconociendo la labor genuina a favor de las comunidades, de los ciudadanos y ciudadanas en el valle del aguan.
2. Condenamos la persecución judicial en la que se han emitido 18 órdenes de captura contra líderes y lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos de las organizaciones integrantes del Comité municipal de los Bienes Comunes y público de Tocoa, bajo el expediente 148-2018 y orden de desalojo del Campamento Por la Vida mediante un juez de jurisdicción nacional en San Pedro Sula tipificado como delitos de alta peligrosidad la defensa del agua y los derechos fundamentales de las comunidades; desconociendo los derechos legítimo y legales garantizados en las leyes Nacionales y tratados y convenios internacionales firmados por Honduras por lo que exigimos su cancelación de inmediato ya que atenta contra la libertad del ejercicio de la labor de defensa de los derechos humanos individuales y colectivos.
3. Condenamos la criminalización y persecución contra Carlos Leonel George miembro de la Junta Directiva de COPA, defensor de derechos humanos, Comunicador social y beneficiario de las Medidas Cautelares de protección emitidas por la Comisión Interamericana de derechos humanos (CIDH ) las MC 5014 en su ampliación, que en vez de proteger su vida el Estado de Honduras la pone en peligro por lo que es su responsabilidad de Juan Orlando Hernández, Adán Funes Martínez y la Empresa minera Inversiones los Pinares por cualquier atentado contra la vida de nuestro Compañero.
4. Exigimos una investigación sobre las campañas de criminalización y motivaciones mediante comunicados de organizaciones falsas y medios de comunicación y personas que se prestan por intereses personales olvidando los intereses colectivos y los derechos fundamentales de las comunidades, de los ciudadanos y ciudadanas del municipio de Tocoa, Colón.
5. Condenamos la actitud del gobierno de Juan Orlando Hernández, del Alcalde Adán Funes Martínez de desconocer los derechos de las comunidades, ciudadanos y ciudadanas y negar las peticiones de los barrios, colonias y comunidades de los distintos sectores del municipio donde exigen Cabildo Abierto municipal y la cancelación inmediata de las licencias ambientales y concesiones de minería ya que son ilegales e ilegítima por encontrarse en la zona núcleo del parque Nacional Carlos Escaleras Mejía antes Montaña de Botaderos y el municipio no fue consultado y esas concesiones ponen en riesgo el agua del municipio de Tocoa, Colón.
6. Hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos a levantar Alerta por lo que sucede en el campamento Guapinol en defensa del agua y la vida ya que con la persecución judicial desde el Estado de Honduras los deja indefensos para ser atacados por grupos de choque creados por la Empresa minera Inversiones los Pinares y activistas del Alcalde Adán Funes Martínez.
“Defender el agua y la vida no es un delito, es un derecho humano fundamental”
“Alto a la Criminalización Estatal contra defensores de los derechos humanos.”
Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (COPA)
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