Por Riccy Ponce
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió la petición realizada por Amnistía Internacional, Comité por la Liberación de los Presos Políticos, CEJIL y la Coalición Contra la Impunidad, de conceder una audiencia en su 169 periodo de sesiones que realiza dos veces al año en ese organismo internacional, esto con el fin de hablar sobre la situación de los presos políticos en el país.
La audiencia se realizó este miércoles en Boulder, Colorado, Estados Unidos, donde los representantes de sociedad civil expusiera ante ese órgano la situación de los presos políticos y las violaciones a los derechos humanos que han sido víctimas.
Breda Mejía, representante de la Coalición Contra La Impunidad explicó inicialmente a la CIDH el contexto en el que se dio la crisis post electoral del 26 de noviembre de 2017, donde se realizaron elecciones generales en Honduras y como se dieron los hechos que generaron la desconfianza de la población, hasta que fue confirmado el resultado final, donde fue declarado presidente a Juan Orlado Hernández, cuya candidatura es considerada ilegal por varios sectores.
“Como consecuencia de esas elecciones, las personas comenzaron a manifestarse y movilizarse en reclamo de lo que consideraba un fraude electoral, el gobierno respondió a estas manifestaciones pacíficas con el uso desproporcionado de la fuerza y suspendiendo garantías, en particular la libertad de circulación durante los 10 primeros días de diciembre”.
En este contexto, la protesta social era considerado como un acto delictivo de criminalidad organizada y estructurada, siendo quien participa en ellas blancos de ataques sistemáticos, persecución, vigilancia, tratos crueles e inhumanos y degradantes, torturas, difamación y calumnias, señaló Mejía.
Agregó que la persecución se enfocó en líderes de oposición y en personas con alto nivel de liderazgo en las comunidades; una vez identificadas estas personas se realizaron allanamientos arbitrarios, domiciliarios, detecciones si orden judicial y con implantación de pruebas, coaccionado a los detenidos para la aceptación de los cargos.
Por su parte Karol Cárdenas, del área de acceso a la justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), organización que lleva la representación legal de Edwin Espinal, recluido en La Tolva, expresó su preocupación por el acceso a los informes y la celeridad para celebrarse las audiencias, impidiendo la preparación de una estrategia de defensa.
“Nos preocupa la falta de acceso a los informes y la celeridad para celebrar las audiencias, impidiendo que se prepare una estrategia de defesa, en un caso concreto, el juzgado señaló la audiencia inicial con un día de diferencia de la audiencia de declaración de imputados, siendo este un día inhábil, contrariamente se observa un retardo injustificado en las etapas subsiguientes”.
Cárdenas agregó que esto ocurre al momento de presentar los recursos de apelación, que en algunos casos tardaron casi seis meses para llegar a la Corte de Apelaciones en los casos de los recluidos de Pimienta, ya que el expediente que fue enviado a la Corte de Apelaciones estuvo no localizable durante más de 30 días y fue por las acciones de los defensores de derechos humanos que fue identificado.
Por todo lo expuesto, es claro que el derecho penal está siendo utilizados para someter a los disidentes políticos a procesos injustos; resaltamos el uso de la figura de testigos protegidos, parecidos más bien como testigos anónimos para fabricación de pruebas y se acude además a delitos que pertenecen a la acusación pública, sin que exista la posibilidad para la defesa, finalizó Cárdenas.
Otro de los asistentes a la audiencia fue Carlos Paz de Caritas de San Pedro Sula, quien explicó la situación de los centros penales en el país.
“Las condiciones de los centros penitenciarios en Honduras no cumple con los mismos estándares internacionales, la sobrepoblación penitenciaria es un problema estructural histórico, sumado a que los centros penitenciarios son administrados por la policía militar”, sostuvo Paz.
Añadió que en el caso de las personas detenidas en el contexto post electoral, las autoridades penitenciarias agravaron las condiciones de detección como parte de la estrategia de castigo, la primera violación a los derechos se configura por el hecho de haber sido enviados a cárceles de máxima seguridad, aún cuando fueron acusados de delitos comunes.
Algunas de las peticiones que las organizaciones presentes solicitaron a la CIDH es que solicite al Estado que reconozca la existencia de presos políticos y tome medidas para su liberación; que ordene al Estado de Honduras que respete el derecho al debido proceso de todas las personas detenidas en el contexto de la crisis post electoral, incluyendo la aplicación de medidas alterativas a la prisión preventiva; inste al Estado hondureño a reubicar a las personas privadas de libertad en el contexto de la crisis post electoral que están en cárceles de máxima seguridad.
La crisis post electoral en Honduras dejó 22 presos políticos, pero el 30 de agosto la cifra aumentó, luego que se conociera que un juez enviara a prisión a nueve personas mas acusados de incendiar el Palacio Municipal de Las Vegas, Sata Bárbara. Y el 26 de septiembre dos personas más fueron enviadas a prisión por los mismos delitos.
Actualmente se encuentran recluidos 12 personas en la cárcel de El Pozo, ubicada en Ilama, Santa Bárbara; 2 en La Tolva, en Moroceli, El Paraíso; 2 en el cetro penal de El Progreso y una mujer en la cárcel de Tamara.
No hay comentarios:
Publicar un comentario