Por Marvin Palacios
Un campesino de Cedros en el municipio de Opatoro, observa orgulloso los sembradíos de su comunidad.
La criminalización es el principal azote que promueve el actual régimen en contra de los anhelos de las comunidades indígenas lencas del departamento de La Paz, que buscan recuperar tierras para su subsistencia y preservar los bienes comunes de la naturaleza.
Los pueblos indígenas lencas se consideran los guardianes de los recursos naturales como los ríos, bosques, flora y fauna, ya que, a través de generaciones, han convivido en perfecta armonía con sus recursos naturales.
Muchas comunidades localizadas en tierras altas poco fértiles, están sometidas a un continuo proceso de asimilación cultural por parte de los ladinos, incluyendo la pérdida de su lengua y buena parte de sus rasgos y costumbres propias debido a la discriminación, directa e indirecta, la vulneración de sus derechos y la privatización de sus territorios.
Una nueva gira realizada recientemente por un equipo de procuradoras y procuradores de derechos humanos del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH, recogió los testimonios y las denuncias que apuntan a que uno de los principales azotes de los pueblos lencas. es la criminalización, seguida de la exclusión del actual régimen que por razones político-partidistas, no les brinda cobertura en programas sociales.
Centenares de hombres y mujeres de las comunidades indígenas afrontan la constante preocupación por la sobrevivencia de sus familias, al que se añade la angustia por enfrentar procesos judiciales, producto de su lucha por un pedazo de tierra.
En la sede del Movimiento Indígena Lenca Independiente de la Paz-Honduras (Milpah), el equipo del Cofadeh desplazado a la zona de Marcala, acompañó a Ermin López, quien recibió la visita del Mecanismo de Protección para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Comunicadores Sociales, Periodistas y Operadores de Justicia-
Dada la situación de vulnerabilidad con que desarrolla el trabajo de defensoría de derechos humanos, Ermin López, quien además es Comisionado de Sociedad Civil ante la Municipalidad de Chinacla y miembro de la Red de Defensores Indígenas Lencas de La Paz (REDHIL-PAZ), fue sometido a un análisis de riesgo, por parte del Mecanismo de Protección, a solicitud del Cofadeh, que busca salvaguadar su integridad física y emocional.
“Por aspirar a una parcela de tierra para que vivan nuestras familias, es que se nos acusa”, comentó un dirigente campesino, que pidió guardar su nombre en anonimato.
Denuncias presentadas por López ante los entes estatales, contra empresas cafetaleras que contaminan los ríos de Chinacla,, los abusos de terratenientes que promueven la deforestación, afectando zonas hídricas y la demanda de transparencia en acciones desarrolladas por la Alcaldía de Chinacla, han sido el disparador de amenazas e intimidaciones en contra del defensor de derechos humanos indígenas lencas.
Otra decena de miembros y miembras de MILPAH también brindaron declaraciones al Mecanismo de Protección, ya que enfrentan situaciones de riesgo en sus comunidades.
Entre ellos se cuenta con defensores y defensoras de derechos humanos de Consejos Indígenas Lencas de Aguanqueterique, Cabañas, El Aguacatal, Concepción, San Sebastián, 10 de Junio y Candelaria, entre otros.
El mecanismo basó el análisis en 3 aspectos: Primero el contexto en que los defensores y defensoras realizan su trabajo, luego la existencia de personas (sean particulares o agentes del estado) que tengan la intencionalidad de causar daño y por último, la variable de la vulnerabilidad.
El Mecanismo de Protección informó al Cofadeh, que en un plazo de 2 a 4 semanas, tendrá listo los análisis de riesgo de las personas contactadas.
Por otro lado, el equipo del Cofadeh, visitó el jueves 27 de septiembre la comunidad de Cedros, localizada en la cima del municipio de Opatoro.
Cedros se compone de unas 25 familias, de las cuales, 17 indígenas lencas están acusados en los tribunales de justicia, de los delitos de usurpación de tierra y daños a la propiedad, a través de la utilización de recursos forestales.
“Por aspirar a una parcela de tierra para que vivan nuestras familias, es que se nos acusa”, comentó un dirigente campesino, que pidió guardar su nombre en anonimato.
El primer proceso judicial se produjo en 2005, cuando un contingente policial quemó sus viviendas. Los indígenas se dispersaron, pero volvieron a la recuperación del territorio; por lo que en 2012 fueron nuevamente acusados de usurpación.
La comunidad de Cedros no cuenta con energía eléctrica, contrario a la comunidad Superación, que sí disfruta de este servicio. Y la razón que expusieron los moradores, es que la comunidad beneficiada es afín a las autoridades municipales de Opatoro.
Es decir, que si alguien “no es nacionalista”, prácticamente está excluido de los beneficios de los programas de “Vida Mejor” y el “Bono Tecnológico”, comentó otro de los miembros de Cedros.
A pesar de las limitaciones y la exclusión de los programas sociales impulsados por el régimen usurpador del poder, que recae en Juan Orlando Hernández, las familias de Cedros siembran maíz, frijoles, yuca, piñas, naranjas, plátano, café y hortalizas para asegurar su sustento.
El área de Acceso a la Justicia del COFADEH, revisará los procesos judiciales que enfrentan las personas acusadas que han estado durante años, firmando el libro de registro de imputados en los juzgados de La Paz y Comayagua.
Denuncias recabadas revelan que aquellos que defienden los recursos naturales y que exigen al régimen, la consulta previa, libre e informada, son víctimas de hostigamientos, amenazas y persecución
El viernes 28 de septiembre, con el apoyo de varios miembros de la REDHIL-La Paz, el equipo del Cofadeh recolectó en la Casa de la Cultura de Marcala, una serie de testimonios y denuncias de varias comunidades indígenas lencas del departamento de La Paz.
Aquí se recibieron denuncias de la comunidad de Jilaperque en La Paz, donde varios de sus miembros están acusados de usurpación, por parte de la señoara, Digna Castillo que reclama como propios los territorios.
En 2015, unos 17 miembros de Jilaperque fueron criminalizados, los Juzgados de La Paz, dictaron medidas sustitutivas a la prisión para los acusados, quienes deben acudir periódicamente a los tribunales para firmar el Libro de Registro.
Otra de las denuncias registradas fue la del líder indígena lenca, José Adán Ortíz, quien señaló que “el conflicto de nosotros en Aguanqueterique, es por la defensa del territorio, y los contrarios nos dicen a nosotros: ¿qué andás haciendo?, te van a matar, pero nosotros hemos aprendido que la vida se defiende con la vida”.
El sistema nos quiere desaparecer, poco a poco, metiéndonos temor, pero nosotros queremos recuperar lo perdido, apuntó.
Ortíz dijo que parte del territorio de su pueblo lenca, fue cercenado para el proyecto de las oligarquías centroamericanas, denominado “canal seco”.
Uno de los tantos testimonios registrados por el Cofadeh, fue el brindado por el líder comunitario y presidente de Junta de Agua, Juan Francisco Vásquez; de la comunidad El Aguacatal en el municipio de San Jose-La Paz.
Vásques ha sido uno de los indígenas lencas que mostró su oposición a la construcción de la hidroeléctrica Aurora 1, que opera en este municipio, y que es propiedad de la vice presidenta del Congreso Nacional y diputada nacionalista Gladys Aurora López.
“El conflicto de nosotros en Aguanqueterique, es por la defensa del territorio, y los contrarios nos dicen a nosotros: ¿qué andás haciendo?, te van a matar, pero nosotros hemos aprendido que la vida se defiende con la vida”: José Adán Ortíz
En 2009, fue forzado a vender parte de su propiedad para la operación de la hidroeléctrica. Los hostigamientos del entonces alcalde de San José-La Paz, Abel García, lo obligaron a emigrar a San Pedro Sula.
En 2017, cuando retornó, la comunidad de El Aguacatal le encargó la construcción de una ermita, pero esta situación le ha traído nuevas amenazas de parte de trabajadores de la hidroeléctrica.
El defensor de derechos humanos ha sufrido agresiones físicas, amenazas a muerte y daños a su propiedad.
Entretanto Donatila Girón del Movimiento Indígena Lenca Independiente de la Paz-Honduras (Milpah), dijo a www.defensoresenlinea.com que la tarea de Milpah está enfocada en la lucha de los territorios, la tierra, el agua, y la obtención de los títulos comunitarios de todos los Consejos Indígenas Lencas de la Paz.
“El despojo se sigue dando, porque el Instituto Nacional Agrario (INA) cometió el error de dar títulos en donde ya había títulos ancestrales, entonces ese es uno de los problemas por los que estamos luchando”, sostuvo Girón.
La defensora de derechos humanos explicó que además están luchando contra la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada, que está siendo manipulada para beneficio de grupos económicos nacionales y transnacionales, por parte de políticos en el Congreso Nacional.
“Somos un pueblo indígena y por lo tanto nos basamos bajo el Convenio 169 de la OIT, y en el artículo 6 dice que todas las personas que viven en un asentamiento indígena, deben ser consultadas, y al pueblo, hasta ahorita no se le ha consultado, porque el gobierno viene a veces a hacer socializaciones de proyectos y afirma que eso es consulta, pero no es consulta”, advirtió la dirigente indígena lenca.
Añadió que una consulta previa, libre e informada, debe llegar hasta la última persona del lugar más remoto donde viva, para preguntarle si está de acuerdo o no, en instalar una represa hidroeléctrica, una eólica u otro proyecto de transnacionales.
Girón denunció a Patricia Izaguirre de la Dirección General de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (Dinafroh), que se ha dedicado “a montar paralelas en contra de nuestros Consejos Indígenas, como una maniobra para así dar paso a la consulta y que sea aprobada en el Congreso Nacional, estos de Dinafroh se están prestando para eso y andan por todo el departamento de La Paz, formando grupos paralelos”.
La reciente gira realizada del 26 al 28 de septiembre de 2108, del equipo del Cofadeh a varios municipios de la Paz, contó con el acompañamiento de personal técnico de Trocaire, agencia de cooperación que auspicia el proyecto denominado “Euro-Justicia”, que busca el empoderamiento en derechos humanos, asesoría y acompañamiento legal de las comunidades indígenas lencas de La Paz.
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