El acelerado proceso de entrega del territorio ha sido el principal tema de análisis en el “Encuentro Regional de la Alianza Centroamericana contra la Minería”, que se realizó en Tocoa, Colón, y que coincide con la tercera entrega del Premio Carlos Escaleras.
En el encuentro participaron al menos 16 organizaciones de la región, que trabajan en la defensa del medio ambiente y derechos humanos, además de representantes de comunidades que luchan contra la entrega del territorio.
El sector minero está influenciado por diferentes factores externos e internos, la confluencia de ambos ha configurado la región como destino de inversión altamente atractivo y rentable para las grandes corporaciones mineras.
La inestabilidad política producida por golpes de Estado o cambios de gobierno, han construido coyunturas aprovechadas por el capital nacional y las empresas transnacionales para obtener mayores beneficios y acaparar territorios.
Un estudio realizado por la Red para el Desarrollo de El Salvador, (CRIPDES), señala que los países con más concesiones del territorio, son los que mayores violaciones a derechos humanos presentan .
Angélica Alfaro, investigadora de la Red para el Desarrollo de El Salvador, explica que se ha encontrado que Guatemala, Honduras y Nicaragua han sido los pioneros en la explotación minera, y todos presentan serias dificultades por la cantidad de concesiones activas.
La investigación revela que las naciones que cuentan con más concesiones mineras hasta el año 2017, son Nicaragua con el 8.55% del territorio, Honduras con 6.47% del territorio, El Salvador 5.16% y Guatemala con 3.81% del territorio.
Angélica Alfaro señala que la acelerada concesión del territorio en la región responde a varios factores. A nivel externo porque existe demanda internacional de acceder a los recursos, por lo tanto, los precios se incrementan, haciendo algo atractivo para los inversionistas. Los acuerdos comerciales, que establecen cláusulas donde se permite la inversión en minería.
Por otro lado, a nivel interno, las políticas de fomento por parte de los Estados, las leyes mineras que lo promueven, y la debilidad institucional son factores determinantes a favor al concesionamiento del territorio.
Articulación y Consulta Previa
Para Julio Gonzales, activista ecológico del colectivo Madre Selva de Guatemala, es necesario la articulación como región, pues se están librando las mismas luchas.
Aunque convenios internacionales hablan sobre el derecho que tienen las poblaciones, (sobre todo las comunidades indígenas), a ser consultadas previo a la concesión de los bienes naturales, debido al poder que tienen las empresas extractivas, los propios Estados han creado mecanismos para evadirlos.
En el caso de Honduras, el gobierno y el sector privado impulsan un proyecto de ley de consulta previa, sin embargo, diversas organizaciones señal que el proyecto es para dar legitimidad a las concesiones mineras, hidroeléctricas y del territorio.
Pedro Gonzales expresa los gobiernos han inventado una serie de argumentos para beneficiar a las grandes empresas, lo que ha permitido que en toda la región poco a poco se esté legalizando el despojo. En ese sentido, dice que la aplicación de la consulta previa, libre e informada no es algo negociable, y las comunidades deben articularse a nivel nacional y regional.
En el tercer encuentro de la Alianza contra la Minería, se planteó la necesidad de articularse como países centroamericanos para hacer frente a la manipulación que se hace de este instrumento internacional.
Además, se hace un llamado a todas las estructuras de gobiernos, respetar el derecho de defender los derechos de las personas que están siendo criminalizadas por la defensa de la Madre Tierra. Sobre todo, se hace un llamado particular por la situación que viven los 18 luchadores y luchadoras de Guapinol, Tocoa, Colón.
El encuentro finalizó con muchos compromisos, pero de los más importantes continuar acompañando como organizaciones a las comunidades que enfrentan amenazas por defender sus bienes, además, comenzar la articulación a nivel centroamericano para luchar contra la industria extractiva.
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