Por Héctor Flores
Una década después el Congreso Nacional promueve una ley para mejorar las condiciones salariales de los docentes. Después de una eterna década de persecución, saqueo y asalto a las instituciones reguladoras de la carrera docente, su pensión jubilatoria y su estabilidad laboral. Pero ojo, que no todo eso el Estado lo hizo solo, ahí también estuvo el concurso de algún dirigente que, amparado en su derecho a complacer sus caprichos, vendió el destino de sus bases.
Lo hace en el marco de dos acontecimientos que marcarán la realidad nacional y para cuyo propósito necesita distractores reales, efectivos y de impacto. Uno relacionado con la reglamentación ilegal de la reelección presidencial y, el segundo, con la reforma nacional educativa (pacto nacional por la calidad educativa) anunciada en Cadena Nacional que tiene como fin dar el zarpazo final a la educación pública y privatizarla de una buena vez. En ambos la intención es la misma terminar de enterrar el poco asomo de dignidad que pesa sobre la carrera docente y los docentes que todavía quieren marcar la diferencia.
En mi particular interpretación, que puede ser una simple especulación, la propuesta de revisión salarial que se mueve en el Congreso es simplemente desmovilizadora. Pretende hacer que el gremio que puede paralizar el país no lo haga en la esperanza de que le van a resolver sus peticiones, al mero estilo del dictador Joh y su práctica de divide y vencerás. Y, además, que estén tan interesados en su asunto salarial que no se enteren que les utilizan para distraernos de la intencionalidad privatizadora que desde el gobierno se promueve hacia la educación.
Da tanta rabia que para el aumento a los profes se tenga que legislar en el Congreso, mientras para los asesinos de la democracia – disfrazados de policías y militares – hay tasa de impunidad (perdón quise decir seguridad) y para los diputados ajuste por costo de mentiras (perdón quise decir costo de la vida) cuya decisión fue automática y no se necesitó tanta discusión. Da tanta rabia que no digamos nada de esto y lo están haciendo a la vista y paciencia de todos y todas, incluidos los maestros.
Mientras los profes estén embelesados en el posible aumento, a las escuelas seguirán llegando los militares, ellos recibirán a los estudiantes en los portones, se pasearán con sus rifles por sus pasillos, van morbosear a las niñas – como lo hacen en las calles amparados en la impunidad de su uniforme – y cuando menos lo esperemos estarán dando clases en el aula al mero estilo del programa guardianes de la patria que promueve las Fuerzas Armadas. No es casualidad los 46 centros militarizados con el pretexto de la inseguridad. Esto es parte del proyecto privatizador del gobierno y, para que no se diga nada al respecto, se juega con el hambre de los profes, con su salario y su dignidad.
Ojalá al final del día, y más ahora cuando más duele la patria, los profes alcen la voz, reclamen la patria y nos devuelvan la esperanza. Ojalá su dignidad sea más grande que el hambre y no se vendan, y no vendan la educación, por una miseria salarial con la que les llenarán un rato el estómago y les pisotearán el alma para siempre.
Casi una década a pasado del Golpe de Estado aquel, en el que los profes sacaron su último asomo de dignidad patriótica, y lo han pagado caro. Muchos siguen siendo perseguidos, otros están muertos asesinados por una conspiración de limpieza social que destruye selectivamente a los líderes de los movimientos. Pero aunque todo eso duele, lo que más duele hoy es que por un poco de aumento que puede significar un poco de comida por algún tiempo, los profes van camino – voluntariamente – al matadero, guiados por líderes, diputados algunos, que malsanamente hoy, como en los días aquellos después del golpe, se prestan al juego de la dictadura para socavar el derecho a la educación pública y enterrar definitivamente la digna profesión docente.
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