En el marco del 21 aniversario de su asesinato se desarrolló la entrega de la tercera edición del premio nacional Carlos Escaleras. El reconocimiento se realiza en medio de un contexto de criminalización, percusión contra los defensores y defensoras de derechos humanos, privatización de recursos naturales, la violencia y la falta de oportunidades, que generan el desplazamiento forzado al que está siendo sometida la población.
Cientos de hondureños y hondureñas están saliendo de forma individual y masiva, como las “caravanas” que están partiendo de nuestro país y eso sólo expresa el fracaso político de los políticos y de la política en Honduras. Es la evidencia más contundente del fracaso del modelo de desarrollo basado en la explotación de los recursos, bienes naturales y el acelerado proceso de privatización de los servicios públicos.
Bajo esa realidad de crisis institucional del Estado hondureño, se enmarca la tercera entrega del premio nacional “Carlos Escaleras”, en memoria del ambientalista asesinado el 18 de octubre de 1997, por defender a las comunidades de proyectos que dañan el medio ambiente en la zona del Aguán.
El premio Carlos Escaleras, es un reconocimiento dedicado a quienes defienden el derecho a la tierra y los recursos naturales en Honduras. El mismo busca enaltecer y desestigmatizar su labor en el país.
La escalada de criminalización contra las comunidades que luchan por su territorio y bienes naturales, se reflejan en el campamento de las comunidades del sector Guapinol, en Tocoa, Colón, donde 18 de sus luchadores son criminalizados como grandes criminales.
Ganadora
Luego de una larga deliberación del jurado, conformado destacados hombres y mujeres de dentro y fuera del país, el premio fue otorgado a la lideresa comunitaria del departamento de Atlántida, María Ubaldina Santos.
Su labor de defensoría de los bienes naturales es realizada desde el 2009, en las 16 comunidades del Sector Florida por la defensa y protección de la cordillera “Nombre de Dios”, ante la amenaza de instalación de proyectos extractivos. Siendo defensora de derechos de la mujer, laica comprometida y delegada de la palabra de Dios, Pro secretaria del Patronato Regional del Sector Florida y Coordinadora del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en Atlántida.
Contexto
A raíz del Golpe de Estado del 2009, la concesión de territorio hondureño se aceleró. Centenares de familias en distintas regiones del país tienen que luchar a diario para que se respete su derecho a un ambiente sano.
Según un estudio presentado por Oxafam Internacional, el departamento de Atlántida tiene más de 34 concesiones mineras. Desde el 2009, el Estado de Honduras ha otorgado al menos 302 concesiones para la explotación y exploración de 2,173 kilómetros cuadrados, dejando daños al ambiente y a la vida de las comunidades.
En ese contexto, desde el 2010, el empresario Lenir Pérez, yerno del fallecido empresario Miguel Facussé pretendía instalar una minera en la comunidad Nueva Esperanza, y el empresario Gustavo Urrutia una extractora de óxido de hierro en la comunidad de el Carmen, ambas en Tela, Atlántida.
El inicio de los trabajos de construcción de las mineras, desató un ambiente de criminalización, persecución y agresiones contra los representantes de las comunidades que se oponían a la explotación del ambiente.
Ubaldina Santos, junto a otros liderazgos comunitarios fueron clave para lograr que, en el año 2014, se realizara un cabildo abierto en el sector, y se lograra declarar al municipio libre de minería.
La declaratoria fue reafirmada a inicios del 2018, y misma conllevó a que el mes de septiembre, se declara al municipio de Tela, Libre de Explotación Minera, Hidroeléctricas, y Térmicas.
Compromiso
Al recibir el premio, la lideresa comunitaria agradeció a las organizaciones que impulsan el reconocimiento, y aseguró que el mismo es un respaldo a la lucha que libran las comunidades, no sólo en el departamento de Atlántida, sino a nivel nacional.
Destacó la importancia de organizarse e impulsar la organización de las comunidades, en torno a la defensa de la casa común.
Santos ha sido víctima de intimidación colectiva y persecución directa por parte de las fuerzas militares. Además, ha recibido amenazas, agresiones verbales, campaña de desprestigio, por parte de las empresas extractivas que pretenden deslegitimar su liderazgo. Siendo desplazada de su comunidad debido a amenazas y persecución desde hace 7 meses.
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