El viento golpea con fuerza el nylon azul y las láminas de zinc que protegen al campamento. El sol es inclemente, no perdona. De noche toca lidiar con la lluvia que azota los cerros hondureños en los meses previos al invierno. El frío cala hasta los huesos, así como cala y duele la implementación de la política extractiva que promueve el gobierno, y que se traduce en las comunidades en proyectos mineros, hidroeléctricos, turísticos y agroindustriales, cuenta doña Dilma Cruz, una de las mujeres de campamento.
El calendario marca más de 60 días de resistencia en el campamento de Guapinol, sector Ceibita, Tocoa, Colón. Según la gente, la solidaridad y el deseo profundo de conservar su río han aportado a que los días no se sientan. – Nunca imaginamos cumplir tantos días-, Reynaldo Domínguez dijo esto a Radio Progreso. Él sabe que, así como avanzan los días, también avanza la amenaza de un desalojo.
La juventud se suma
En la parte alta del campamento se observan las “Las Dronas”, un grupo de muchachas responsables de vigilar cuando movimientos extraños asechan al campamento. Y en el mejor de los casos son las encargadas de anunciar la llegada de la comida. Se auto “Las Dronas”, como una respuesta a la intimidación que las empresas extractivistas han provocado en los campamentos de resistencia, al tomar fotografías de los líderes comunitarios con drones.
La comida, el agua y el café siempre ajustan. Desde el Comité Ambientalista de Guapinol se ha organizado a las comunidades de todo el municipio para que una vez a la semana se encarguen de la preparación de alimentos. Algunos empresarios de la región también llevan provisiones de comida para compartir.
El campamento se ubica en la calle que la empresa minera Inversiones Pinares, antes llamada Emco Mining Company, propiedad Lenir Pérez y Ana Facussé, abrió para comenzar con los trabajos de explotación. El empresario cuenta con permisos para extraer piedras con óxido de hierro. Aunque la ciudadanía asegura que en ese sector hay oro, plata y cobre.
Solo con los trabajos de apertura de calle en el sector conocido como Ceibita, la empresa provocando daños severos al río Guapinol, principal fuente de agua en la zona. – Ahora tenemos que comprar el agua porque llega puro lodo- asegura Fidelina Lemus, habitante de Guapinol, quien jamás imaginó tener que comprar agua hasta para lavar la ropa.
Además de los daños ambientales, los representantes y empleados de la empresa hostigan a la ciudadanía que está liderando una lucha contra la explotación minera en el departamento, donde según el Instituto Hondureño de Geología y Minas Inhgeomin, existen 59 concesiones mineras, de las cuales 34 se concentran en la parte alta del municipio de Tocoa.
La conflictividad social que vive el sector se ha elevado de tono. Un grupo de empleados de la minera hirieron con arma de fuego al joven Rigoberto Hernández, integrante del campamento, quien fue trasladado al hospital San Isidro de Tocoa. El hecho ocurrió el 07 de septiembre cuando empleados del minero bloquearon el paso al campamento con la intención de evitar el ingreso de alimentos.
Diversidad de Conflictos
El departamento de Colón, al norte de Honduras, cuenta con una belleza y riqueza natural impresionante. Aquí se encuentra la sierra La Esperanza que en sus entrañas cobija al Parque Nacional Carlos Escaleras, declarado así a raíz de un acuerdo amistoso entre el Estado de Honduras y la familia del ambientalista Escaleras, asesinado el 17 de octubre de 1997. Este acuerdo fue pactado con la mediación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
También cuenta con playas de arena blanca y agua cristalina, que besa la bahía de Trujillo históricamente habitada por comunidades garífunas, pero amenazadas con la instalación de proyectos turísticos de capital canadiense. A esa amenaza se le suma el reciente anuncio de la creación de una Ciudad Modelo o Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, Zede.
Y cómo no mencionar el fértil y productivo Valle del Aguán, zona catalogada en los 80 e inicio de los 90 como máxima productora de granos básicos. Región sumergida en una profunda crisis a falta de una reforma agraria, que ha dejado a más de 120 campesinos asesinados, y la tierra en manos de familias terratenientes como los Facussé, según el Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán.
Además, por su ubicación estratégica, Colón es controlado por el narcotráfico. A pesar que líderes de carteles como Los Cachiros, Wilter Blanco y Los Varela no están físicamente en el departamento porque han sido extraditados a Estados Unidos, sus actividades ilícitas y la secuela de la violencia que deja el crimen organizado se sienten con fuerza en la actualidad.
Antecedentes
En 2012, se inicia la tala de bosque en el Sector San Pedro, en aquel entonces el alcalde de Tocoa era Héctor Hernández. Las comunidades comenzaron a interponer denuncias en la fiscalía y la municipalidad sin tener respuestas. Solo conocían que la concesión minera para la extracción de hierro le pertenecía a la familia Rivera Maradiaga “Los Cachiros”. Nadie podía hablar de la minera porque el miedo de ser asesinados era real.
En un cabildo abierto realizado en agosto de 2016, el actual alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, reconoció públicamente que la concesión minera que tiene Lenir Pérez era de los narcotraficantes. Además, aseguró ser amigo de los Rivera Maradiaga por las ayudas económicas que recibía.
Según la ciudadanía, esa no era la única concesión minera en manos de Los Cachiros. Hay otras que se encuentran en etapa de exploración y que han terminado en manos de empresarios y políticos reconocidos del departamento.
En un estudio de conflictos realizado por la Fundación San Alonso Rodríguez, se refleja que el departamento ha contado con una diversidad de riquezas, que han ido mermando con la instalación de enclave como el bananero y de palma africana. -Ahora vemos cómo la situación se agudiza con la implementación del enclave extractivista-, apunta Juana Esquivel de la fundación San Alonso.
Son más de 3 mil 500 hectáreas las que están destinadas para la explotación minera en Tocoa, Colón. Solo donde se ubica el campamento de Guapinol, el Estado concedió 200 hectáreas, abarcando a más de 14 comunidades del Sector San Pedro y La Ceibita.
-Las montañas con minería y el valle con el monocultivo de la palma africana- predicen un desplazamiento forzado de comunidades enteras, porque la vida en Tocoa será insostenible con la falta de agua, señaló Esquivel para Radio Progreso.
A raíz de esta situación la Diócesis de Trujillo, que cubre los departamentos de Colón y Gracias a Dios, se ha posicionado a favor de las comunidades que se oponen a la instalación de megas proyectos. En un comunicado, el cuerpo de sacerdotes encabezados por el obispo Luis Solé y las comunidades eclesiales de base, respaldan la resistencia no violenta en defensa de la casa común, haciendo alusión al llamado del Papa Francisco a través del Laudato Sí.
Campaña de desprestigio
Una fuerte campaña de desprestigio contra las comunidades que se oponen a la destrucción de los recursos naturales, circula a través de las redes sociales y diferentes medios de comunidades.
Para el investigador Pedro Landa del Eric, la campaña de desprestigio contra los campamentos dignos en defensa de los bienes naturales, es parte de una estrategia de invasión territorial por parte de las empresas extractivas, quienes han provocado una ruptura en el tejido social de las comunidades, provocando enfrentamientos hasta de familias enteras.
Según denuncias de organizaciones de derechos humanos, las empresas Minerales de Occidente en Copán, Centrales de El Progreso Hidrocep en Atlántida e Inversiones Los Pinares en Colón, están llevando a cabo una campaña de desprestigio contra los campamentos de resistencia, poniendo en mayor vulnerabilidad a las personas que lideran la lucha ambiental.
Landa, sostiene que los medios de comunicación corporativos están aprovechando ésta conflictividad social para sacar su beneficio económico, al mostrar a los líderes comunitarios como criminales y a las personas a favor de los proyectos como víctimas. – Esto puede desencadenar mayor criminalización y persecución para las comunidades- apunta el investigador.
A pesar del miedo a ser desalojados y de la implantación de una campaña de desprestigio, los hombres y mujeres que permanecen en el campamento de Guapinol están convencidos que su lucha es justa y digna. Y que sin agua no podrán vivir. La gente claramente identifica a Lenir Pérez, Ana Facussé y al diputado nacionalista Oscar Nájera como los dueños de la minera y responsables de los daños severos provocados al río. Las comunidades se mantienen organizadas y en movimiento ejerciendo soberanía. Garantizando la conservación de la montaña y el río.
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