Luego que la Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción decidiera revocar las medidas sustitutivas a los exintegrantes del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, ayer una jueza de primera instancia les notificó la resolución y ordenó su inmediata reclusión, que será en el Primer Batallón de Infantería y en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), en el sector de Támara, en las afueras de Tegucigalpa.
Los encausados son el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés; Julio Barahona, Teodoro Bonilla, Francisco Quiroz, Celino Aguilera y Liliam Maldonado.
Ellos se presentaron ayer en la mañana al Tribunal en Materia de Corrupción, con excepción del abogado Barahona porque no fue notificado de la audiencia, confirmó la vocera judicial Lucía Villars.
Además, se conoció que Barahona, quien tiene su residencia en la zona norte, se excusó por el fallecimiento de su padre y porque su madre se encuentra mal de salud. Sin embargo, en los próximos días se sometería a la audiencia y correría el mismo destino que sus colegas.
Se conoció que Jorge Rivera Avilés, Celino Aguilera y Francisco Quiroz, permanecerán en un anexo que se encuentra en el Primer Batallón de Infantería, mientras que la abogada Liliam Maldonado, fue remitida a la PNFAS. En el caso de Teodoro Bonilla, él ya guarda prisión por otro caso de corrupción en el Primer Batallón de Infantería.
La acusación
El Consejo de la Judicatura desapareció en 2016 al revelarse supuestos actos irregulares que van desde nepotismo hasta exagerados cobros en viáticos.
Precisamente la acusación contra los seis exfuncionarios se deriva del desvío de 13.5 millones de lempiras sustraídos en concepto de viáticos por viajes que nunca se realizaron.
La Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia interpuso el requerimiento, por más de 600 delitos, el pasado 9 de abril.
Una juez de primera instancia encontró indicios del delito y en su momento dictó auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas, lo que fue revocado por la Corte de Apelaciones, que ordenó prisión preventiva, la que se ejecuta desde ayer.
El abogado Rivera Avilés, tras salir de la audiencia, sostuvo que “el asunto por el cual se nos encausa es de tipo administrativo, pero estamos en la disposición de devolver cada centavo con sus intereses de lo que no se devolvió, sin embargo, se nos ha encausado por la vía penal y no podemos darle la espalda a esta situación”.
Por su parte la representante legal de los exfuncionarios, Raquel Ramos, dijo que “hay instrucciones para que estas personas estén detenidas”, y agregó que “es una riña personal, ustedes saben que en el Consejo de la Judicatura había más personas y que dentro de esas personas hay una que el Ministerio Público no le presentó requerimiento”.
Otro defensor señaló que no es el momento procesal para oponerse a la medida, por lo que los imputados permanecerán en prisión.
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