Desde Radio Progreso asumimos como Nuestra palabra, el comunicado de la Coalición contra la Impunidad, del cual hace parte el ERIC junto a unas 50 organizaciones más, que ante las órdenes de captura libradas contra 18 personas defensoras de derechos humanos que desde el primero de agosto se mantienen en el Campamento de Guapinol, manifiesta lo siguiente:
Primero: Que la instalación y permanencia en dicho campamento tiene como fin legítimo la defensa del agua, el ambiente y el territorio, lo cual constituye un derecho humano que colectivamente ejercen muchas organizaciones comunitarias, populares, eclesiales, así como pobladores y pobladoras aglutinadas en el Comité Municipal para la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, para frenar la implantación ilegal de la empresa minera Inversiones Pinares propiedad de Lenir Pérez y Ana Facussé, la cual ya ha provocado graves daños ambientales en el río Ceibita y en el Parque Natural “Carlos Escaleras”.
Segundo: Denunciamos que durante todo ese tiempo ha habido un incremento de la ofensiva en contra de personas defensoras ambientalistas en la zona del Aguán, que se ha traducido en campañas agresivas de intimidación, amenazas, difamación y criminalización por parte de la empresa minera, medios de comunicación y autoridades públicas. Pese a que se han interpuesto las denuncias respectivas, el Ministerio Público ha mostrado una absoluta ineficiencia para investigar los hechos, pero ha actuado de forma diligente para promover el desalojo del campamento y la emisión de las mencionada órdenes de captura en contra de quienes defienden la vida.
Tercero: Resulta de especial preocupación órdenes de desalojo y de captura realizadas por un Juzgado de Jurisdicción Nacional, cuya creación busca conocer casos de criminalidad organizada. Por tanto, el mensaje criminalizador es claro y grave para la vida e integridad de estas mujeres y hombres defensores de la vida, ya que los coloca en la categoría de los criminales más peligrosos. Como lo establece la jurisprudencia interamericana, este tipo de actuaciones judiciales tergiversan deliberadamente los hechos para sancionar reivindicaciones y movimientos sociales o la labor de las personas defensoras de derechos humanos, y de esta forma reducir al mínimo la presión de los sectores sociales y la crítica pública, que son fundamentales en una sociedad democrática.
Cuarto: Recordamos al Estado hondureño que protestar y manifestarse pacíficamente se enmarcan dentro del derecho a la libertad de expresión que, por su cercanía al nervio democrático, constituyen un mecanismo de intercambio de ideas y reivindicaciones sociales, y un elemento vital para el buen funcionamiento del sistema democrático. En este sentido, como lo señala el jurista Roberto Gargarella, el derecho a protestar puede considerarse el “primer derecho”, es decir, el derecho a exigir la recuperación de los demás derechos. En consecuencia, cuando el ejercicio de este derecho fundamental es comparado a un grave crimen, solo nos confirma que hemos entrado en los oscuros laberintos de una feroz dictadura y nos demanda responsabilidad ciudadana así como acciones de solidaridad nacional e internacional.
Quinto: Nos solidarizamos con las personas y organizaciones que se mantienen en el Campamento de Guapinol, víctimas de la fuerza represiva del Estado, y exigimos al Ministerio Público y al Poder Judicial que cesen su persecución penal.
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