Luego de varios meses de discusión, la Ley de Armas fue aprobada en el Congreso Nacional, en la parte final de su debate, la polémica surgió y se dio debido a la propuesta de aumentar en un 200% el costo por inscripción de armas.
En el tercer y último debate de la Ley, en el Congreso Nacional se mocionó una consideración para la creación de una comisión especial, que será la responsable de modificar la tabla de costos y de esa forma disminuir esa cifra elevada, que fue calificada por el diputado liberal Yuri Sabas, como un paquetazo para la población.
Luego de las consideraciones, se modificó la tabla de precios, pero también se dejó en vigencia algunas características de la iniciativa, como la portación de armas de fuego a la vista pública en todo el país, a excepción del departamento de Colón.
“Yo voté en contra porque es necesario que se hagan revisiones minuciosas sobre el proceso de emisión de permisos, también los exámenes a los solicitantes”, dijo el diputado Luis Redondo, quien además solicitó al pleno del Congreso Nacional, poner un alto en la discusión mientras estas dudas se disipaban y se aclaraban.
En repetidas ocasiones, el diputado de Libre Jorge Cálix ha dicho que lo idóneo en un país como el nuestro es apostarle a una sociedad sin armas, sin violencia y con apuestas preventivas en relación a la situación de seguridad.
Cálix ha dicho a Zona Informativa de Radio Progreso, que Honduras necesita una nueva lógica preventiva para tratar este tema de violencia e inseguridad.
La Ley de Armas surgió como una propuesta encaminada a la regulación del mercado y portación de armas, con reducciones significativas a la cantidad de armas que puede portar cada ciudadano.
Nelson Márquez, diputado nacionalista y principal promotor de la iniciativa en el Congreso Nacional, dice que el país ha dado un gran avance con la aprobación de la Ley, porque de ahora en adelante se espera obtener más control de la existencia de armas y la portación de las mismas.
Marquez, dijo en el Congreso Nacional, que uno de los principales retos será alcanzar el control y monitoreo de armas decomisadas y también de las que en este momento poseen grupos del crimen organizado.
Asimismo, la Ley estipula sanciones de 80 mil lempiras para las personas que disparen al aire, el que irá encaminado de suspensión del permiso de portación de armas a estas personas.
Además, a pesar que el monopolio sobre la distribución de armas seguirá en manos de la armería y las Fuerzas Armadas, se instalarán 44 centros de registro de armas a nivel nacional, de esa forma se extenderá el proceso de tramitación más allá de San Pedro Sula y Tegucigalpa.
Para Luis Redondo es necesario poner ojo en la parte administrativa, en las licitaciones para la compra de equipo, servicio u otros, y de esa forma evitar cualquier acto de corrupción en esta nueva dinámica.
Por esa razón pidió un análisis más detallado del tema, pero el pleno del Congreso se lo negó por completo.
La Ley también aprobó la prohibición de portación de armas a menores de 21 años, asimismo cuando el arma de fuego no esté registrada legalmente o sea arma comercial o prohibida, se deberá aplicar el reglamento y esperar la actuación judicial del Ministerio Público.
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