En el marco del 169 período de sesiones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, celebrada esta semana en la Universidad de Colorado, en la ciudad de Boulder, el Estado hondureño fue sentado de nuevo “en el banquillo de los acusados” en dos audiencias que fueron programadas en dicho período de sesiones.
La primera fue sobre los derechos de las personas en situación de desplazamiento interno forzado, y en la segunda audiencia se trató la situación de personas criminalizadas y privadas de la libertad en el contexto del conflicto postelectoral en Honduras.
Expusieron sus posiciones y sus puntos de vista las organizaciones de Sociedad Civil y representantes del Estado de Honduras.
Desplazamiento Forzado
Según datos de la CIDH, en Honduras la situación se está desbordando a tal grado que ya suman unas 174 mil personas desplazadas a causa de la violencia.
La Viceministra de Derechos Humanos, Marcela Castañeda, señaló en Radio Progreso que su gobierno está superando las cifras de desplazados por causa de la violencia y que esa realidad se refleja en las cifras que presenta el país.
“Como Estado nosotros rendimos un informe actualizado sobre todos los avances que se han tenido en el tema y también de cuáles son nuestros retos y los temas en particular en los que estamos aspirando avanzar para dar una debida atención y protección a las personas desplazadas internas por violencia”, dijo Castañeda.
José Cortés, es un hondureño, defensor de Derechos Humanos, y dio su testimonio por ser víctima de la violencia, de la que tuvo que huir para salvar su vida. Asegura que lo que el gobierno dice está alejado de la realidad.
“Como siempre, el gobierno de Honduras mintiendo ante estos organismos diciendo que en Honduras no pasa nada cuando miles de personas tienen que salir del país por inseguridad, por amenazas hasta de las propias autoridades del gobierno, a mí me tocó salir, estoy asilado en Estados Unidos”, dijo Cortés.
José asegura que fue amenazado por miembros de pandillas que radicaban en la zona donde vivía razón por la cual salió rumbo a México para establecerse, pero en el país azteca se dio cuenta que existe mucha discriminación para los centroamericanos.
“Sabemos que si te amenaza un grupo de esos es porque te va a matar y no te va hacer una visita cordial a tu casa. Interpuse dos denuncias y busqué apoyo en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, pero no me brindaron seguridad” señaló José.
La abogada Miroslava Cerpas del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, Ciprodeh, declaró en Radio Progreso que una vez más queda claro que el gobierno no tiene voluntad para atender esta los factores que provocan el desplazamiento interno forzado.
“Realmente el gobierno de Honduras no tiene avances, en esta audiencia ha quedado evidenciado que el tema del desplazamiento no es una prioridad, sabemos que han tenido a bien sentarse con la Sociedad Civil, hemos trabajado el tema, pero no ha habido avances sustanciales y es por eso que decidimos elevar esta situación a nivel de la Comisión Interamericana” dijo Cerpas.
La Viceministra de la Secretaría de Derechos Humanos, Marcela Castañeda, reconoció que el desplazamiento interno forzado por la violencia es un tema bastante complejo. “Venimos de un índice de 89 muertes por cada 100 mil habitantes a más o menos 42 que tenemos en este momento. Si bien debemos reconocer que nuestro avance se ha dado sobre todo estudiando el fenómeno, creando institucionalidad, desarrollando conceptos”, justificó Castañeda.
En entrevista con Radio Progreso, el Relator de los Derechos Humanos de las Personas Desplazadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Luís Ernesto Vargas Silva, dijo que están conscientes que en Honduras la situación se está desbordando a tal grado que ya suman unas 174 mil personas desplazadas a causa de la violencia.
“Nosotros sabemos perfectamente los gravísimos problemas que existen, estamos hablando de 174 mil personas en condición de desplazamiento forzado interno y lo que seguimos instando al Estado es a prevenir que esas situaciones ojalá y no se presenten porque después se van a desbordar”, manifestó Vargas Silva.
El Relator reconoció avances en el Estado pero que falta mucho por hacer. “La conclusión que nosotros tenemos es que Honduras, si bien ha hecho esfuerzos para atender la situación de los desplazados internos, todavía tiene pendientes y esos pendientes tratamos en los posible de explorárselos a la representación del Estado” dijo a Radio Progreso el Comisionado Luís Ernesto Vargas Silva.
Presos Políticos
En el marco del 169 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Boulder, Colorado, también se celebró la audiencia sobre la situación de personas criminalizadas y privadas de la libertad en el contexto del conflicto postelectoral en Honduras.
La audiencia se celebra dos meses después que la CIDH desarrollara una visita in loco a Honduras para constar la situación de los Derechos Humano en un ambiente poselectoral y de protesta social.
La audiencia fue solicitada por la Coalición contra la Impunidad, Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, y el Comité Pro la Liberación de Presos Políticos.
“Las organizaciones aquí presente solicitamos que se pida al Estado que reconozca la existencia de “políticos en Honduras”, se ordene al Estado de Honduras que respete el derecho al debido proceso de todas las personas detenidas en toda la crisis post electoral incluyendo la aplicación de medidas alternativas a la prisión, que se inste a reubicar a las personas privadas de libertad en el contexto de la crisis poselectoral que están en cárceles de máxima seguridad a centros de detención para personas indiciadas…” dijo a Radio Progreso Kenia Oliva del Comité por la Libre Expresión, C-Libre.
La abogada Fany Benett, presidenta de la Asociación de Jueces por la Democracia, señala que dejaron bien planteada la postura de irrespeto y violaciones contantes a los derechos humanos de la ciudadanía por parte de los órganos represores del Estado hondureño.
“Lo que consideramos importante y que el Estado debe entender, y lo que también ha sugerido la Comisión, es el tratamiento que se le debe dar a este grupo de personas, debe revisarse minuciosamente a fin de no imputarle delitos que no son ciertos, además de no garantizarles un debido proceso legal para que la ciudadanía entienda que no se está criminalizando como tal la protesta social”, dijo la jueza Benett.
La delegación del Estado hondureño la integraron la Procuradora General de la República, Lidia Estela Cardona, la Viceministra de Derechos Humanos, Marcela Castañeda y la Directora del Instituto Nacional Penitenciario, INP, Rosa Gudiel.
El Estado de Honduras sostiene que en todos los casos señalado por la sociedad civil se están siguiendo el debido proceso. No aceptan tener presos políticos pero que sí tienen a personas privadas de libertad o con procesos judiciales porque cometieron delitos en el marco de las protestas contra el fraude electoral.
“Nosotros hemos sido suficientemente objetivos e imparciales, hemos traído los datos que reflejan la situación real, desgraciadamente ocurrieron hechos que lamentamos pero que en el campo de la investigación reflejan que realmente no son apegados estrictamente con los hechos denunciados” aseguró en Radio Progreso la Procuradora General de la República, Lidia Estela Cardona.
“El gobierno reitera su voluntad política de continuar fortaleciendo los Derechos Humanos,considerados inherentes a la persona humana que deben ser respetados, inalienables e imprescriptibles” dijo Cardona.
El Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la CIDH, Comisionado Joel Hernández, dijo en Radio Progreso, que la audiencia había sido muy franca, muy abierta y muy transparente.
“Creo que las partes expresaron sus puntos, la Sociedad Civil expresó, de manera muy documentada, sus preocupaciones, pero también escuchamos los argumentos del Estado, esto al final de cuentas, a la Comisión le ayuda muchísimo para tener una valoración mucho más exactas de la situación de los privados de la libertad” manifestó Hernández.
Joel Hernández, que también es Relator para Honduras de la CIDH, se comprometió a seguir muy de cerca la situación de los privados de libertad en Honduras y sobre todo de las personas criminalizadas por ejercer su derecho a la protesta, aunque no hay planes de realizar otra visita. “Por el momento no tenemos nada programado” aseguró Joel Hernández.
La presidenta de la Asociación de Jueces por la Democracia, AJD, Fany Benett, salió muy complacida por el compromiso asumido por la CIDH. “Es una de las solicitudes que teníamos nosotros. Nos alegra mucho que la Comisión va hacer seguimiento expreso a esta situación” finalizó Benett.
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