Por Raúl Zibechi
Las consultas populares tienen una extensa historia en América Latina. Se han multiplicado en los años recientes, buena parte de ellas organizadas por los movimientos sociales. En algunos casos, para apoyar o rechazar una legislación determinada avanzada por el gobierno o el parlamento. En otros, para fortalecer la posición de los movimientos ante el modelo extractivista. Siempre tienen ventajas y problemas serios.
Uruguay es uno de esos países donde han sucedido una decena de plebiscitos, con resultados muy diversos y hasta desastrosos. Voy a abordar sólo aquellos casos que están directamente vinculados a los movimientos, o sea que no han sido iniciativa de los gobiernos, o que éstos han aceptado por presión de aquellos para zanjar luchas sociales importantes.
En 1989 un amplísimo movimiento popular contra la impunidad llevó a plebiscito la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, o ley de impunidad, con la que el primer gobierno pos dictadura pretendía no juzgar a los militares violadores de los derechos humanos.
La ley había sido aprobada en diciembre de 1989 bajo fuertes presiones del entonces presidente Julio María Sanguinetti, con la excusa de que los uniformados no iban a aceptar ser juzgados y que podían amenazar nuevamente la democracia. Sólo la izquierda se opuso en el parlamento, cuando tenía apenas 20 por ciento de los votos.
Apenas aprobada la ley, un tsunami social recorrió el país. En pocas semanas se formaron más de 300 comités en Montevideo para recoger firmas y derogar la ley. El proceso fue largo y complejo, hubo trampas burocráticas que obligaron a una impresionante movilización social: 30 mil brigadistas recorrieron todas las viviendas del país pidiendo firmas, dialogando con los vecinos y retornando hasta seis y siete veces para hacer efectiva la rúbrica.
Ese movimiento cambió el país y estuvo en la base del crecimiento imparable del Frente Amplio hasta que superó 50 por ciento de los votos. Pero el plebiscito se perdió (60 por ciento votó amarillo, en favor de la impunidad) y la derrota del voto verde supuso un batacazo para el movimiento popular del cual nunca se repuso.
Moraleja: las cuestiones éticas no deben someterse a plebiscito, hay que luchar por ellas toda la vida, como nos dijeron en su momento Madres de Plaza de Mayo.
A partir de aquel momento hubo varios plebiscitos, varios de ellos victoriosos, como aquel de diciembre de 1992 que frenó las privatizaciones. Sesenta y cinco por ciento de los uruguayos votamos por anular los artículos más importantes de la ley, caminando a contracorriente del continente donde se expandía una fiebre privatizadora, en particular en Argentina de Carlos Menem. Fue un triunfo importante del movimiento popular, pero a diferencia del plebiscito de 1989, la movilización no generó entramados y redes organizativas duraderas.
En Argentina hubo un plebiscito que cambió la lucha contra la minería a cielo abierto. Sucedió en Esquel en 1993 y fue, según Página 12, la primera gran derrota de la megaminería en Argentina (goo.gl/3NWpYi). El movimiento lo inició una comunidad mapuche que advirtió la presencia de la minera en sus territorios. Los vecinos hicieron múltiples reuniones hasta crear la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina.
Las numerosas marchas y asambleas forzaron a la autoridad local a convocar un plebiscito: 81 por ciento de los vecinos votaron No a la mina de oro y plata de Meridian Gold, pese a la campaña de los principales partidos de la provincia, en una ciudad de 30 mil habitantes en la sureña provincia de Chubut. Fue el comienzo de un amplio movimiento nacional contra la minería y el extractivismo que se agrupa en la Unión de Asambleas Ciudadanas, donde participan personas de más de 100 pueblos y ciudades de todo el país.
Un año antes había sucedido algo similar en Tambogrande (Perú) y en los años siguientes hubo decenas de plebiscitos en varios países de la región, entre los que cabe destacar los más recientes realizados en Colombia contra mineras. En Guatemala decenas de municipios han accedido a las peticiones de la población rechazando la minería y otros emprendimientos extractivos.
Llegados a este punto, es necesario sacar algunas conclusiones. La primera es que los plebiscitos pueden fortalecer a los movimientos cuando son convocados bajo su influencia y en las condiciones dictadas por ellos, siempre que no afecten cuestiones éticas, que nunca deben ser sometidas a votación.
La segunda es que siempre que se ha convocado a los habitantes de sitios donde hay emprendimientos mineros o grandes obras de infraestructura (hidroeléctricas, aeropuertos y puertos), la respuesta ha sido invariablemente negativa y esto ha fortalecido la resistencia.
La tercera es quiénes debe pronunciarse. No tiene sentido que todo un país decida lo que se va a hacer en un territorio; le corresponde sólo a la población afectada. En no pocas ocasiones los gobiernos han tomado la iniciativa pero sólo para desactivar resistencias.
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