A pesar de la violencia con que golpeaban la puerta de su casa y el efecto asfixiante del gas lacrimógeno, Jhony, decidió salir del lugar donde se resguardaba con su familia para investigar por qué la policía había invadido su propiedad. Sin imaginar que allí comenzaría a vivir la peor pesadilla de su vida.
La mañana de ese 21 de diciembre de 2017, Jhony no asistió a la protesta que se ubicaba a siete minutos de su casa. Más temprano escuchó en las noticias que la Secretaria de Seguridad procedería a desalojar las carreteras tomadas a nivel nacional por la gente que rechazó desde un primer momento los resultados de las elecciones presidenciales.
El Progreso, Yoro, al norte de Honduras, ya sumaba cinco días de estar sitiado, y las acciones de la ciudadanía iban en aumento. Para desalojar la toma se necesitaron 600 elementos de la policía y el ejército, según un coronel de apellido Flores que comandó el operativo.
A las autoridades les urgía desalojar El Progreso por su ubicación estratégica para la economía del país, y porque días antes, un grupo de muchachos posaron para Facebook con unos escudos policiales manchados con la leyenda “Fuera Joh”, burlándose de la policía. Además, porque en un enfrentamiento el policía Maikin Ramírez, resultó herido de gravedad al recibir el impacto de una bomba molotov en su cabeza, falleciendo dos días después.
Jhony Andrés Salgado de 38 años de edad, es uno de los 22 presos políticos en el marco de la crisis post electoral, está siendo acusado por los delitos de portación ilegal de arma comercial y uso indebido de indumentaria policial.
Cuando Jhony salió a su patio, dos policías lo apresaron y otros dos entraron a su casa para registrarla. Dentro estaba su esposa María Elena y sus dos hijos adolescentes. “Andaban muchas bombas lacrimógenas y comenzaron a lanzarlas porque pensaban que yo escondía manifestantes”, cuenta Jhony, que fue obligado a subirse a la patrulla policial sin conocer de qué se le acusaba.
Jhony es un obrero de la construcción reconocido en su colonia y miembro de la iglesia católica San Ignacio de Loyola. Al momento de ser detenido no portaba arma ni indumentaria policial, según testigos. Fue hasta después de su captura que la Policía Nacional llevó las evidencias a la Unidad Metropolitana 11, y lo presentó ante los medios de comunicación como un criminal.
Su esposa María Elena, cuenta que él es un ser maravilloso y que nunca ha tenido violencia en su hogar, por eso la gente del barrio y la iglesia les admira y respeta. -Es tan buen padre que por proteger a sus hijos decidió abrir la puerta de la casa, sin imaginar que se lo llevarían preso-. Ella sostiene que la policía se aprovechó de la humildad e ignorancia de su esposo para culparlo.
En la estación policial Jhony fue amenazado con ser golpeado sino posaba con un escudo policial y un arma de fuego para los medios de comunicación. Se le obligó a firmar un documento donde reconocía que esa evidencia se la habían decomisado al momento de su captura.
Él no sabe leer ni escribir, únicamente puede escribir su nombre y apellido. – Me dijeron apúrate, escribí eso sino quieres que te demos duro-, dice que manchó el papel con su nombre sin entender que decía el documento. Después de eso el tribunal de sentencia le dictó auto de formal procesamiento, y fue trasladado al centro penal progreseño.
A tribunales policías agresores
Por los delitos de allanamiento de morada y abuso de autoridad en perjuicio de Jhony Salgado, serán presentados ante los tribunales los policías: Rudy Ariel Brizuela Mejía con el rango de subinspector, y los oficiales de escala básica: Sandro Ezequiel Zavala, Santiago Rigoberto Mendoza Bonilla y Edwin Alberto Rodríguez Casco.
Este nuevo requerimiento sirve a la defensa de Jhony para demostrar que él fue sacado de su casa a la fuerza para incriminarlo en los delitos que lo acusan. Hasta el momento el Ministerio Público sostiene que Jhony fue capturando cuando huía de la protesta del puente de Quebrada Seca en El Progreso.
Sin embargo, pruebas irrefutables muestran que Jhony fue sacado de su casa a la fuerza, y que en ningún momento portaba el arma de fuego y el escudo policial que la Fiscalía usó de prueba para encarcelarlo por más de cuatro meses.
La audiencia inicial contra los policías acusados se realizará en los juzgados de El Progreso, este 18 de septiembre a partir de las 9 de la mañana. “Este caso se ha logrado gracias a la denuncia que María Elena Almendarez, esposa de Jhony, interpuso en la Fiscalía de Derechos Humanos, cuando detuvieron a Jhony”, dice la abogada Dunia Pérez del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación Eric.
El actuar represivo de la policía provocó que Jhony pasara más de cuatro meses privado de libertad en el centro penal de El Progreso, Yoro, y que además, enfrente un proceso judicial que lo priva de salir del país y de trabajar como antes lo hacía para mantener a su familia.
Jhony ha tenido que enfrentar los traumas psicológicos provocado por el encierro en prisión, y por los malos tratos que recibió de otros privados de libertad, que los primeros días lo obligaron a dormir en el puro suelo, debajo de la cama de alguien más.
Él todavía está a la espera que se realice la audiencia de proposición de medios probatorios en su caso, donde el Ministerio Público buscará sostener la acusación para regresarlo a prisión, y donde la defensa buscará que el tribunal acepte las pruebas que demuestran su inocencia.
Mientras eso pasa, su familia, vecinos, amigos y organizaciones de derechos humanos, lo acompañan convencidos que Jhony, al igual que el resto de los presos políticos de la crisis post electoral, son el rostro de la injusticia hondureña.
No hay comentarios:
Publicar un comentario