Esta semana que está por finalizar ha sido intensa contra la comunidad defensora de derechos humanos a nivel nacional.
Hay reportes de ataques en Colón, Atlántida, Yoro, Copán, Santa Bárbara, Intibucá, La Paz, Choluteca y Francisco Morazán. En simultáneo, el mismo patrón.
En Colón, la inteligencia militar inventó la existencia de una organización campesina independiente para atacar a la periodista inglesa Nina Lakhani, quien investiga muertes violentas en el valle del Aguán y cubre el juicio contra los asesinos de Berta Cácares en Tegucigalpa.
La inexistente Asociación acusa a la periodista de suministrar armas a los campesinos para exterminar a la fuerza xatruch, destruir las inversiones de la estándar fruit companny y de la corporación de los Facussé en la región, y además de paralizar la explotación petrolera del grupo British Gas que viene de obtener un contrato leonino de la dictadura hondureña sobre todo el atlántico.
En el mismo departamento de Colón, un empresario satélite del emporio Facussé-Nasser, la empresa Los Pinares y la municipalidad de Adán Fúnes, son señalados como promotores de las campañas de odio contra las comunidades del sector San Pedro y Guapinol, que resisten contra sus proyectos de muerte en las montañas Nombre de Dios, barrera natural de todo el litoral caribe.
Más adelante, en Atlántida, los hermanos Victor y Martín Fernández, naturales de San Juan Pueblo, son objeto actualmente de una campaña de odio cuyos autores se reúnen alrededor de los Pérez, Hawit, Atalas y la familia MINOSA de Occidente, que insisten en destruir un cementerio ancestral para llevarse el oro a Canadá.
En el caso de Martín Fernández, abogado de profesión, defensor de la flora y fauna de la cordillera y humedales a tiempo completo, líder comunitario del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, es objeto de vigilancia, persecición y de agresión física directa.
Víctor, su hermano mayor, abogado de trayectoria como fiscal anticorrupción, líder territorial en Atlántida, Yoro, Cortés y Santa Bárbara, como defensor de los pueblos Tolupán, Pech y Lencas, igualmente sufre amenazas a muerte en medio de una campaña de odio en su contra.
Víctor fue abogado defensor de Berta Cácares en Santa Bárbara e Intibucá donde fue criminalizada en vida durante los años 2012 hasta su asesinato en marzo 2016, y actualmente Fernández representa al COPINH en el juicio contra los criminales de la lideresa indigena lenca.
Ambos hermanos, Víctor y Martín, son beneficiarios de dos resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que instruye medidas de protección por el alto riesgo que representa su trabajo de defensores ambientales, procuradores de justicia y acompañantes de pueblos indígenas y comunidades agrarias.
En el departamento de Copán, tanto el liderazgo del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, como de la Asociación ACI Participa y de ASONOG, sufren igualmente campañas de descalificación financiadas por la empresa MINOSA, tramitadora local de capital canadiense, que insiste en profanar el camposanto de la comunidad de Azacualpa en complicidad con alcaldes, forenses, fiscales y policías, en busca de oro alrededor de las osamentas.
En el departamento de Yoro el equipo periodistico de Radio Progreso, encabezado por el sacerdote jesuita Ismael Moreno, sufren igualmente una campaña de descalificación por su trabajo de acompañamiento a las comuidades que resisten el modelo extractivo de muerte que promueven en Honduras el COHEP, las cámaras de comercio y la Asociación de Mineros.
Más adelante en la geografía hacia el Occidente, el Movimiento Ambientalista Santabarbarense, el MAS, sufre igualmente una campaña de descrédito por acompañar a las comunidades de Gualala, opuestas a la explotación de un mineral que destruirá el 80 por ciento de la aldea Arenales.
En Santa Bárbara fueron autorizadas por los golpistas 86 concesiones mineras y 28 represas sobre ríos, que convierten el departamento en una bomba ambiental y social.
En todo Honduras la empresa American Pacific, comprada a los gringos por mineros canadienses, tiene 45 concesiones metálicas otorgadas en los departamentos de Santa Bárbara y Choluteca. La dictadura golpista los apoya, los extorsiona y los defiende.
Como vemos hasta aquí, sin olvidar lo que sucede en La Paz y en el sur de Francisco Morazán, en Reitoca concretamente, las comunidades, sus organizaciones y liderazgos defensores, enfrentan a personas y grupos con poder, siempre vinculados a sectores criminales, impunes, que gozan de la protección de representantes de la dictadura disfrazadas de autoridades, y de periodistas y medios que representan auténticas cloacas humanas.
Toda esta comunidad nacional de personas defensores de derechos humanos sufren la misma matriz de campaña impulsada por esa comunidad criminal: videos mal hechos con imágenes pirateadas, memes distorsionados y perfiles falsos en redes sociales, también declaraciones ocifiales de portavoces de la dictadura y de los gremios privados, comentarios inducidos de periodistas asalariados del cohep, la asociación de mineros y de las empresas particulares que violan los territorios sin consulta. Toda una mezcla perversa, de lógica criminal.
Los objetivos de las campañas son diversos, desde quitar influencia local a la resistencia comunitaria, generar dudas sobre la autenticidad del trabajo de defensoría, inducir el miedo, matar la moral colectiva y asesinar en físico a los liderazgos.
El peor ejemplo de esta afirmación es el crimen de Berta Cácares. La empresa DESA, cuyos máximos ejecutivos son militares activos, policías activos y ejecutivos del banco FICOHSA, es acusada por el COPINH de planificar y ejecutar el asesinato. Y antes de hacerlo persiguió a su víctima en medios, redes y pueblos.
Por eso las campañas no son bromas. Por eso el gobierno de Estados Unidos pide a sus ciudadanos no venir a Honduras, país peligroso por el control de los criminales en el poder. Por eso la oficina del alto comisionado de derechos humanos de la ONU en Honduras, está preocupada con esta campaña.
Pero no basta estar preocupados, tenemos que parar las campañas y detener a sus autores. Denunciar a los medios, a sus ejecutivos y financiadores que difunden los mensajes de odio, y castigarlos.
El dinero de las compañías y sus relaciones con el crimen organizado no pueden ser nunca superiores a la voluntad de los pueblos. Los pueblos no quieren explotación minera ni grandes represas ni destrucción del caribe por la petrolera inglesa.
Y el COHEP puede organizar las campañas que quiera y la dictadura puede apoyar todo lo que quiera, pero las comunidades dicen NO. Ese desarrollo no lo queremos, al carajo con él. Punto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario