Han pasado 30 meses del asesinato de Berta Cáceres; dos años de escuchar el grito incansable de justicia y verla presente en cada una de las luchas territoriales contra el extractivismo y despojo.
Berta Cáceres no solamente peleaba por los pajaritos o por los árboles, Berta Cáceres era una mujer feminista y luchaba contra el patriarcado y el sistema capitalista, recuerda Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras –OFRANEH-, luego de dirigir una ceremonia garífuna frente a la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa.
Frente al palacio judicial también estaban mujeres lencas, pech, tolupanes y feministas; todas se encontraron para unir sus fuerzas y voz de justicia en una vigilia, horas antes de iniciar la primera audiencia del juicio oral y público contra 8 de los 9 imputados por el asesinato de Berta Cáceres.
“Este es un sistema que no funciona, machista y sumamente racista, pero nosotras creemos que es importante seguir luchando para visibilizar la falta de aplicación de justicia”, afirma Miriam, recordando su caminar junto a Berta Cáceres por las comunidades en resistencia y lucha por la emancipación de las mujeres.
Justicia Territorial
Mientras se continúa en la exigencia de justicia en los tribunales, los que deberán llegar hasta los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres, las mujeres y feministas tienen que organizarse para demandar que se cancele la concesión a la Empresa Desarrollos Energéticos S.A –DESA-, indica Yessica Trinidad de la Red Nacional de Defensoras.
“Porque hasta que no cierren esa concesión no vamos a tener justicia en éste país”, reitera Trinidad, comentando que justicia para Berta Cáceres es justicia feminista y territorial.
“Llegamos –al juicio-con mucha rabia, con mucha rebeldía a hacer presente esa Berta que nosotras conocimos, a la Berta que siempre tenía un sonrisa y que ponía toda su fuerza, su alma en la lucha”, agrega.
Jueces acusados
El juicio oral y público contra 8 de los 9 imputados por asesinar a Berta Cáceres se programó para dar inicio el 17 de septiembre, sin embargo, luego de conocer una denuncia y recusación contra la Sala Primera, el Tribunal de Sentencia determinó suspender la primera audiencia.
Antes de conocerse la determinación, en la Sala I esperaban los 8 imputados, siete de ellos vestidos con camisetas blancas, mientras que el ex gerente de la Empresa DESA, Sergio Ramón Rodríguez, portaba una camisa de vestir a cuadros y estaba rodeado de tres abogados, a quienes se les considera de los penalistas contratados por clase política hondureña: Juan Carlos Sánchez, Jair López y Celeste Cerrato.
“Nosotros hemos dialogado con miembros del COPINH, de la familia, este es un momento difícil, saber que ahí están parte de las personas que ya conocíamos allá en Río Blanco, que vimos como la amenazaron, ver parte de los sicarios”, expresaba Berta Zúniga, tras ver que los 8 acusados bajaron de un camión del Instituto Nacional Penitenciario, antes de entrar a la sala de juicios.
El abogado Víctor Fernández, representante legal del COPINH y la familia Cáceres, explica que la denuncia fue presentada por abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios: “encontramos una serie de comportamientos dentro del Tribual de Sentencias que son contrarias a derechos, una de ellas es que estamos entrando a la etapa de juicio oral y público sin tener acceso a la investigación del caso ni a las diligencias que se ordenó al Ministerio Público se nos entregara, las órdenes judiciales no se discuten se cumplen”.
Contrario a la realidad, Carlos Morazán, portavoz del Ministerio Público, calificó la acción de recusación como una dilatación del proceso, y asegura que la Fiscalía ha cumplido las órdenes del Tribunal de Sentencia en materia de medios probatorios.
“Eran más de 100 medios probatorios, 104 en específico, los que el Ministerio Público traía, estos ya han sido admitidos; hay una estrategia del Ministerio Público de cómo va a sustentar su tesis acusatoria, eso es atinente únicamente a los fiscales”, aseveró Morazán.
Pese a que el juicio es oral y público, el Tribunal de Sentencia se ha negado a la posibilidad que el mismo sea transmitido a través de los medios de comunicación del COPINH. En ese sentido, Laura Zúniga Cáceres, hija de Berta Cáceres, comenta que una de las estrategias para la participación de las comunidades en las audiencias será la instalación de un campamento permanente de las afueras de la Corte Suprema en Tegucigalpa.
“Se busca traer la justicia desde los pueblos y la participación en estas instituciones que son inaccesibles para las comunidades, y después traer la palabra colectiva de demanda de un debido proceso”, decía Laura, minutos antes de notificarse la suspensión de la primera audiencia del Juicio.
Respecto a la participación del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras como un afectado directo por el asesinato de su coordinadora, Berta Cáceres, el abogado Omar Menjivar apunta que no están argumentando un delito contra la organización: “es un delito que afecta a la organización y la muerte de Berta afectó significativamente al COPINH, al punto que casi lo desintegra porque era como el alma, era la líder indiscutible de esa organización”.
El juicio oral y público deberá dar inicio hasta que la Corte de Apelaciones resuelva la recusación contra los jueces de la Sala Primera, y los cinco recursos interpuesto por la defensa privada de la Familia Cáceres, entre ellos permitir la transmisión de las audiencias.
A la espera de que ese momento llegue, y los acusados se sienten nuevamente en los banquillos de los Tribunales, con ceremonias de los pueblos indígenas y negros, las mujeres seguirán gritando: Justicia para Berta es Justicia Feminista y Territorial.
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