Por Sandra Rodríguez
Agustina Flores, acompañada de su hermana Berta Cáceres Flores, durante su detención
Una histórica familia defensora de derechos humanos enfrenta al sistema de justicia hondureño al llegar a juicios orales y públicos, donde, entre los acusados hay policías y militares.
Los casos se tratan de la detención ilegal y torturas contra la primera presa política durante el golpe de Estado del 2009, Agustina Flores; y el asesinato de la dirigente indígena lenca, Berta Cáceres Flores, el 02 de marzo del 2016. Ambas hijas de la lideresa social y política Austraberta Flores, quien desde su hogar en Intibucá, al occidente de Honduras realiza acciones para exigir justicia.
Por los lazos consanguíneos, ambos casos están unidos. La noche del 22 de septiembre del 2009, durante un desalojo violento en los alrededores de la Embajada de Brasil, en Tegucigalpa, donde se había refugiado un día antes el derrocado presidente José Manuel Zelaya, elementos de la Policía Nacional atacaron, torturaron y privaron de libertad a la profesora Agustina Flores, quien estaba en acciones por la defensa de la Constitucionalidad desde el 28 de junio, día del golpe político- militar- empresarial.
Berta Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas y Populares de Honduras (COPINH), llamó a Berta Oliva, coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), para alertarla sobre la detención ilegal de su hermana. De ese modo el Comité inició acciones para la protección y defensa de Agustina Flores.
Berta Oliva expresó que, si la historia se repite en la misma familia, y es porque hay familias entregadas a la plena tutela y defensa de los derechos humanos, y por esa razón es que el caso de Agustina Flores no es por casualidad “Yo sí creo que estaba focalizada, porque había que mandar mensajes fuertes de represión contra una persona valiosísima en este país” y se notaba su presencia, nivel organizativo, indignación y preocupación por la violación a la Constitución de la República, así como las acciones de Bertita.
La coordinadora del COFADEH no puede olvidar las constantes llamadas de Bertita por la preocupación que tenía ante lo que podía pasar con su hermana Agustina. En su valentía, la lideresa indígena del pueblo Lenca también estaba preocupada por lo que ocurría en el país y lo que se había vivido la noche de los ataque.
Berta Cáceres Flores tenía la capacidad de identificar cuándo alguien estaba en peligro eminente, y advirtió que su hermana así lo estaba. Por lo que al recibir su llamada empezamos a realizar acciones para dar con su paradero. Cuando la encontramos estaba sumamente golpeada. Recuerdo que coincidimos con la visita del doctor Juan Almendares Bonilla, la encontramos en los separos de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC). Mi sorpresa es que me encontré con una Agustina con su frente en alto, sí sumamente golpeada, pero con coraje, como el de su hermana, y ahí me dije “si son guerreras”, agregó Oliva.
“Mientras una me retorcía los brazos para atrás la otra me golpeaba la cara, me apretaban el cuello y me agredían—ya tenía las esposas puestas— reconocí a una de apellido García, durante los golpes me gritaban “USTEDES SON LOS PERROS DE LA RESISTENCIA, ESTA BUENO QUE LOS JODAN”. (Testimonio redactado por el doctor Juan Almendares Bonilla).
Estamos frente a una familia guerrera, me dije al verla, varias veces me había comunicado con doña Austraberta, la madre de ambas, es una relación que tenemos desde siempre con el COFADEH y de manera personal.
Los 22 días en prisión que estuvo Agustina, no fueron fáciles para su madre ni su hermana Berta Cáceres Flores. Se logró el 12 de octubre del 2009 la liberación bajo fianza.
En búsqueda de justicia
Hoy se cumple nueve años de ese delito de lesa humanidad, y se ha recorrido varios procesos para buscar justicia. Primero ella fue acusada de sedición, la víctima era la criminal según el Tribunal de Justicia. Después se inició el proceso para que se castigue a los y las responsables de lo que sufrió Agustina Flores, por lo que el lunes próximo estarán en juicio oral y público las entonces policías Esther Ponce y Aracely García, por el delito de vejámenes.
Hubo un momento donde se propuso de parte de las victimarias para un “acuerdo amistoso” y Agustina dijo que no, ella no podía arreglar nada con las personas que la atacaron, le golpearon su cara y le propiciaron tratos crueles degradantes e inhumanos.
Se ha llegado al momento del juicio oral y público contra estas policías, y el tiempo coincide con el primer juicio contra ocho imputados como autores materiales e intermedios del asesinato de Berta Cáceres Flores. La Familia guerrera ocupa esos tribunales de justicia, lo que demuestra claramente una persecución total en su contra y la falta de justicia.
Si existió interés que de parte del sistema de justicia que se perdonara a las policías, lo que no nos da esperanza que se aplique la ley en favor de quienes defienden las causas justas, como es este caso. Lo más ausente en aplicación de verdad es la misma justicia. Por eso reiteramos que es difícil buscar justicia en medio de una dictadura.
Creemos que si el proceso se desarrolla en el tiempo establecido o se retrasa, el resultado es que van a ser sobreseídas, porque el sistema de justicia favorece a los violadores de derechos humanos y criminaliza a las víctimas, como ha sido la experiencia en otros casos que hemos representado, aseveró Berta Oliva.
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