Por Sandra Rodríguez
A las doce del mediodía, se informó que el primer juicio contra ocho imputados por el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres, se suspendía debido a una recusación interpuesta por su familia contra el Tribunal de Sentencia que conocería la causa.
Desde las siete de la mañana integrantes de los pueblos originarios Garifunas, Tolupanes, Pech, Lencas, Mayas-chorti, iniciaron con una ceremonia ancestral invocando justicia feminista, con velas, flores, incienso y cantos, salieron al bulevar Fuerzas Armadas a la altura de la sede del Sindicato de Trabajadores de la Industria Bebidas y Similares (STIBYS), hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde queda el Tribunal de Sentencia.
Cabe señalar que, desde anoche se realizaban actos espirituales honde se instaló el campamento permanente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), mientras dure el juicio convocado para hoy hasta el 19 de octubre próximo.
La familia de Berta Cáceres y el COPINH a través de su equipo de defensa representado por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), en conferencia de prensa anunció que presentaban una recusación contra el Tribunal de Sentencia, lo que dilató el inicio del juicio convocado para las nueve de la mañana, así lo anunció a través de la lectura de un comunicado, Laura Zúniga Cáceres, hija de Berta e integrante de la organización cofundada por su madre y padre.
“A lo largo de estos 2 años y medio de lucha, nos hemos enfrentado a la tarea de buscar la justicia en medio de las circunstancias más adversas y aun así hemos podido develar la existencia de una estructura criminal detrás de esta muerte”, detallo el documento compartido a la prensa.
Pese al rumor de la suspensión del juicio hasta una resolución, en el campamento continuaba la exigencia de Justicia. Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), apeló en nombre de su hermana Lenca, en nombre de sus ancestros que este crimen no quede en la impunidad.
Cerca de las diez de la mañana se vio el movimiento de policías y militares en zonas aledañas de la CSJ, un momento después arribaban los ocho imputados por este crimen, vistiendo camisas blancas y fuertemente custodiados, que entrarían a la Sala I, minutos antes de las 12 del mediodía.
Los acusados como autores materiales por el asesinato de Berta Cáceres son Emerson Duarte Meza, Edilson Atilio Duarte Meza, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henrry Javier Hernández, Oscar Aroldo Torres Velásquez; y como autores intermediarios a: Mariano Díaz Chávez, militar activo al momento del asesinato, Douglas Geovanny Bustillo, exjefe de seguridad de DESA, Sergio Ramón Rodríguez Orellana Gerente del área social, ambiental y de comunicaciones de DESA.
Bajo el ardiente sol capitalino, los ánimos se calentaron más cuando llegó un grupo de choque llegó a confrontar a los y las manifestantes, en su mayoría indígenas y garífunas. El grupo que no solo hablaba de la inocencia de uno de los imputados, sino de las bondades de la empresa de Desarrollo Energético S.A. (DESA), encargada de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, sobre el Río Gualcarque, en la comunidad de Río Blanco, Intibucá.
Cáceres denunció constantemente ese “proyecto de muerte”, que afectaría la vida del pueblo Lenca y la cultura ancestral, porque según su cosmovisión, en ese río descansan los espíritus de las niñas, y una represa sería cortar el cauce de la vida. Además que no hubo consulta previa, libre e informada, como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre los Pueblos Indígenas y Tribales, del cual Honduras es Signatario.
La defensora de derechos humanos, Irma Lemus, fue amenazada por el grupo de choque, detalló a defensoresenlinea.com que quien dirigía el grupo le dijo “a vos ya diítas te miro allí”, también se dirigió con palabras discriminativas hacia los hermanos garífunas “esclavos vivieron y esclavos se van a ir”.
Por lo que Mirian Miranda les manifestó que, la guerra no es contra ellos como población sino contra la injusta, y que por eso estaban allí, exigiendo a la CSJ que realice su trabajo, porque no es posible que los tenga dividido.
Para Lemus, es una pena que este enfrentamiento con ánimo de ofender y provocar a las comunidades que defienden los bienes comunes de la naturaleza, sea únicamente un “show” para la policía, quienes en lugar de intervenir, se reían y hacían videos. Después un vehículo estatal fue llevado el hombre que dirigía a los provocadores, afirmó.
El campamento permaneció acompañado hasta la una de la tarde, cuando oficialmente se les informó la suspensión del juicio. Cientos de pobladores que han venido de diferentes regiones del país, volvieron a la sede del STIBYS, donde pernoctarán por segundo día. Algunos volverán a sus comunidades, pero estarán pendientes de lo que resuelva la Corte Suprema, con respecto al Recurso de Recusación, y afirmaron que van estar alertas a cualquier llamado para exigir “Justicia para Berta Cáceres”, asesinada en su vivienda el 2 de marzo del 2016.
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