La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó un “Análisis de la Estructuración, Contratación y Ejecución del Contrato de Concesión del Corredor Turístico de Honduras”, en el que denuncia trato preferencial e indulgente del Estado a la empresa Autopistas del Atlántico, S.A. (ADASA).
El trato preferencial incluye aumentos a los ingresos garantizados para pagar la construcción de las obras, y que el mismo Estado asuma el compromiso de pago de deuda a los bancos para que ADASA obtuviera financiamiento.
“Los ingresos mínimos (IMAG) que el Estado garantiza a la empresa por cada año de cobro de peaje, para pagar la construcción de las obras y su mantenimiento, fueron modificados tres veces en forma desproporcionada en los pliegos de condiciones del proceso de selección del consorcio o empresa ganadora del proyecto, sin dejar evidencia de los fundamentos técnicos para esas variaciones”, resalta el informe.
El contrato de concesión a Autopistas del Atlántico sufrió cinco modificaciones, todas para favorecer a dicha empresa. De acuerdo a Yajaira Duce, investigadora de ASJ y especialista en contrataciones públicas, uno de los efectos de las modificaciones del contrato es que el Estado hondureño accedió para que ADASA pudiera cobrar el peaje sin haber terminado las obras.
ADASA apenas ejecutó el 26% de las obras, refiere Carlos Hernández, director de ejecutivo de la ASJ: “por un valor estimado de 42 millones de dólares, pero ahora la empresa está pidiendo 130 millones de dólares eso equivale al presupuesto del Poder Judicial, del Ministerio Público y el Estado tendrá que pagarlo porque si no está sujeto a una demanda millonaria”.
En el estudio se indica que la concesión del Corredor Turístico de Honduras, que abarca de El Progreso a Tela y tramos de San Pedro Sula a El Progreso y La Barca a El Progreso, se adjudicó sin estudios previos, lo que provocó el encarecimiento del mismo.
Según el análisis, los bancos responsables son: JP Morgan Chase, Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI), Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) del Banco Mundial, FICOHSA y como representante de ellos desde 2015: BAC Honduras (Rosybel G. Bueso A.).
“Errores humanos”
El contrato original establecía que el cobro de tarifas de peaje iniciaba después de construidas las obras, sin embargo, en la modificación al contrato el Estado aceptó la solicitud de ADASA de adelantar el inicio del cobro mucho antes de la fecha de terminación completa, señala la ASJ: “Con solo 10% de avance de la construcción de la obra, ADASA instala las casetas de peaje e inicia el cobro de la tarifa el 7 de octubre de 2016, de acuerdo a datos de la SAPP”.
Marco Bográn, director de la Cuenta del Milenio, dice que en la concesión del proyecto Corredor Turístico existe una combinación de factores, unos de suerte y otros de errores humanos: “creo yo que el grave error que lo llevó a éste punto fue haber tratado de colocar casetas y generar recaudación cuando la obra no se había concluido, la ciudadanía no acepta eso, exige que la obra se concluya, y ese error humano luego llevó al proyecto a una situación social muy complicada, la oposición al gobierno lo convirtió en una bandera política”.
Para Armando Urtecho, director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada –COHEP-, las irregularidades en los contratos de concesión están a vista y paciencia de los órganos contralores del Estado.
“Viene a manchar la imagen de una empresa no del sector privado, esta es una empresa que no es nacional, y todo se hizo porque desde el inicio de la contratación se pusieron de acuerdo algunas empresas, que sean los tribunales, los órganos contralores del Estado que al parecer no sirve para nada más que para cobrar”, comentó Urtecho.
La investigación señala que una de las modificaciones al contrato con ADASA, referente a los ingresos mínimos garantizados, fue firmada por Carlos Alejandro Pineda Pinel, comisionado presidente de COALIANZA; Miguel Ángel Gámez, secretario de Estado en Insep; y William Chong Wong, secretario de Estado de la Secretaría de Finanzas (Sefin).
En una conferencia de prensa, autoridades de la Superintendencia de Alianzas Público Privadas (SAPP), la Secretaría de Finanzas y representantes de banco Ficohsa rechazaron las irregularidades señaladas por la ASJ.
En ese sentido, Ignacio Williams, Superintendente de Alianza Público Privadas (SAPP), dijo que “todas las instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales vinculadas a este proyecto, rechazamos de forma categórica los argumentos planteados en torno a supuestos actos irregulares, sobrevaloración de la obra o negligencia”.
Asegurando que la actual administración pública está comprometida en finalizar la obra, Williams manifestó que “este es un gobierno abierto y transparente, y la veeduría social en todos los proyectos de infraestructura es parte ya de nuestra cultura de trabajo”.
La ASJ aseguró que el informe ya fue entregado a la Fiscalía, para que termine si los funcionarios de las instituciones públicas vinculadas a los procesos de concesión de proyectos en el marco de las APP han incurrido en responsabilidad administrativa, civil o criminal, y actuar conforme a Ley.
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