Por Sandra Rodríguez
Como un desafío, califica Laura Zúniga Cáceres, hija de Berta Cáceres, el primer juicio oral y público contra ocho imputados señalados como autores materiales e intermedios por el asesinato de la lideresa indígena lenca y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), el 2 de marzo del 2016.
A lo largo de estos dos años y medio, la familia de Berta Cáceres Flores, el COPINH y el equipo de legal, ha denunciado constantemente la falta de información en torno a las investigaciones de parte del Ministerio Público, que representa por segundo periodo y el Fiscal General impuesto, Óscar Chinchilla.
Asimismo, a la familia e integrantes del COPINH les niegan el acceso a instituciones públicas, cuando se apersonan con la intención de saber como va el caso, las investigaciones o audiencias. Teniendo pleno conocimiento de quienes se trata, los operadores de justicia o empleados públicos no toman en cuenta a las víctimas de este crimen.
Berta Cáceres, la defensora de derechos humanos, indígena, antimperialista, antipatriarcal, antimilitarista, le fue arrebatada a la humanidad. Todo este proceso, su familia lo enfrenta con el recuerdo de “esa Berta Cáceres irreverente, rebelde, alegre, que nos incitaba y que ella misma desafiaba esas estructuras, la frialdad y naturalidad de los poderes económicos y políticos”.
Y es justo eso lo que “nos ha tocado hacer en este proceso de justicia, enfrentarnos a las instituciones que se supone deberían impartir justicia, y nos ha tocado ver esa realidad de las instituciones sumamente racista y patriarcales que nos niegan la entrada a esas instituciones por el hecho de nuestra forma de vestir, color de piel y nuestra procedencia”.
Detalló que, en este primer proceso ha sido un debate poder entrar a los tribunales, les dicen que la sala está llena, aunque está vacía, y en casos extremos “nos dicen que con pañuelos lencas no podemos ingresar, cuando hemos visto como se utiliza nuestros pañuelos (típicos) como forma de lucrarse, pero nosotros no lo podemos utilizar”.
-Hace unas semanas, una campaña del régimen del ilegal presidente Juan Orlando Hernández utilizó una frase de Berta Cáceres, días después su esposa, Ana García, apareció con atuendo alusivos a la cultura Lenca, ambos eventos fueron condenados por organizaciones sociales, indígenas y población-.
“la cancillería de la República ha tenido el cinismo de usar el pensamiento de Berta para hacerse los democráticos mientras legalizan proyectos de muerte para los pueblos indígenas y la entrega de sus territorios mediante la ley de consulta previa…” Expresó un comunicado dela Red Nacional de Defensoras de DDHH.
La menor de las hijas de Berta Cáceres declaró que “Nos ha tocado en los más profundo de la indignación, pelear para entrar a esas salas donde después nos prohíben que digamos lo que sucede, porque si hacemos citas textuales de lo que ahí sucede, nos dicen que es una amenaza, cuándo somos nosotras los que constantemente vivimos amenazas”.
Entonces, estamos en unas instituciones en las que es tan desgastante y constante la violencia a la que nos someten y volvemos a tomar perspectiva para decir que estamos desafiando a esas instituciones y a la justicia hondureña que está empequeñeciendo este caso y solo dejándolo en el hecho del 02 de marzo y esas balas que se encañonaron en el pecho de Berta Cáceres; pero que no toman en cuenta todo el contexto del rededor en el asesinato. Laura Zúniga
Tomar en cuenta el contexto en el que se da el asesinato, el acumulado de hechos, negar eso es generar impunidad por eso solicitamos que la familia Atala Zablah (directivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A.) fuera atestiguar, pero nos dicen que eso no se puede, declaró Zúniga Cáceres, en el marco de una conferencia de prensa donde la Coalición Contra la Impunidad, anunció su acompañamiento de observación durante este primer juicio.
DESA era la empresa encargada de la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, que afectaría el cauce del Río Gualcarque, en la comunidad de Río Blanco, Intibucá. Cáceres y el COPINH, denunciaron constantemente ese proyecto, y por ello fue amenazada, según indica la línea de tiempo que se puede consultar en el sitio web Berta.copinh.org lanzado en el marco de una campaña para romper el cerco mediático y exigir justicia en esta causa.
Laura Zúniga Cáceres, primera a la derecha,durante la conderenia de prensa convocada el 6 de septiembre del 2018, por la Coalición Contra la Impunidad.
Reiteró que “Seguimos desafiando a la autoridad, nos han dicho que ese juicio se va a aquedar dentro de cuatro paredes y que no vamos a poder sacarlo, que la justicia entonces es exclusiva para cierto grupo de personas porque nosotros tampoco podemos acceder a esa sala, por eso los volvemos a desafiar, estamos cansadas y cansados de que se someta al pueblo hondureño a situaciones como esas, estamos cansadas de que sólo sea siempre los ricos los que pueden acceder a esos lugares, y nosotras estar ahí mendigando justicia, desde ese desafío nos paramos frente a la institucionalidad”.
Además, afirmó que no están solas, no sólo es la familia de Berta Cáceres, es el COPINH y todas las personas que lloraron y se indignaron y siguieron adelante, son el pueblo hondureño que se indigna y enfrenta un sistema de muerte, por lo que desde este escenario “seguiremos luchando y vamos a seguir hasta que todo sea como lo soñamos”.
Para el lunes se tiene previsto el inicio del juicio contra Emerson Duarte Meza, Edilson Atilio Duarte Meza, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henrry Javier Hernández, Oscar Aroldo Torres Velásquez, acusados de autores materiales y como autores intermediarios a: Mariano Díaz Chávez, militar activo al momento del asesinato, Douglas Geovanny Bustillo, exjefe de seguridad de DESA, Sergio Ramón Rodríguez Orellana Gerente del área social, ambiental y de comunicaciones de DESA.
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