Por Eliana Gilet
Una investigación independiente encargada por la Cidh señala la complicidad de la empresa Desa y de las fuerzas de seguridad en el asesinato de la líder indígena hondureña en marzo de 2016
El asesinato de Berta Cáceres fue planificado durante seis meses por directivos de la empresa Desarrollos Energéticos SA (Desa), que estaba detrás del proyecto hidroeléctrico al que ella se oponía, como vocera del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), que nuclea comunidades lenca del departamento de Intibucá. A pedido de su familia y del Copinh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) conformó un grupo de expertos, llamado Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (Gaipe), para investigar de manera independiente la causa.
Tras un año de trabajo en Honduras, el Gaipe denunció la impunidad en que permanecen los autores intelectuales del crimen, y señaló en un informe (1) una gama de delitos que acompañaron al asesinato de Cáceres, corolario de un campaña que la empresa Desa emprendió contra “los enemigos” del proyecto Agua Zarca, concebido para construir una represa sobre el río Gualcarque.
El informe omite los nombres de quienes aún no han sido acusados penalmente, por lo que sólo se conoce la identidad de los autores materiales del crimen, detenidos por la justicia: tres sicarios –albañiles que llegaron a la ciudad La Esperanza contratados para ejecutar el asesinato–; dos ex militares –Douglas Geovanny Bustillo, el coordinador del crimen, y Henry Javier Hernández, quien dirigió al grupo de sicarios– y un militar en actividad, Mariano Díaz Chávez, mayor de las fuerzas armadas de Honduras, que coordinó con Bustillo. También está preso Sergio Rodríguez Orellana, gerente de comunicaciones de Desa, y un octavo hombre que, según denunciaron los expertos, no participó de los hechos y fue acusado arbitrariamente.
“El asesinato fue planeado por altos directivos de Desa, quienes vigilaron a Berta y el Copinh por medio de sus empleados y actuaron en alianza con fuerzas de seguridad del Estado y con estructuras paralelas de seguridad”, indica el informe, que dice también que el Ministerio Público hondureño tiene registro de ataques focalizados contra el Copinh desde 2012. Dos años antes comenzó la presencia de Desa en territorio lenca. El Copinh se opuso y en 2011 logró un acuerdo con el presidente de la república, Porfirio Lobo Sosa, que accedió a “no autorizar la construcción de represas en las comunidades lencas sin la realización de consultas libres, previas e informadas”. Entonces empezó la guerra sucia.
Evidencia reveladora
Según el informe, Desa montó un sistema de vigilancia y seguimiento de Cáceres y el Copinh –pagando informantes–, y también una estrategia de desprestigio, encargada a un equipo de asesores, que incluía pagos a periodistas para que desinformaran y ocultaran “los procedimientos arbitrarios con Cáceres y el Copinh”.
Según la investigación del Gaipe, un alto directivo de Desa se comunicó con Douglas Bustillo en noviembre de 2015 para que ejecutara el ataque contra Berta Cáceres. En enero siguiente, Bustillo, en compañía de Henry Hernández, visitó La Esperanza. Prepararon un primer operativo que se frustró, entre el 5 y el 6 de febrero de 2016.
Un mes después, pasadas las 11 de la noche del 2 de marzo, dos hombres armados rompieron a patadas la puerta trasera y entraron en la casa de Berta. Ella salió de su cuarto, alarmada por el ruido, y uno de los hombres disparó siete veces hacia donde ella estaba: sólo un tiro le dio en el pecho. En el cuarto de al lado sobrevivió un testigo que los sicarios no esperaban, el mexicano Gustavo Castro, coordinador de la Ong Otros Mundos-Chiapas y de Redes Amigos de la Tierra-México, que se encontraba en La Esperanza para dar un taller y se quedó esa noche en casa de Berta.
Los atacantes huyeron de La Esperanza y, según el registro telefónico al que el Gaipe tuvo acceso, unas horas más tarde, a las 6.30 de la mañana, Bustillo se comunicó con el alto directivo de Desa (cuyo nombre no ha sido revelado) con quien se había reunido la mañana del día anterior y también el 6 de febrero para informarle del intento abortado de asesinato. Todo esto está documentado en mensajes de texto que intercambiaron y forman parte del expediente judicial.
“La alianza de las fuerzas de seguridad con Desa permitió que los directivos y empleados de la empresa tuvieran información privilegiada sobre el asesinato, sobre las diligencias de investigación y orientaran las hipótesis que se manejaron por agentes del Estado a menos de 24 horas de haberse consumado dichos crímenes.” La justicia hondureña manejó primero las hipótesis de un crimen pasional o de una puja interna en el Copinh. “Circunstancias que implicaron que la situación se desviara, en un inicio”, indica el informe, que afirma que la investigación oficial ha sido “insuficiente e incompleta”.
A pesar de que la evidencia que presenta el Gaipe en su informe es la misma que figura en el expediente oficial, la justicia hondureña aún no ha imputado a todas las personas que parecen, a todas luces, haber participado del crimen.
El Gaipe insiste en que había una comunicación fluida con respecto al asesinato entre empleados y directivos de Desa, quienes dieron instrucciones directas de cómo proceder. Los directivos también se comunicaban con los socios, encargados de articular con la clase política, local y nacional. “Como consecuencia de ello, la participación de las personas procesadas por la muerte de Cáceres no fue por iniciativa propia, ni una decisión que pudieron tomar los empleados sin que el directorio de la empresa y los socios estuvieran enterados y avalaran la ejecución del operativo del 2 de marzo de 2016; teniendo en cuenta […] que los ejecutores del ilícito actuaron por remuneración económica, no pudiendo ésta provenir de los acusados Sergio Rodríguez y Douglas Bustillo. Desa, a través de sus directivos y socios, se estructuró como una organización que utilizó un revestimiento legal para conformar y fortalecer estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado, y concibió como enemiga a toda expresión defensora del territorio.”
La hija mayor
Cuando Olivia Zúñiga Cáceres se enteró de que su madre había sido asesinada tardó en digerirlo, porque, explicó a Brecha, a pesar de las amenazas de muerte, nadie en Honduras imaginaba que se concretarían. Para la hija mayor de la difunta líder ambientalista el informe del Gaipe ha sido muy importante, porque confirma la hipótesis de su familia de que directivos de la empresa Desa fueron los autores intelectuales del crimen. Éstos “están preocupados, porque saben que nosotros ahora sabemos, con nombre y apellido, quiénes asesinaron a nuestra madre”, aseveró.
Pero Zúñiga Cáceres también teme que las revelaciones del informe hayan aumentado el riesgo para su familia y para el pueblo lenca.
—Después de un primer estudio que realizaron 38 organizaciones, acompañadas de Oxfam Internacional y de Global Witness (véase Brecha, 28-VII-17, “La grieta”), empezamos a tener amenazas más seguido. Recrudeció la violencia hacia nosotros, la guerra mediática, de desprestigio, de engendrar odio en la población, y los atentados. En este caso hubo un cerco mediático en torno al informe del Gaipe, para que no se publicara absolutamente nada al respecto –relató.
—¿Cuál ha sido el rol de la justicia en el caso del asesinato de tu madre?
—Para las grandes corporaciones es indispensable tener al Estado a su disposición, porque les sirve a sus intereses económicos. En el caso de mi mami, hubo muchos funcionarios públicos vinculados con la conspiración para asesinarla, y todavía no vemos que haya justicia. Decimos que no hay justicia porque lo que se ha hecho con los autores materiales es un show mediático: son personas pobres que eran gatilleros, militares que no tenían poder económico ni político.
—Ni motivos personales para cometer el crimen.
—Exacto. No se han iniciado líneas de investigación contra los autores intelectuales, y creemos que la justicia pasa por el castigo a quienes diseñaron, ejecutaron y financiaron ese asesinato; pasa por cancelar de manera total y definitiva esas concesiones que se otorgaron ilícitamente durante el golpe de Estado (en 2009 contra el entonces presidente Manuel Zelaya), que se dio para consolidar ese modelo extractivista. La justicia para Berta Cáceres es un proceso bien grande y profundo, porque devela que hay un poder paralelo a la institucionalidad pública que opera y pone a las instancias operadoras de justicia como sus lacayos, al servicio del crimen. Una prueba de ello es cómo la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad que interpuso el Copinh y la familia de Berta Cáceres contra ese proyecto hidroeléctrico de la empresa Desa.
—¿En qué situación se encuentra el proyecto?
—Ahora Agua Zarca no tiene financiamiento internacional, pero tiene accionistas muy poderosos a nivel nacional, grupos fácticos de poder político y económico. La banca internacional canceló definitivamente el financiamiento, pero fue demasiado tarde. Porque financió este proyecto estando advertida de que Desa estaba masacrando a nuestro pueblo; el Copinh le había mandado la evidencia legal y política, y sin embargo no actuó. El banco holandés Fmo Netherlands Development Finance Institution y el finlandés Finnfund cancelaron el financiamiento un año después del asesinato de mi madre, que fue el sexto homicidio vinculado al proyecto. Sabemos que nos enfrentamos a un monstruo, que hoy más que nunca nuestras vidas corren riesgo, pero vamos a continuar. Lo mínimo que se merece Berta es que nosotros dediquemos nuestras vidas a cambiar esas condiciones por las cuales ella y muchas defensoras y defensores de la vida fueron asesinados en Honduras.
—Si la justicia hondureña tenía esta evidencia hace más de un año, ¿por qué no actuó?
—Ellos lo supieron todo un mes después del asesinato. Tuvieron toda la información científica, peritajes; hicieron decomisos, incautación de documentos, pero nunca actuaron. Este informe revela que el mismo Ministerio Público y las instancias de justicia están protegiendo a los autores intelectuales. El expediente oficial del caso de Berta Cáceres es secreto, como familia no tenemos acceso a él. Y en varias ocasiones se robaron el expediente de un carro de una magistrada de la corte. Ese grado de secretismo es para proteger a los autores intelectuales de este asesinato.
—¿Cómo pueden protegerse frente a este contexto?
—Si no tuviéramos acompañamiento internacional nos hubieran asesinado de inmediato después que a nuestra madre. Ellos nunca se imaginaron que el coletazo más grande se los iba a asestar mi mami después de muerta. Es realmente muy peligroso el ambiente en Honduras. Con el contexto electoral de polarización que vive el país, con el mismo presidente incitando al odio, a la confrontación y haciendo un llamado a sus bases para que el día de las elecciones (véase recuadro) sea la madre de las batallas, el escenario es sumamente delicado y es muy probable que haya más víctimas. Yo soy madre de un niño y no me gustaría ser víctima, creemos que no hay razón para matarnos. Sin embargo, para ellos somos una amenaza, porque en mi país nadie hace eso que hemos hecho nosotros.
—¿Denunciar?
—Así es. Nadie está exento de la violencia en Honduras: la gente sale huyendo del país. A nosotros el crimen nos cambió la vida de una manera terrible: nos hacen campañas de odio en las redes, nos acusan de que somos financiados por Ong europeas, que nos aprovechamos de la muerte de mi mami, que somos millonarias, que no somos indígenas. Pero toda la vida hemos vivido campañas de desprestigio mediático. Contra mi papá y mi mamá, que estuvieron encarcelados. Pero el asesinato de mi mami reafirma mis convicciones, mis principios éticos, mis principios revolucionarios para seguir este camino, que es el camino correcto. Porque mi mami, lo que más era, era una mujer rebelde que en un solo cuerpo acumulaba todas las resistencias, todas las luchas. Era una mujer que, ante todo, lo que más nos enseñó fue a ser valientes.
La vía electoral
Olivia Zúñiga Cáceres se presentó en las elecciones generales de este domingo 26 como la primera mujer indígena candidata a diputada por el departamento de Intibucá. Integra el partido Libertad y Refundación, que surgió a partir del golpe de Estado contra Manuel Zelaya, en 2009. A Zúñiga, que tiene 27 años, y a su suplente de 22, les llaman despectivamente “los niños”.
Candidatearse “no fue una idea mía”, comentó a Brecha. “Fue una petición de las comunidades, que me hizo el pueblo: yo realmente no quería meterme a esto. Pero creemos que es importante arrebatar cuotas de poder dentro de la institucionalidad pública. Por eso decidí lanzarme de candidata a diputada. Lo hago realmente con determinación, y creo que he alentado a otras personas indígenas, campesinas, mujeres, a que lo hagan, porque necesitamos gente al servicio de las grandes mayorías, de los pueblos indígenas, y no al servicio de las grandes multinacionales.”
En estas elecciones el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se presenta a la reelección sin haber reformado la Constitución, que la prohíbe. Un fallo judicial inaudito, que “reinterpretó la Constitución”, lo habilitó a ser reelecto.
Nota
1) “Represa de violencia”, noviembre de 2017 (https://copinh.org/media/documents/2017/11/represa-de-violencia-es-final-.pdf)
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