Por Sandra Rodríguez
Una tanqueta policial se estacionó en la entrada principal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), para reprimir una protesta realizada por estudiantes que se oponen al alargamiento de 60 días de la Junta de Dirección Universitaria.
Lo anterior implica un inconveniente para que en septiembre próximo este Órgano elija nuevas autoridades, que actualmente rectora -por segunda vez- Julieta Castellanos, según información del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), a través de redes sociales.
Exigimos que la elección de este Órgano sea en un Consejo Universitario legítimo, por eso se demanda elecciones estudiantiles de concejales para el siguiente período académico. “Despierta el MEU” afirmaron esta tarde.
Fausto Cálix, dirigente del MEU, afirmó que ya no quieren que haya representación puesta de dedo, porque no los representan. El proceso de elección se ha suspendido desde la semana pasada, por lo que el Consejo Universitario nombro de forma interina la misma junta. Y continuaría en extensión de mandatado Castellanos. Lo que vemos como un capricho a favor de la actual rectora.
Apoyamos a las personas que garanticen la institucionalidad de la UNAH, que salvaguarde la Autonomía Universitaria y la educación laica, gratuita y pública, declaró a defensoresenliena.com Fausto Cálix, quien fue uno de los 75 criminalizados por el delito de usurpación en perjuicio de la UNAH, el año pasado cuando el MEU lideró una serie de protestas sociales a lo largo de dos meses, por la defensa del Alma Mater.
La represión de hoy afirma la tipificación la acción de criminalizar la protesta social, porque somos un grupo siempre en la defensa de los derechos humanos, no es extraño que los entes del estado ataquen, golpeen y encarcelen a los estudiantes, por eso insistimos en “no a la represión de la protesta social” y “no a la criminalización estudiantil”, concluyó Cálix, estudiante de la carrera de Derecho en Tegucigalpa.
Nuevamente los defensores de la educación pública, fueron atacados, causando daños físicos y uno de ellos fue herido por una bomba lacrimógena lanzada por elementos policiales.
Con estas acciones se corre el riesgo, de que los jóvenes que emprenden protestas sociales sean criminalizados, según las reformas promovidas en el Código Penal.
Se reforma el artículo 335 sobre el delito de terrorismo que se indica lo cometen quien incurre además en dicho delito quien o quienes formen parte de asociaciones ilícitas, y desarrollen de forma sistemática acciones cuyo propósito sea, mediante la comisión de delitos violentos o amenaza de cometerlos, alterar gravemente la paz pública, aterrorizar o intimidar a la población o a parte de ella, para obligarla a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.
Se adiciona el artículo 335-A que establece que se aplicarán las penas contempladas en el artículo precedente a quién o a quienes como integrante de grupos de asociación ilícita de cualquier tipo, busque o busquen suplantar el ejercicio de las potestades de la autoridad pública, tales como, el control territorial, así como el uso legítimo de la fuerza por parte de las diferentes instituciones de justicia y seguridad, atemorizando, poniendo en grave riesgo o afectando de forma sistemática y general los derechos fundamentales de la población o parte de ella, la seguridad interna del Estado o la estabilidad económica del país.
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