“Uno de los jefes de una padilla se enamoró de mi hija de 16 años, pero como no le correspondió comenzó a acosarla y amenazarla que si no era de él no iba a ser de ningún otro hombre, esto nos obligó abandonar nuestra casa para salvar la vida de mi niña”, cuenta una madre quien junto a su familia vivió por 30 años en una colonia de San Pedro Sula, al norte de Honduras y de la noche a la mañana tuvo que huir.
El desplazamiento forzado de las poblaciones es una de las consecuencias más graves de la diversa violencia que se vive en Honduras. Según datos oficiales más de 174 mil personas en distintas regiones del país han tenido que dejar sus comunidades y sus pertenencias. Salvar su vida y escapar del crimen es su pan de cada día.
“Este fenómeno afecta en mayor proporción a las mujeres de muchas maneras. Pero, ante la falta de protección del Estado, las mujeres muestran ingenio, resistencia y coraje a la hora de afrontar la adversidad”, revela un estudio sobre desplazamiento forzado realizado por el Foro de Mujeres por la Vida, con sede en San Pedro Sula.
“Este estudio recoge los tipos de violencias que las mujeres enfrentan en sus barrios, colonias y comunidades, y cómo éstas impactan directamente en sus vidas provocando, en muchos de los casos, desplazamiento forzado”, indicó Nelly Delcid, encargada de desarrollar la investigación.
A renglón seguido indicó que a través de grupos focales y entrevistas personalizadas se encontró el daño emocional que existe en las mujeres desplazadas, pero que además hay una gran claridad de las féminas respecto a la falta de apoyo del Estado hondureño, a las familias víctimas del desplazamiento forzado.
Las padillas, el crimen organizado, el tráfico de drogas y la violencia doméstica han dejado en Honduras una estela de dolor y el desplazamiento forzado es una de las tantas caras de la violencia. “Muchas personas huyen de la violencia urbana alimentada por la guerra entre pandillas o “maras”, la extorsión generalizada, las amenazas, el reclutamiento forzado, la violencia sexual y la inseguridad generalizada”, de acuerdo a datos del Comisionado Nacional de los derechos Humanos.
“Los cuerpos de las mujeres son utilizados para mandar mensajes a los grupos delincuenciales rivales, para muestra un botón: dos jóvenes decidieron visitar a unas amigas que vivían en otro sector donde dominaba una pandilla contraria a la de zona, al llegar al lugar de destino las jóvenes fueron raptadas y al siguiente día aparecieron con señales de violación y desmembradas”, indicó.
Estado incapaz de dar protección
Desde el año 2013 en Honduras se aprobó un decreto que creó la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por la Violencia, la cual tiene como objetivo impulsar la formulación de políticas y la adopción de medidas de prevención del desplazamiento forzado, así como la atención, protección y soluciones a las personas afectadas y sus familiares.
Sin embargo “el Estado es incapaz de asegurar la integridad de las mujeres amenazadas. Este desamparo sitúa a las mujeres en una posición de extrema vulnerabilidad y riesgo en los diferentes ámbitos del ciclo de desplazamiento forzado de víctimas en condiciones de riesgo”, manifestó DelCid.
“Las mujeres se ven obligadas a abandonar sus casas, salen en búsqueda de familiares a otras zonas del país, se desplazan forzadamente a otras zonas más alejadas y a menudo terminan cruzando frontera internacional para salvar sus vidas”, indicó.
Chamelecón y Rivera Hernández han sido considerados los sectores más poblados del municipio de San Pedro Sula. Sin embargo, en los últimos diez años ha ido disminuyendo en habitantes debido a que cientos de éstos han emigrado por temor, pues la inseguridad en la zona es cada vez mayor.
El panorama es desalentador: varias familias han optado por abandonar sus casas debido a los constantes asaltos y amenazas contra integrantes de su familia que hacen a miembros de las pandillas, de acuerdo a testimonios recopilados por Radio Progreso.
“Ante la falta de respuestas por parte de la institucionalidad hondureña, como pueblo tenemos la obligación de demandar al gobierno verdaderas políticas para reducir la violencia y la protección a las víctimas de desplazamiento forzado”, concluyó Nelly Delcid, del Foro de Mujeres por la Vida.
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