Por Javier Suazo
En Honduras han fracasado muchas de las iniciativas de apoyo internacional. Para muestra un botón. La Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP) quedó en papel mojado, sin que alcanzara el cumplimiento de la meta principal: reducir en forma acelerada la pobreza entre 2000 y 2015. Después del Golpe de Estado, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación Nacional, hizo varias recomendaciones que no se han cumplido y la institucionalidad creada, Unidad de Seguimiento a los compromisos, se desmanteló. Otra Comisión de Reforma Policial apoyada por los gobiernos de Chile y Canadá, fue suprimida por el gobierno actual, sin que sus recomendaciones se tomaran en cuenta.
Al parecer, hoy le toca el turno a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) , creada por el gobierno de la Republica con apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA), como respuesta al movimiento de indignados por tanta corrupción e impunidad en el país, donde dirigentes del Partido de Gobierno aceptaron haber recibido dineros de los fondos robados al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), para financiar su campaña política y la del presidente Juan Orlando Hernández (JOH).
Aunque el movimiento de indignados quería la Comisión Contra la Impunidad de Honduras (CICIH), con autonomía para perseguir el delito y llevar a los tribunales a los corruptos sin distingos de cargo, posición económica, social y género, la MACCIH es lo que se logró, en tanto el gobierno considera que lo urgente es una asesoría a los órganos judiciales, principalmente al Ministerio Publico, en la persecución del delito para su acusación posterior a los imputados.
Un trabajo de la MACCIH es referente a los partidos políticos y el financiamiento de las campañas políticas, en un país penetrado por el narcotráfico. Se busca mayor transparencia en cuanto la identificación del origen de los fondos utilizados para las campañas políticas, el techo a dichos fondos y la regulación de los procesos, además de institucionalizar un nuevo cuerpo de jueces responsable de dar seguimiento y aplicar las penas a los infractores, sean estos partidos políticos, empresas y candidatos a cargos de elección popular.
Uno de los pocos logros de la Maccih, es la aprobación de la Ley de Financiamiento de las Campañas Políticas, pero que no pudo entrar en vigencia durante las elecciones primarias. Una justificación de ello, fue que no se prohibió el financiamiento de las empresas concesionarias del Estado a las campañas políticas, aunque la Maccih había pedido su prohibición. Este es un aspecto importante, ya que la campaña política del partido de gobierno se basa en el apoyo financiero que puede recibir de este tipo de empresas, que han sido beneficiadas con contratos para la ejecución de obras de infraestructura económica y social. Es un país con aumento de impuestos, creciente endeudamiento externo y autoritarismo, es de esperar que los recursos contratados sirvan no solo para ejecutar las obras, sino también para promover la imagen del actual mandatario que aspira a la reelección presidencial.
En segundo lugar, hay nerviosismo entre los funcionarios públicos y aquellos que aspiran a repetir como diputados y alcaldes, acerca de los nuevos jueces que serán contratados para perseguir el delito de financiamiento ilícito de las campañas políticas. Muchos de los aspirantes a jueces, son personas de reconocida honorabilidad y sin padrinazgo político, por lo cual el miedo es mayor. En Honduras, el ser honorable, es un pecado para la clase política.
Por otro lado, la Maccih ha venido cuestionado y pedido la derogación de la Ley de escuchas y ley de secretos, ya que atentan contra las libertades públicas, una de ellas, la libertad de información y comunicación. Este Ley de secretos, es la que impide que la Maccih se involucre en la investigación del asesinato de la líder ambientalista y defensora de derechos humanos, Bertha Cáceres, tal como solicitaron organizaciones de sociedad civil y familiares de las víctimas, por ser un secreto de Estado.
Es por ello que se ha celebrado una reunión de urgencia entre los miembros de la Maccih y organizaciones de sociedad civil, el soporte moral y político de la Misión frente al autoritarismo institucional. Se ha denunciado la presencia de una Quinta Columna al interior de la Misión, que no respeta ni consulta al vocero principal y corre a cualquier llamado de los miembros del Central Ejecutivo del Partido Nacional. Es más, dirigentes de este instituto político han solicitado que la Maccih certifique a sus candidatos a cargos de elección popular, o sea que dé el visto bueno de que no usaron, usan ni usarán dineros ilícitos en sus lucha por acceder al poder. Al parecer, ya ha tenido efecto esta alianza entre la Quinta Columna y dirigentes del partido de gobierno, ya que el ex fiscal de la CICIG, Manuel Garrido, considerado el limpiador de la corrupción de élite en Guatemala, renunció al cargo de Investigador de la Maccih. Aunque la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) le resta importancia a esta denuncia, el abogado Garrido es uno de los profesionales de más calificación y experiencia para enfrentar los casos de corrupción emblemáticos en Honduras y romper el cerco mediático del gobierno.
El apoyo a los miembros de la Misión de ser brindado por la dirigencia de los partidos políticos, incluyendo al partido liberal que todavía tiene una alianza con el partido de gobierno en el Congreso de la Republica. Los dirigentes de la Alianza Opositora ( LIBRE, PAC y PINU-SD) son del criterio que una vez en el poder, conformaran una CICIH en vez de una MACIH, con amplios poderes y respaldo político y social, mientras tanto, en la coyuntura política actual , su respaldo a la Misión no debe esperar.
Preocupa, sin embargo, el silencio del Embajador de EEUU, James Nealon, aunque el Departamento de Estado aportó de entrada 5.2 millón de dólares para el funcionamiento de la Maccih, siendo el mayor aportante. Igual, tanto en Tegucigalpa como en Washington, el apoyo ha sido total, pero sujeto al cumplimiento de metas. El cambio en las reglas de juego y jugadores (sustituir al Coordinar actual de la Maccih y otros miembros), más bien aleja el trabajo de dichas metas e introduce volatilidad al proceso electoral de 2017.
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