Por Silvina M. Romano
1. El TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte)
Considerando las decisiones y acciones del gobierno de Donald Trump, pueden percibirse algunas brechas respecto de lo prometido durante su campaña electoral, así como continuidades con gestiones anteriores en materia de política exterior. Esto debido en parte al protagonismo de diversos actores y sectores del escenario político estadounidense que dan cuenta de que Trump, aunque quiera, no tiene el poder absoluto. Algunos ejemplos: el freno interpuesto mediante demanda judicial a los Decretos de urgencia que afectan especialmente a migrantes de países musulmanes; la expulsión del ultra derechista Bannon del Consejo de Seguridad; las dificultades para lograr que el Juez Gorsuch, elegido por Trump, accediera a un puesto en la Corte Suprema (fue bloqueado por los demócratas en la Cámara Baja y finalmente aprobado por mayoría en el Senado). De igual modo, el “tan temido” (como irreal) vínculo con Rusia parece transformarse en un abierto enfrentamiento con Putin luego de que Estados Unidos bombardeara Siria en el momento en que Trump estaba en reunión con el presidente chino, Xi Jinping –reunión que a su vez, dio cuenta de que el incendiario discurso de campaña de Trump contra China, ya se enfrió al punto de que las relaciones “son positivas” y se avanza en acuerdos comerciales con el país a quien él había acusado como principal culpable del malestar de la economía estadounidense–.
Con respecto a América Latina, destaca la crisis generada por la amenaza –durante campaña electoral– de que EEUU abandonaría el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Contradiciendo estas expectativas, el equipo de Trump propuso una renegociación del TLCAN a inicios de abril de 2017 (material que ahora se encuentra en manos del Parlamento para ser revisado) en la que figuran modificaciones que fueron calificadas por la prensa hegemónica como “modestas”, por lo que no se le otorgó mayor importancia al asunto.
El mayor cambio planteado es la posibilidad de que cualquiera de los países miembro pueda establecer un arancel en caso de que exista “una inundación de importaciones” que amenace o cause “grave daño” a las industrias nacionales -la imposición de tarifas fue propuesta en su momento por Bill Clinton, pero fue rechazada por México-. También plantea que Estados Unidos debe buscar revertir el déficit comercial con México y Canadá, pero no se especifica cómo. Del mismo modo, se desliza que en el caso de las compras realizadas por el gobierno, debería priorizarse la compra a empresas estadounidenses, pero tampoco se abunda en el tema[1].
Distanciándose del revuelo mediático, estas modificaciones mínimas parecen estar más vinculadas a los intereses de Estados Unidos en México, que impiden su retirada (inmediata o a mediano plazo) del TLCAN. Destaca el hecho de que “el 70% de los estados de la Unión Americana dirige sus exportaciones a México como primero, segundo y tercer destino”[2]. Esto ya había sido advertido por la CEO de General Motors, con la afirmación de que “era demasiado pronto para preocuparse” por los altos impuestos fronterizos que supuestamente se cobrarían a las industrias que continuaran produciendo en el país vecino[3].
Considerando que la firma del TLCAN profundizó el desmantelamiento de la industria nacional mexicana y arruinó la producción rural para instaurar el modelo de exportación de productos de maquila[4], la innegable dependencia política y económica de México hacia Estados Unidos tiene como reverso el hecho de que importantes sectores de la economía estadounidense están fuertemente vinculados al vecino del sur y su devenir.
Estas moderadas modificaciones al TLCAN se suman a la “distención” de las relaciones con México a partir de la visita del Secretario de Estado, Rex Tillerson, y el Secretario de Seguridad Nacional, John F. Kelly, que mostraron una actitud cordial y predisposición a la negociación[5]. Todo esto confluye en un escenario en que, a diferencia del rudo discurso de campaña, Trump parece ahora inclinar la balanza hacia la posibilidad de una negociación.
De este modo, México, como país que estuvo en la mira durante la campaña electoral, ahora deja su lugar a los “problemas” de siempre, destacando la tensión con Venezuela, país que figuró poco durante la campaña y que, sin embargo viene acaparando la atención del Departamento de Estado, del Tesoro y el Congreso[6]. Este re direccionamiento de la atención hacia Venezuela es uno de los indicios que invitan a desentrañar, más allá de discursos incendiarios y promesas de campaña, las continuidades con las gestiones anteriores en materia de relaciones con América Latina. Y aquí un punto clave son los lineamientos para la seguridad.
Presencia militar de Estados Unidos en América Latina
El pasado 6 de abril, el Comandante en Jefe del Comando Sur, Kurt Tidd, presentó su informe ante el Congreso estadounidense. Aseguró que el problema en la región siguen siendo las redes de delincuencia, vinculadas al narcotráfico y el terrorismo, a lo que se suman las catástrofes naturales y epidemias que golpean a sociedades con “pobreza crónica e inseguridad económica”. Resume que “la región es estable” aunque hay “ebullición social y manifestaciones públicas debido a la corrupción y al mal manejo de fondos públicos”. Los únicos dos países que se mencionan como ejemplo son Bolivia y Venezuela[7]. Es curioso que no se diga ni una palabra de lo sucedido en las calles de Brasil luego del Golpe parlamentario a Dilma Roussef; o del “aprieto” en el que se vio el gobierno peruano por el caso de las coimas de Odebrecht[8]; o la inestabilidad (a punto del estallido) que se experimentó con el gasolinazo en México[9].
En su informe, Tidd llamó la atención sobre la cada vez menor presencia de Estados Unidos en América Latina, mientras avanza la injerencia de China, Rusia e Irán en la región[10]. Aún considerando que se trata de una afirmación orientada a solicitar mayor presupuesto al Congreso, lo cierto es que desde 2013 se nota una disminución en la asistencia militar estadounidense en términos generales hacia América Latina, derivada de la reducción en las asignaciones al Plan Colombia (guerra contra el crimen organizado en Colombia y la zona andina) y la Iniciativa Mérida (lucha contra el crimen organizado en México y Centroamérica). No obstante, al mismo tiempo, ha aumentado la asistencia militar al Caribe y Centroamérica, en el marco de la Iniciativa para la Seguridad de Centroamérica (CARSI). La región del Caribe, en 2015, recibía 7.2 millones dólares, mientras que en 2016, recibió 27.5 millones de dólares en asistencia. Con respecto a Centroamérica, en el 2014 recibió 100 millones, aumentando a 118 millones en 2016[11]. Vale destacar que se trata de la región con mayor nivel de pobreza y violencia, y constituye uno de los “problemas” número uno para la seguridad de Estados unidos, debido a la “exportación” de inmigrantes (indeseados).
Asimismo, es cada vez más evidente el vínculo entre la militarización de la región (en gran medida propiciada por EEUU) y los asesinatos selectivos a militantes y líderes sociales[12] (es de destacar que en Honduras, país con un alto nivel de criminalización de la protesta, haya aumentado el presupuesto de asistencia a 18 millones de dólares y que a pesar de las denuncias sobre la violencia perpetradas por las fuerzas de seguridad, esta asistencia siga fluyendo)[13]. También queda la duda de la función o implicancias de este aumento en el presupuesto de asistencia al Caribe en el contexto del acercamiento a Cuba[14].
Por otra parte, tal como lo revelan informes realizados en Estados Unidos, la disminución de asistencia no significa un menor involucramiento con policía y Fuerzas Armadas de la región. Se trata de un involucramiento con menos poder duro, pero también “menos transparente”, pues implica la presencia de aviones no tripulados, la posibilidad de ataques cibernéticos y sobre todo, un rol protagónico de las Fuerzas de Operación Especiales[15]. Estas últimas se ocupan de “acciones indirectas” vinculadas a entrenamiento, asesoría, operaciones sobre aspectos civiles, recopilación de datos e información confidencial (es decir, fuerzas capaces de llevar a cabo tanto operaciones psicológicas, como operativos militares puros y duros). A esto se suma una mayor presencia de agentes de inteligencia y los operativos para intervenir en redes de cómputos de países u organizaciones que Estados Unidos considere como amenaza[16]. En su informe, Tidd asegura que hubo acercamientos con Brasil para enfrentar amenazas cibernéticas y avances en compartir información. Lo mismo en Centroamérica, donde se destaca el Centro Regional para la Fusión de inteligencia[17]. Estos datos obligan a indagar nuevamente en los factores que han estado y están presentes en la desestabilización en Venezuela (incluida la Operación Venezuela Freedom- 2, pautada por el Comando Sur)[18] y operativos de desprestigio y deslegitimación llevados a cabo en procesos electorales, como el referéndum en Bolivia en febrero de 2015.
Con respecto a la situación actual en materia de asistencia militar, de acuerdo al Monitor de Asistencia para la Seguridad (Security Assistance Monitor) de Estados Unidos, se manejan los siguientes datos: Asistencia a Fuerzas Armadas y Policía 610. 840.000 dólares (2017); personal entrenado por parte de EEUU, 15.173 personas en 2015; venta de armas (entregadas) por un valor de 1.110 millones de dólares en 2015[19]. A esto se suma el esfuerzo por instalar nuevas bases de “ayuda humanitaria”, como en el caso de Perú, Paraguay[20] y la noticia que resuena desde fines de 2016, cuando la administración Obama negoció con el presidente Mauricio Macri la instalación de bases en la triple frontera con Brasil y Paraguay y en Ushuaia, con fines “científicos” y la ya mencionada asistencia humanitaria[21], proyecto que sigue en marcha.
Durante la campaña electoral, el discurso de Trump auguraba un escenario complejo y de tensiones con América Latina. Ahora en el gobierno, parece que no habrá ese momento de quiebre absoluto, ni de cambio estructural en las relaciones. En cambio, es más probable que Trump profundice, con menos diplomacia, pero con el mismo objetivo, medidas que fueron aplicadas por gobiernos anteriores: alinear a la región bajo los parámetros (económicos, políticos y de seguridad) que Estados Unidos considere adecuados, necesarios e inminentes para garantizar su seguridad nacional.
Notas:
[4] Cypher, James (2017) “La Trampa de la dependencia”, Le Monde Diplomatique (Cono Sur), edición 214, abril, pp 30-31.
[15] Ibid
[20] http://www.resumenlatinoamericano.org/2015/03/12/paraguay-permitira-instalar-otra-base-militar-de-ee-uu/; http://www.voltairenet.org/article195050.html
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