Rebelión
Por Alba Ubieto Oliván *
El pasado jueves 4 de mayo, en plena revisión del código penal, el Congreso Nacional hondureño decidió mantener las disposiciones del artículo 126 que penaliza el aborto bajo cualquier circunstancia.
Honduras tiene una de las legislaciones más restrictivas del mundo respecto al aborto, considerado una práctica ilegal incluso en caso de riesgo para la vida o la salud de la mujer, en caso de malformación fetal o cuando el embarazo resulta de una violación –es decir, las tres circunstancias mínimas en las que el aborto debería practicarse conforme a los estándares del derecho internacional.
Pero el órgano legislativo no solo decidió dejar estas disposiciones intactas sino que endureció las penas a las que se exponen aquellas personas que practiquen o consientan el aborto. Según el nuevo código penal la mujer que consienta un aborto se enfrenta a una pena de entre 3 y 10 años de cárcel [1].
Tras el golpe de Estado contra Zelaya en 2009 las instituciones del país se debilitaron de manera considerable y las mujeres experimentaron un retroceso en los derechos que habían adquirido y que el Estado dejó de garantizarles. La contracepción de emergencia se penalizó totalmente y la educación sexual, obligatoria por ley desde la escuela primaria, ha dejado de garantizarse en la práctica.
El Centro de Derechos de Mujeres de Honduras es una institución feminista y autónoma que trabaja para promover los derechos de la mujer y la igualdad de género. Entre otras cuestiones, el centro trabaja activamente para promover los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres y niñas, como son el acceso al aborto y los anticonceptivos [2]. Regina Fonseca, activista feminista y responsable de Defensa Internacional e Incidencia Política en el Centro, participó recientemente en varios eventos organizados por Amnistía Internacional y Front Line Defenders en el marco de la lucha por la despenalización del aborto en Irlanda (‘Repeal the 8th’). Ante la negativa del Congreso hondureño a despenalizar el aborto, Regina afirmó que esta decisión no hará que ella y sus compañeras se desanimen sino que van a seguir luchando para defender los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres hondureñas y su acceso a un aborto libre y seguro. Lo que piden las organizaciones feministas y de derechos de la mujer es que se legalice el aborto al menos en las tres circunstancias de excepción que contempla la mayoría de legislaciones del mundo. En este momento ya trabajan para recurrir la decisión del Congreso ante la Corte Suprema del país o los órganos regionales de derechos humanos, concretamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El aborto es una cuestión muy polémica en Honduras, donde la iglesia católica ejerce una influencia decisiva en la política interior y en los medios de comunicación. Una despenalización siquiera parcial del aborto tendría repercusiones positivas en los elevados índices de embarazo adolescente o en la falta de alternativas para las mujeres que quedan embarazadas víctimas de violación. Según datos del Centro de Derechos de Mujeres, 900 adolescentes quedan embarazadas cada año víctimas de violencia sexual, y el 17% de las mujeres que quieren abortan han sufrido violaciones [3]. Honduras es también uno de los países de Latinoamérica con la tasa más elevada de mortalidad materna: 120 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos en 2013 [4]. Según la Organización Mundial de la Salud, el aborto de riesgo está entre las principales causas de muerte materna en todo el mundo. En países en los que el aborto se ha despenalizado totalmente como Uruguay o Sudáfrica, se observan reducciones drásticas de la tasa de mortalidad materna. En Uruguay, por ejemplo, se legalizó el aborto voluntario en 2012 y desde entonces la tasa de mortalidad materna ha disminuido hasta 14 muertes por 100.000 nacidos vivos (2016) situándose como el segundo país de América con el menor número de muertes maternas después de Canadá [5].
Honduras es uno de los pocos países del mundo que penalizan el aborto en cualquier circunstancia al igual que Malta, El Salvador, Nicaragua, Chile y República Dominicana. Hay que recordar, sin embargo, que la prohibición estricta de la interrupción del embarazo no evita que las mujeres aborten; al contrario, las fuerza a recurrir al aborto clandestino en condiciones insalubres y poniendo en riesgo sus vidas. Según las estadísticas publicadas por el Instituto Guttmacher en 2016, hay una diferencia mínima entre el número de abortos practicados en los países en los que está permitido y aquellos practicados en los países que lo penalizan. Concretamente, en los países donde el aborto es ilegal –o permitido solo cuando existe peligro para la mujer– 37 de cada 1.000 mujeres han recurrido a esta práctica; por el contrario, solamente 34 de cada 1.000 lo han hecho en países en los que el aborto voluntario está legalizado, según datos de 2016 [6]. Un contraste tan insignificante se debe, por un lado, a la falta de acceso a los métodos anticonceptivos y, por otro, a un acceso restringido al aborto en práctica incluso cuando es legal.
Por ejemplo, Países Bajos, Francia, Inglaterra, Italia, España, Portugal, Sudáfrica, Colombia o Uruguay cuentan con leyes bastantes progresistas que autorizan el aborto voluntario, eso sí, con límites de gestación diferentes –hasta 24 semanas en Países Bajos, Inglaterra y Colombia, 14 semanas en España, 3 meses en Italia, 12 semanas en Francia y Uruguay–; en circunstancias excepcionales, estos límites pueden prolongarse. En Uruguay un aborto puede practicarse hasta la semana 14 si el embarazo resultó de un crimen sexual; en Sudáfrica se pueden alegar incluso razones socioeconómicas para practicar un aborto de excepción hasta la semana 20.
No obstante, en algunos de estos países el acceso al aborto no se garantiza en la práctica incluso cuando reúne las condiciones que figuran en la ley . Lo más habitual es que las creencias religiosas o morales de los médicos, que invocan la objeción de conciencia a favor del no nacido, prevalezcan sobre la salud de las mujeres y su derecho a tomar decisiones sobre sus propios cuerpos. En Italia el 70% de los médicos invocan la cláusula de objeción para evitar realizar abortos incluso cuando la salud de la mujer está en riesgo [7].
En otros países como Noruega o Suecia el aborto está permitido en todos los casos anteriores y también por razones socioeconómicas –como ocurre en Francia, Italia y Sudáfrica. En estos últimos países, sin embargo, el intervalo entre la ley y la práctica es mucho más prominente que en los países nórdicos. Además, las legislaciones noruega, sueca y finesa prohíben la objeción de conciencia cuya práctica puede acarrear el despido de los médicos objetores [8].
Las organizaciones feministas y de derechos de la mujer continúan su lucha para que los derechos reproductivos y sexuales sean reconocidos como derechos humanos a escala nacional e internacional. Para ello, siguen presionando a los gobiernos a fin de que se garantice el acceso a la educación sexual, la contracepción, el cuidado reproductivo y el aborto a todas las mujeres sin discriminación. Todos tenemos un papel que desempeñar en este cambio a favor de la salud de las mujeres, de nuestra autonomía y de nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos para que estos no se vean obstaculizados por ciertas creencias religiosas y desigualdades de género.
Notas:
[3] CLADEM (2016) Girls, Mothers. Child mothers. Pregnancy and forced child maternity in Latin America and the Caribbean, Centro de Derechos de Mujeres,
[5] International Journal of Gynaecology & Obstetrics (2016) ‘Reducing Maternal Mortality through the Prevention of Unsafe Abortion’, Vol. 134, 1, Ed: Anibal Faúndes, p.20
[6]
* Alba Ubieto Oliván es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas. En la actualidad cursa un Master en Estudios de Género en NUIG, Irlanda.
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