Por Andrés Molina
Congreso Nacional niega información sobre proyecto enviado por el ejecutivo
Autoridades del Congreso Nacional de la República, se negaron a dar información sobre un nuevo proyecto de ley sobre terrorismo enviado por el poder ejecutivo, en el que figura contenido como el incluido en la reforma del 335B que crea el delito de apología del terrorismo.
Periodistas del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), solicitaron dicha información referente a las reformas al actual Código Penal propuesto por el ejecutivo y ha sido negada.
El proyecto denominado “Ley para la Defensa Ciudadana contra Actos Terroristas”, fue solicitado a través del Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO), del cual no se obtuvo ninguna respuesta del Oficial de Acceso a la Información Pública del Poder Legislativo, abogado Rolando Arturo Raudales.
De acuerdo con una publicación de diario El Heraldo, la propuesta de ley fue enviada por el Presidente de la República el día 30 de marzo, unos días después de que el congreso nacional aprobara la modificación del artículo 335B del código penal que amenaza con llevar a los periodistas a la cárcel.
El principal poder del Estado se ha negado también a dar información, sobre la iniciativa de ley presentada por el presidente Mauricio Oliva, para supuestamente “elevar a rango estatal el canal de televisión de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras UNAH (Utv)”.
Según la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), en su artículo tres, todo ciudadano tiene derecho a solicitar y “acceder a la información generada, administrada o en poder de las instituciones obligadas previstas en la presente ley” que garantiza el Derecho de Acceso a la Información Pública.
La iniciativa enviada por el ejecutivo, ha sido identificada como una nueva amenaza a la libertad de expresión.
De acuerdo Ley de Transparencia, información pública es todo “documento, registro impreso, óptico o electrónico u otro que no haya sido previa mente clasificado como reservado que se encuentre en poder de las Instituciones Obligadas, y que pueda ser reproducida”. También incluye la Dicha información contenida en “los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, decretos, acuerdos, directrices, estadísticas, licencias de todo tipo, personalidades jurídicas, presupuestos, liquidaciones presupuestarias, financiamientos, donaciones, adquisiciones de bienes, suministros y servicios, y todo registro que documente el ejercicio de facultades, derechos y obligaciones de las Instituciones Obligadas sin importar su fuente o fecha de elaboración”.
Organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras han manifestado su “preocupación ante la aprobación de las reformas al código penal en Honduras las cuales pueden tener un impacto negativo en el ejercicio y goce legítimos de los garantías y derechos humanos fundamentales y la protección y la promoción de la libertad de expresión en el país”.
Diferentes organizaciones de periodistas y defensores de la libertad de expresión han expresado su rechazo a la reforma ya que según ellos pone a los periodistas y comunicadores sociales con un pie en la cárcel.
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