Por Sandra Rodríguez
El 24 de mayo se conoció el destino en los Tribunales de Sentencia de Choluteca, de tres defensores por el acceso a la tierra, acusados de usurpación, daños y amenazas en perjuicio de Jorge Luís Cassis Leiva.
Santos Hernández Ortiz, Santos Tomás Cruz y Abel Antonio Pérez Ávila, son los enjuiciados en la zona sur del país, desde que decidieron acondicionar temporalmente un predio sin uso, como estacionamiento para los veraneantes en la semana santa del año 2015.
Cassis Leiva, en su declaración ante el tribunal, el pasado 27 de marzo, expresó que los problemas iniciaron en ese año, cuando empezó a llegar gente a la comunidad de Playa Blanca donde él tiene terrenos que fueron heredados por sus padres. Los hechos fueron después del cierre de la playa La Guayaba Dorada, una de las más visitadas en el pacifico hondureño.
Cada delito tiene un tiempo diferente de penalización, por usurpación se establece de dos a cuatro años de cárcel, amenazas de 6 meses a 2 años y daños de tres a cinco años.
La notificación de parte de los jueces Carlos Gustavo Quiroz, Ana Julia Durón y Gustavo Escoto, citaron para el miércoles de la otra semana a la 1:30 pm a efecto de celebrar audiencia de individualización de pena en la sede del Tribunal de Sentencia de Choluteca.
Este proceso judicial inició hace dos años; las primeras audiencias fueron suspendidas en varias ocasiones por diferentes motivos, mientras cumplían medidas sustitutivas a la prisión de ir a firmar cada quince días al juzgado de Amapala, no salir del país, no acercarse a los predios en litigio ni al afectado.
Hoy, hace un año, Santos Hernández y Abel Pérez Ávila, fueron sentenciados a prisión, por el incumplimiento de las medidas, por motivos económicos no asistían regularmente a firmar el libro de registro en la Isla del Tigre, a la que sólo se llega vía marítima, y hubo testigos que afirmaron haber visto a los imputados en los predios en litigio.
Abel y Santos estuvieron más de cien días en la granja penal de Nacaome, departamento de Valle, al sur de Honduras. Ambos son padres de familia y sus hijos son menores de edad, por lo que organizaciones como el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA), además de darles acompañamiento legal, también brindaron asistencia social en sus hogares.
Cabe mencionar que ese terreno ha sido utilizado como camino de paso desde que la comunidad recuerda, además carros comerciales llegan a dejar producto, incluso los que reparten ayuda gubernamental.
La situación económica social de las familias en Playa Blanca es muy precaria, apenas hay fuentes de empleo. El papá y la mamá de Abel, se hicieron cargo de dos niñas y un niño, esperando el alimento diario que pueden obtener de sus gallinas. Mientras que la esposa e hijo de Santos, esperaban la asistencia en una casa con apenas una hamaca colgada, el fogón apagado y un muro construido por mandato del terrateniente que está casi al ras de sus paredes.
Parte de ese muro, fue -supuestamente- desarmado por Abel y Santos, según testigos presentados por la Fiscalía, ellos desbarataron el alambrado y algunas columnas durante una noche. Lo que es lamentable que sean los mismos vecinos se presten para esas acusaciones, ha manifestado Pedro Canales, presidente de la ADEPZA.
Por su parte Tomás Cruz, quien está muy afectado de salud, espera que se haga justicia, ha vivido por más de cinco décadas en la comunidad, no tiene a donde ir, pues ahí está su familia. Con mucho esfuerzo trabaja para su alimento diario, mientras cumple las medidas sustitutivas a la prisión, por formar parte de un proyecto de captación de fondos para la localidad, al habilitar un parqueo temporal, en un lugar cuya playa es un pedazo de paraíso tropical.
Para poder sobrevivir los habitantes de la Península de Zacate Grande se dedican a la pesca y al cultivo de maíz, sandía, entre otros, en una tierra que no es muy apta para la agricultura.
En la Península de Zacate Grande viven en zozobra unas 6 mil personas, debido a que familias de terratenientes como los Facussé, los Cassís y Malespín están empecinados en sacarlos de la zona, donde han vivido por más de 100 años, han denunciado líderes de ADEPZA.
Además de estos tres defensores de la tierra, actualmente hay 31 pescadores que pertenecen a la ADEPZA, que enfrentan procesos judiciales acusados también de usurpación de tierras y daños al medio ambiente en perjuicio de la familia Facussé.
Los habitantes de la Península de Zacate Grande tienen claro que la criminalización contra ellos es para despojarlos de los predios que ocupan desde hace muchos años, ya que el actual Gobierno de Juan Orlando Hernández pretende instalar en ese sector las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES), proyectos que violan la soberanía nacional, donde un Comité denominado de Buenas Prácticas, que gozará de total autonomía en relación a los poderes del Estado, tendrá amplios poderes y absoluta autoridad para definir las políticas económicas, laborales, culturales y sociales a seguir.
En varias ocasiones los pobladores de la Península de Zacate Grande se han tomado la carretera para expresar su desacuerdo por la instalación de ciudades modelo en la zona, la privatización de las playas que antes eran públicas, así como las concesiones otorgadas para las extracciones mineras, proyectos solares y eólicos y la concentración de licencias de exportación de camarón que están en poder de familias pudientes.
Por estas tomas de carretera también varios pobladores fueron enjuiciados, donde un juez les dictó medidas preventivas de estar yendo a firmar a los jugados todas la semanas, con el objetivo de amedrentarlos y que abandonaran la lucha que han emprendido desde hace años, pero esos procesos no los atemoriza y siguen a pie firme en la lucha por la defensa de su territorio.
En un informe dado a conocer el 31 de enero de este año por la organización internacional Global Witness, se señala que Honduras es el país más peligroso del mundo para los defensores de la tierra y el medio ambiente.
Durante la presentación del informe, Billy Kyte, jefe de campañas de Global Witness, sostuvo que “nuestra investigación demuestra que políticos y empresarios en Honduras están vinculados con una ola de violencia contra gente común que defiende sus casas y sus tierras de la imposición de proyectos mineros, hidroeléctricos y de agroindustrias”.
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